La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) desde hace ya algunos días está intimando a jueces y fiscales de todo el país a jubilarse en el caso de que hayan iniciado trámites para efectivizar su retiro. En el caso de Mendoza, el ministro de la Suprema Corte Pedro Llorente, de 79 años, recibió el emplazamiento del organismo que preside Fernanda Raverta a nivel nacional, aunque se cree que en el transcurso de los días otros magistrados también podrían recibir el mismo documento.
Esta acción, que ya despertó la polémica por parte del sector judicial y también de partidos de la oposición, abarca por el momento a más de 200 jueces y fiscales del país para que hagan efectiva su jubilación. Si siguen trabajando, se caerán los trámites realizados en Anses y deberán volver a hacerlo, con menores beneficios.
Mientras tanto, ya salió un comunicado por parte de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial, avalados por la Asociación de Magistrados de Mendoza, cuya presidenta es Silvina Furlotti, quienes expresaron su “honda preocupación”, y aseguraron que dichos actos “constituyen una clara afectación a la independencia judicial, desconociendo la garantía de la inamovilidad de los jueces establecida como base del sistema republicano”.
“La división de los poderes del Estado y la autonomía de los Poderes Judiciales provinciales son condiciones fundamentales en un régimen democrático para que la ciudadanía pueda confiar en que sus conflictos serán resueltos en el marco de un Estado de Derecho”, marcaron.
Mientras tanto, las intimaciones comenzaron a correr a partir de una resolución del organismo firmada hace una semana que establece que “en los trámites que se hubieran iniciado a magistrados, en el marco de las normas procedimentales antes vigentes, en los cuales se hubiera supeditado el pago del beneficio al cese, se emplazará al titular para que dentro del plazo de 30 días hábiles administrativos acompañe la presentación de la renuncia”.
La modificación de la ley
En abril del año pasado, el Gobierno promulgó la modificación de la ley que regula las jubilaciones de los jueces, fiscales y personal del servicio exterior, que elevó el aporte jubilatorio del 12 al 18 por ciento, y que cosechó la lógica resistencia de los afectados y los organismos que los representan.
La modificación, aprobada por las cámaras legislativas luego de un amplio debate, también incorporó que los afectados tendrían que completar los trámites jubilatorios a través de Anses y no del Consejo de la Magistratura, como se hacía hasta entonces.
El malestar de los funcionarios de la justicia llevó a que la Asociación de Magistrados y funcionarios de la Justicia Nacional (Amfjn) y la Asociación de Fiscales y funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (Affun), judicializara la decisión del Congreso y pidiera la inconstitucionalidad de las modificaciones, un expediente aún en trámite y que podría llegar a la Corte Suprema.
