El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, rompió el silencio y salió a responder con duras críticas a las acusaciones en su contra que hizo el presidente Alberto Fernández y que se transformaron en un proyecto de juicio político que el kirchnerismo impulsa contra el magistrado. “Hace tiempo soy blanco de una persistente campaña de desprestigio en distintas publicaciones y por parte de distintas personalidades. Me atribuyen falsamente inconductas, irregularidades y delitos de distinta naturaleza”, comienza la defensa del juez, publicada en Clarín.
El presidente de la Corte quedó en el centro de críticas oficialistas luego de que el máximo tribunal aceptara el per saltum y aceptara tomar el reclamo de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, desplazados de sus cargos por decisión del Senado que encabeza Cristina Fernández. Tras las críticas, apareció un pedido de juicio político presentado por la diputada del Frente de Todos, Vanesa Siley.
“Me han imputado ante el Juzgado Federal 4 tener nada menos que 71 cuentas en el exterior, todas a mi nombre, para cobrar sobornos en numerosos paraísos fiscales”, aseguró Rosenkrantz y agregó: “La imputación no solo es falsa, tal como lo manifesté en una presentación que hice en marzo de este año en dicho tribunal, sino completamente disparatada”.
El presidente de la Corte repasó que fue acusado antes en dos causas -una por el delito de prevaricato por haber firmado el fallo “Muiña” (en el que se discutía la aplicabilidad de la ley del “2x1”) y otra por ser partícipe durante el tiempo en que ejercía la profesión de abogado en la quiebra fraudulenta de una empresa que tenía una franquicia de una hamburguesería en Pinamar y Villa Gesell- y agregó que “ambas fueron desestimadas por el juez Rafecas”.
“Ahora una diputada oficialista presentó un pedido de juicio político en el que considera configurada la causal de mal desempeño que habilitaría la apertura del procedimiento en la Cámara de Diputados para investigar esos hechos y, en su caso, avanzar con mi destitución”, sostuvo. También aseguró: “Las acusaciones son completamente infundadas. No he incumplido deber funcional alguno”.
“La diputada considera que incurrí en la causal de mal desempeño prevista en el artículo 53 de la Constitución Nacional por haber suscripto mis votos en los casos ‘Muiña’ y ‘Batalla’ (2x1). Afirma que vulneré el bloque de constitucionalidad que obliga a perseguir y condenar delitos de lesa humanidad y también el consenso social. Sostiene que frustré ‘gravemente el ejercicio de los derechos y garantías de la Constitución al haber favorecido y muchas veces asegurado la impunidad de los responsables del terrorismo de Estado mediante sentencias contrarias al derecho vigente’. Dice que me conduje con ‘ostensible desprecio por la sensibilidad y consciencia ciudadana’ por haber mantenido mi postura sobre el 2x1 después de las protestas ciudadanas de 2017 y la sanción de la ley 27.362. También sostiene que demostré una ‘palmaria incomprensión del derecho normativo vigente’, porque mi voto en ‘Batalla’ no repara en que los delitos de lesa humanidad son inamnistiables o pasibles de indulto o conmutación de pena”, sigue Rosenkrantz.
Y agregó: “Es curioso que se me acuse ahora por la sentencia de ‘Muiña’, que fue dictada hace tres años y que también firmaron otros dos jueces. También es llamativo que se me acuse por no ceder frente a las protestas en las calles. En cualquier caso, lo cierto es que, contrariamente a lo que afirma la diputada denunciante, los lineamientos jurídicos defendidos en mis decisiones sobre el “2x1” encuentran su apoyo en la Constitución, en el derecho interamericano y el derecho internacional de los Derechos Humanos. Los argumentos -que están en los fallos- expresan mi convicción profunda de que la Constitución consagra garantías penales en favor de los acusados, incluyendo a aquellos que perpetraron los crímenes más horrendos en la historia de nuestro país”.
“Y quiero decir, en particular, que la acusación de que ‘no reparé’ en que los delitos de lesa humanidad no son pasibles de amnistía, indulto o conmutación de pena revela que la legisladora ni siquiera ha leído mi voto. Expliqué expresamente en los considerandos 20 y 21 de mi disidencia en ‘Batalla’ por qué el cómputo de pena discutido en ese caso, según lo veo, no es en absoluto asimilable a una amnistía, a un indulto o a una conmutación de pena”.
