El suspendido juez federal con competencia electoral, Walter Bento, recibió esta semana un duro revés por parte de la Justicia, particularmente la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, que confirmó al fiscal general Dante Vega para intervenir en el juicio oral en su contra, que arrancará en su audiencia preliminar el 26 de julio. No obstante, el magistrado se quejó por la medida aplicada por el Consejo de la Magistratura, en la cual dejó de percibir su salario desde este mes de julio, luego de haber sido suspendido mientras se prepara el juicio político, que se desarrollará durante el segundo semestre del año.
A través de su nuevo abogado, Mariano Fragueiro Frías (quien reemplazó a Mariano Cúneo Libarona), y tal como adelantó Los Andes este lunes, se presentó el documento al Tribunal de Enjuiciamiento así como también al secretario general del Consejo de la Magistratura, Mariano Pérez Roller, en la que se solicitó que “se deje sin efecto la decisión” por la que se privó a Bento, “de percibir la totalidad de su salario”.
No obstante, acto seguido agregaron que, en caso que no se dé lugar a la solicitud de restituirse su salario, realizarán presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y ante los Tribunales Internaciones de Derechos Humanos, “merced a la privación de garantías constitucionales y convencionales que implica”.
Según la formulación del letrado, Bento fue “sorpresivamente” sancionado con la quita de la totalidad de su sueldo de magistrado, “desconociendo” una decisión que calificaron de “manifiestamente inconstitucional”, sino que añadieron que fue dictada “sin haber dado la posibilidad de ejercer ningún tipo de defensa”. “Resulta violatoria del principio de inocencia, del debido proceso y del derecho de defensa en juicio”, expresaron.
“Pena anticipada”
Para la defensa de Bento, la sanción económica es una “pena anticipada” y que es “improcedente”. El fundamento principal apunta a que el Consejo de la Magistratura tenía tres opciones “excluyentes” y por ende “no concurrentes” sobre el pedido de Juicio Político hacia Bento: una era desestimar la denuncia; otra, aplicar una sanción disciplinaria; y la otra abrir el proceso de remoción ante el Jurado de Enjuiciamiento.
De esta manera, agregaron que a Bento le aplicaron de forma simultánea las dos últimas opciones. “Si se convalidara la sanción disciplinaria de carácter pecuniario que se ejecutó en este caso, se excluirían las restantes, por el principio de alternatividad. De adverso, si se mantuvieran las dos, nos encontraríamos en un caso de persecución múltiple”, añadió Fragueiro Frías.
Para el letrado, de esta manera, se tomó esta medida con “el sólo fin de abatirlo o sancionarlo”. Y marcó: “La sanción que vengo cuestionando, no surge de la parte dispositiva ni de los fundamentos de la Resolución 135/23. Tampoco parecería haber sido siquiera mencionada en la alocución del consejero -ahora acusador Miguel Alberto Piedecasas, en oportunidad de manifestarse en el marco del Plenario del Consejo de la Magistratura celebrado el 31 de mayo de 2023, ocasión en la que se resolvió votar por la apertura del proceso de remoción y la suspensión en el cargo de mi asistido”.
Además, consideró que “también agravia a mí asistido el modo en que se aplicó esa sanción, toda vez que la misma aparece desprovista -y aún se ignoran- los fundamentos o la forma legal adoptada para su irregular imposición”.
Respecto del carácter sancionatorio que reviste privarlo de la totalidad de sus haberes, sostuvo el abogado que “esa decisión no reviste carácter reparatorio sino que -claramente- retributivo, ya que importa provocarle una manifiesta afectación a su dignidad y a su patrimonio”. Y agregó: “el carácter punitivo de dicha decisión no se limita a la afectación a su patrimonio, sino que se extiende y afecta -inexorablemente- también a los derechos de toda su familia”.
Bento y su “imposibilidad de solventar” a su familia
En ese sentido, en su documento dirigido a Pérez Roller, Bento hizo referencia su familia, que también tiene a varios de sus miembros imputados en la misma causa, pero además mencionó que la situación se agrava debido a que uno de sus hijos padece una grave enfermedad.
Con respecto al resto de su familia, el propio magistrado suspendido detalló que su esposa, Marta Isabel Boiza, quien se desempeñaba como Prosecretaría del Juzgado Federal N° 3 de Mendoza, también se encuentra suspendida en sus funciones desde el 31 de agosto del 2021 (con motivo del dictado del procesamiento en su contra), por lo que no percibe desde esa fecha remuneración mensual alguna.
Además sumó que el 23 de noviembre del 2022, la Cámara Federal de Mendoza dispuso “arbitraria e infundadamente” aplicarle a su hijo Nahuel Bento, “la sanción de cesantía”, tal como mencionó Los Andes.
Por último, agregó que su otro hijo, Luciano Ezequiel Bento, también abogado, que se desempeñaba en el cargo de Jefe de Despacho en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 1 de Mendoza desde el año 2016, “fue sorpresivamente reemplazado por otra persona, a través de la Acordada 13/22, por lo que a la fecha también carece de trabajo, ingresos y obra social”.
“Esta sanción -sin alternativa-, colisiona con el principio de intangibilidad de las remuneraciones de los Magistrados, que es un derecho que establece la Constitución mientras dure su buena conducta, extremo que justamente será el Jurado de Enjuiciamiento y Remoción de Magistrados quien deberá determinar. Por otra parte e independientemente de los derechos y garantías que me asisten, me refiero al principio de inocencia y al debido proceso, constitucional y convencionalmente reconocidos, lo cierto es que en este escenario: me resulta materialmente imposible solventar los gastos mínimos de manutención de mi familia”, finalizó el propio Bento.