A más de 40 días de la última audiencia, por la feria judicial de enero, se reanuda este miércoles en Tribunales Federales el megajuicio que enfrenta el exjuez federal Walter Bento y otros 28 imputados, acusados de participar en una asociación ilícita que se valía del cobro de coimas a procesados a cambio de beneficios judiciales.
Si bien se esperaba que el exmagistrado, acusado de liderar la banda y actualmente detenido en la Cárcel Federal de Cacheuta, ampliara su declaración indagatoria en estas primeras jornadas, el Tribunal Oral Federal N° 2 integrado por las juezas Gretel Diamante, María Carolina Pereira y Eliana Ratta Rivas, decidió darle lugar a otros testigos que aguardaban declarar desde hace tiempo. Entonces la palabra de Bento se demorará para la próxima tanda de audiencias, que serán en la semana del 26 de febrero.
“La declaración será extensa y contestará preguntas”, había anticipado uno de sus abogados, Gustavo Gazali, mediante un escrito elevado a las juezas. Lo cual despertó expectativas, debido a que ya han desfilado una larga lista de testigos y la mayoría lo complicó con testimonios que ratificaron pagos de coimas, salvo los empleados del Poder Judicial que le respondían.
Quien abrirá la audiencia de este miércoles será el excomisario Gabriel Moschetti, porque no terminó de prestar indagatoria en diciembre, en su derecho a defensa. El exjefe de Narcocriminalidad del Valle de Uco se encuentra imputado como miembro de la asociación ilícita por ser considerado la “pata policial”, que presuntamente otorgaba información al despachante de aduanas asesinado Diego Aliaga sobre allanamientos que se iban a realizar y además tenía contactos con el narcofinancista Walter Bardinella Donoso.
El primero está sindicado como mano derecha de Bento y el segundo, apuntado como gestor de coimas, un escalón más abajo en la estructura delictiva. Sobre ambos sujetos, Moschetti aseguró que fueron sus propios informantes para la fuerza policial. Y en cuanto a Aliga en particular, dijo que lo conoció en “un asado”.
Luego del excomisario, el TOF N° 2 tiene programado reproducir la grabación del acuerdo de colaboración que alcanzó el abogado imputado Martín Ríos, uno de los integrantes secundarios de la banda, que declaró como arrepentido. Mientras que después se dará paso a los testigos y aquí se espera que el ambiente gane temperatura, con nuevos cruces entre la parte acusatoria y la defensa del juez destituido.
Declararán como testigos los informáticos Leonardo José Ríos y Leandro Suárez, quienes son peritos de parte que elaboraron informes que la defensa acompañó como prueba en el expediente sobre la duplicación de su SIM Card, informaron desde el seno del TOF N° 2 a este medio.
“Van a explicar las irregularidades de todo el procedimiento”, sostuvo por su lado un abogado defensor a Los Andes, al referirse a la investigación que se llevó adelante sobre la duplicación de la SIM Card del celular del exjuez Bento.
Mientras que la Fiscalía, por su lado, desacredita la calidad de “peritos” de estos testigos, porque aseguran que Bento, al negarse a entregar su celular y entorpecer la investigación sobre sus comunicaciones, no accedió a tal peritaje de parte y minimizan que a través de ese informe no podrán aportar más que una opinión sobre la clonación del chip. Maniobra a la que tuvo que atarse la policía para intentar acceder al teléfono y el propio exmagistrado realizó de forma clandestina, a su entender.
Las maniobras con el chip
La prueba telefónica contra Bento es uno de los aspectos centrales del juicio. Según la acusación, el juez tuvo nada menos que 265 contactos por la aplicación Telegram con Aliaga a lo largo de siete meses, lo que significó el lazo clave entre el “jefe” y el “mano derecha” de la banda.
Los fiscales entienden que Aliaga conectaba al juez con sus “clientes” y que las comunicaciones entre ambos se intensificaban cuando se estaba por concretar una maniobra de cohecho.
Pero para determinar las comunicaciones, la Justicia debió atravesar un camino engorroso porque el exmagistrado se negó a entregar su teléfono y debieron apelar a la duplicación de su chip, lo cual en definitiva entorpeció acceder al contenido de las charlas, porque Bento respondió de la misma forma y dejó sin efecto lo que hacían sus investigadores. Un tire y afloje constante.
El subcomisario Jesús Darío Cepeda, titular del Departamento de Asistencia Tecnológica de Apoyo Investigativo de la policía de Mendoza, fue quien supervisó la extracción de la SIM Card del teléfono de Bento y a su turno de declarar como testigo, explicó que se encontró con la duplicación de los chips de la línea Movistar y de esta manera se bloqueaba el acceso al contenido anterior.
“Al tener esa duplicación y darle activación, automáticamente queda sin servicio el sim card anterior, eso es lo que se nos iba produciendo, por eso fue tan costoso”, relató Cepeda en su alocución del pasado 22 de noviembre.
Es que el policía pedía la duplicación a Movistar, dejaba sin servicio el aparato de Bento y el ex juez iba a pedir otra duplicación y dejaba sin servicio el aparato usado por los peritos y detenía la obtención de la información. Según el relato de Cepeda, “obstaculizaba la investigación por completo... hasta quedó evidenciado la falta de cierta información que figuraba hasta como borrada”.
Durante el debate también declararon Roberto Vélez y Emilio Orellano, dos empleados de la empresa Movistar, que dieron cuenta de las maniobras desesperadas de Bento por bloquear el acceso a su teléfono. El destituido juez se amparaba en que era su línea personal, pero según los testigos, la misma compañía detectó que estaba a nombre del Poder Judicial.
Bento intentó cambiar reiteradas veces su chip cuando lo clonaba la Fiscalía para investigarlo, ya que se negaba a entregar su celular. Soló logró cambiar el chip una vez, aunque quiso deshacer el paso inmediatamente y no pudo. Luego el sistema de la empresa Movistar directamente le rechazó el procedimiento.
Ambos testigos habían declarado durante la instrucción y sus testimonios fueron incluidos en el requerimiento de elevación a juicio para argumentar que Bento intentó escapar del control de la fiscalía.
En el expediente, el fiscal general Dante Vega explica que “el Juez Federal Walter Bento no se limitó a abusar de las formas procesales y utilizar la estructura judicial para conspirar en contra de la presente causa, sino que tampoco entregó su teléfono celular a la autoridad pública que se lo requirió en oportunidad de registrar su domicilio de acuerdo a lo ordenado por V.S”.
“Tal como se dijo anteriormente, el aparato puede ser de propiedad del Juez, pero la línea es oficial ya que está provista por el Consejo de la Magistratura. Pero esto es indiferente a los fines de la comisión del delito ya que, como es lógico, el objeto de la orden judicial era el aparato”, asegura.
Y afirma que además el Juez Federal sumó una serie de actos a esta infracción. “A la omisión siguió el borrado de parte de su contenido y el intento de activar la línea en forma clandestina”. Por orden judicial, la División Delitos Tecnológicos de la Policía de Mendoza elaboró el Informe Tecnológico nro. 1973/21 (20 de mayo de 2021) en el que se “comprueban numerosos chats del Juez Bento con distintos interlocutores que fueron eliminados; otros que borró a medias mientras que eliminó decenas de contactos que tenía registrados”
“También se consignó en el Informe sus intentos de borrar su contenido, de mano propia o por interpósita persona luego de recuperada la tarjeta SIM Card y los intentos de activar el chip respectivo en forma clandestina”, manifiesta la parte acusatoria.
