El proyecto de “Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos de la Zona Metropolitana” (GIRSU) es una de las materias pendientes de la gestión radical que encaró el ex gobernador Alfredo Cornejo y que continúa al actual mandatario, Rodolfo Suárez.
La iniciativa cuenta con la “no objeción” por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero los traspiés legislativos y el cambio de color político en el Gobierno Nacional complicaron su ejecución.
En sus inicios, la intención era financiar dos obras para el tratamiento de residuos por U$S 25 millones: una ubicada en el Gran Mendoza y la otra en el Valle de Uco.
Para que los fondos llegaran, era necesaria la autorización de la Legislatura provincial y por ende la voluntad del peronismo que debía aportar votos, cosa que no sucedió.
Pero hoy el problema no es la falta de autorización para el endeudamiento: el anhelo del Gobierno provincial depende de decisiones nacionales, más específicamente, de lo que disponga el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié.
“Hoy la Provincia cuenta con la autorización legislativa para la toma de deuda, por lo que estaríamos en condiciones para poder encarar esa obra si tenemos el acuerdo con el Gobierno Nacional”, explicó al respecto esta semana Mario Isgró, ministro de Planificación e Infraestructura Pública del Gobierno provincial.
La autorización legislativa para que la Provincia se endeude para hacer obras en realidad se obtuvo a finales del 2020, cuando se aprobó el Presupuesto 2021 con una partida de 160 millones de dólares para inversiones. Sin embargo, las condiciones macroeconómicas no convencen al Ejecutivo para endeudarse para ningún proyecto.
No obstante, y luego de la inauguración del Polo Judicial el martes pasado, Isgró fue consultado por las obras pendientes que tiene la Provincia y, a pesar de todo, se mostró entusiasmado sobre la concreción del GIRSU como un proyecto “que ha estado en cartera durante algunos años”.
Por eso consideró que “si Nación nos autorizara, sería una de las primeras obras que pondríamos en marcha”.
De esta manera, el ministro le dio un renovado impulso a un anhelo que todavía no puede hacer realidad el Gobierno provincial, como es la solución a la problemática de tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos de la Zona Metropolitana de Mendoza.
Los Andes consultó a fuentes oficialistas y opositoras para saber si la obra para el Gran Mendoza figura en el Presupuesto nacional 2021, pero nadie dio precisiones.
Las obras y los traspiés
Los ejes del proyecto giraban en torno a la incorporación de infraestructura para el Centro Ambiental El Borbollón, de Las Heras. De esta manera, ese centro contaría con relleno sanitario, planta de separación y planta de compostaje.
En tanto, a la Planta de Separación de Residuos de Maipú se sumaba una estación de transferencia y nueva tecnología, para permitir la gestión de los residuos de este departamento y de Luján de Cuyo.
Dentro de este paquete se incluía al Consorcio Público de Gestión Intermunicipal de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de la Zona Centro (COINCE), ubicado en Cápiz (San Carlos) que iba a mejorar los sistemas de transporte de los residuos desde las localidades hasta el centro de disposición regional.
Así, el financiamiento del programa se dividía en dos: U$S 20 millones para el proyecto que beneficiará a los 7 municipios del Área Metropolitana de Mendoza y U$S 5 millones para el consorcio de los tres municipios del Valle de Uco (COINCE).
A las fuertes discusiones con el peronismo por la obra y el financiamiento, se sumó a partir de 2019 el criterio que bajaba de la Nación. Alberto Fernández decidió tomar los créditos a cuenta de la Nación para que las provincias no se siguieran endeudando. Por eso es Cabanbié quien tiene en su escritorio la llave respecto del GIRSU, que sigue siendo una pretensión de las autoridades locales.