Rosenkrantz pasa entonces a su defensa sobre la supuesta demora en la resolución de la causa “Blaquier”, un expediente que está en trámite y en el que para la diputada Siley hay una “obstrucción flagrante de la labor jurisdiccional”, porque supuestamente el caso está hace mucho tiempo en su vocalía. “Además -dice- me cuestiona por ‘los vínculos explícitos con la poderosa familia Blaquier’, porque mi esposa integra el Consejo de Administración de la ONG Cimientos junto a un sobrino del acusado”.
“La información sobre el movimiento del expediente que inspiró esta acusación es totalmente errónea aunque, curiosamente, la información correcta está disponible en la web”, replica el presidente de la Corte.
“Tal como surge del Sistema de Gestión Judicial (LEX 100), el expediente ingresó a la Corte Suprema el 5 de junio de 2015, es decir, más de un año antes de mi incorporación como Ministro el 22 de agosto de 2016. Por otro lado, tuve la causa en estudio en dos oportunidades: del 2 de mayo de 2019 al 11 de julio de 2019 y luego entre el 5 de agosto de 2019 y el 15 de noviembre de 2019. Al devolver el expediente el 15 de noviembre de 2019 solicité a la Secretaría Judicial 3 que la causa siguiera su trámite. No volví a solicitarla y no hubo obstrucción de ningún tipo. De los 53 meses que transcurrieron con el legajo en la Corte, la causa solo estuvo en mi Vocalía menos del 10% del tiempo total”. Respecto a los supuestos “vínculos explícitos” con los Blaquier, Rosenkrantz lo califica como “completamente absurdo”.
Luego, el ministro busca refutar la acusación respecto a un “intencionado menosprecio por los derechos humanos”, que se manifestaría en el hecho de que la Comisión Interpoderes para la Coordinación y Agilización de Causas por Delitos de Lesa Humanidad nunca se reunió desde que asumí la presidencia de la Corte y que las decisiones de Rosenkrantz “estuvieron orientadas a cercenar las conquistas y las luchas que buscan reivindicar el movimiento de derechos humanos”.
“Nuevamente, la acusación es infundada”, insiste el jurista. “La legisladora no señaló ninguna decisión específica adoptada en mi carácter de Presidente que haya atentado contra los objetivos que señala”. Rosenkrantz recuerda que llegó a la Corte en agosto de 2016, la última reunión de la Comisión ocurrió en septiembre de 2016, y aunque fue electo presidente en septiembre de 2018, “como es sabido, el esquema decisorio colegiado que rige desde diciembre de 2018 impone que las decisiones administrativas y de superintendencia judicial se adoptan con la voluntad de al menos tres Ministros”. Para cerrar este tema, responde que la semana pasada se convocó a una reunión de la Comisión Interpoderes para este jueves 8 de octubre.
Para Rosenkrantz la acusación de Siley también “menciona imprecisamente presuntos conflictos de intereses que supuestamente me obligaban a excusarme en distintos casos”, pero contesta que “nunca intervine en una causa en la que tuviera obligación alguna de excusarme”.
Por último, el titular de la Corte se defiende de la acusación de la diputada K respecto a su intervención en el caso “Amelong"”, según la cual su postura priorizó indebidamente la situación de condenados por lesa humanidad porque durante la feria extraordinaria por la pandemia Rosenkrantz resolvió unipersonalmente como juez de feria que no correspondía habilitar la feria para tratar ese caso, pero habilitó que el Tribunal Oral Federal 1 de Rosario revisase si era procedente el otorgamiento de la prisión domiciliaria porque el peticionante era paciente de riesgo.
“En realidad, el 1 de abril de este año en la causa mencionada rechacé la habilitación de feria propuesta por el imputado, que cuestionaba la restricción de su libertad, por considerar que no había cumplido con la carga de demostrar la existencia de un gravamen irreparable para que prosperara la habilitación de feria”.
“En suma, las acusaciones son infundadas”, cierra Rosenkrantz su declaración. “Quiero subrayar, finalmente, que en su denuncia la legisladora evocó una cita de doctrina que afirma que “es un procedimiento político, con propósitos políticos, que está fundado en causas políticas, cuya consideración incumbe a un cuerpo político y subordinado a un juzgamiento político”. Según lo veo, la legisladora incurre en una equivocación fundamental: una cosa es el juicio político, que apunta a destituir a un juez por incumplimiento de sus deberes, y otra cosa es el juicio motivado por intereses políticos, sectoriales o de otro tipo. No he incumplido deber funcional alguno”.
