El Gobierno Provincial encara una solución a un problema que afecta a prácticamente todos los sectores de la construcción: la burocracia estatal que hay en los 18 departamentos a la hora de llevar adelante cualquier tipo de edificación, sea una vivienda, una ampliación o incluso una torre de departamentos. Para eso convocó a los representantes de los municipios y de los colegios profesionales del rubro para avanzar en un proyecto de ley de unificación de criterios en los códigos de edificación, sobre todo en las metodologías de presentación de la documentación técnica en los municipios.
El problema data desde hace años, y hasta ahora no se había pensado en la solución ante las quejas permanentes de arquitectos, agrimensores, técnicos, ingenieros, maestros mayores de obra y desarrolladores, entre otros. Es que cada una de las comunas tiene un sistema diferente (digital o con expediente papel), tanto en los criterios, como en las metodologías de presentación y seguimiento de las obras privadas, lo que afecta con un menor ritmo de obra y hasta caída de proyectos, lo que preocupa al ministerio de Infraestructura.
El ministro de Infraestructura, Mario Isgró, se reunió la semana pasada con los 18 secretarios de obra municipales y también con los principales dirigentes de los colegios de Arquitectos, Ingenieros, Técnicos de la Construcción y Agrimensura. Todos coincidieron en la necesidad de plantear un proyecto de ley que contenga una sola vía y metodología de presentación de proyectos.
Por dar ejemplos, municipios como Godoy Cruz, Maipú o la Capital (entre otros), tienen sistemas digitales, mientras que otros departamentos persisten con los expedientes papel. Pero eso no es todo, ya que cada uno de ellos tiene diferentes criterios en la presentación de los documentos, lo que genera problema a los que deben lidiar con los expedientes.
Lo cierto es que hay malestar en el sector que trabaja en la construcción, y lo refleja una encuesta que realizó el Colegio de Arquitectos a 320 de sus afiliados, donde se marcan las “múltiples las quejas y reclamos por parte de los profesionales, sobre los obstáculos administrativos que en forma constante retrasan el proceso de aprobación y trámite de las gestiones de expedientes y en el desarrollo de las obras”.
De hecho, el 80,7% de los consultados dijo que la atención presencial es entre “mala” (33,9%) y “regular” (46,8%); y el 72,7% dijo lo mismo de los sistemas digitales de atención (28,1% contestó que es malo y el 44,6% regular). También el 37,9% dijo que su trámite es tiene un tiempo de demora mayor a los 6 meses.
En diálogo con Los Andes, el Ministro destacó que el Gobierno pone en foco potenciar la actividad de la construcción y por ende generar más empleo, por lo que el objetivo principal es presentar en los primeros meses del 2022 un proyecto, en consenso con todos los actores, para que haya un sistema único con las mismas reglas para todos.
“Es importante que un desarrollador o una familia que quiera construir en Mendoza pueda conocer cómo funciona el sistema y que sea el mismo para todos. Va a dar más previsibilidad y generará más agilidad en la construcción. Es lo que necesitamos”, agregó.
También consideró que los trámites se demoran “porque hay una metodología de revisión que data de la década del ‘30, (Ley Orgánica de Municipalidades) el cual tiene un sistema antiguo y que no da amparos a los municipios, no es que se trabaje mal desde las comunas. La idea es modernizar el sistema, dar amparos legales y hacer más ágil la revisión de los planos y expedientes”.
Esto no quiere decir que cambie la arquitectura o la “cosa urbana” de cada municipio. “Todos seguirán teniendo sus autonomías, eso no se toca. El indicador urbanístico será planificado por la propia comuna”, marcó Isgró, haciendo referencia a que se pueda mantener la arquitectura de cada zona.
Más burocracia, menos trabajo, menos inversión
El complejo sistema tal cual está afecta en varias escalas. En primer lugar, en el tema de tiempos, ya que hay proyectos edilicios cuyas documentaciones y trámites municipales pueden alcanzar tranquilamente entre 6 meses y un año –o más -, y se espera con una nueva ley bajar esta espera a 2 o 3 meses como máximo.
Eso afecta principalmente al ritmo de la obra pública privada, ya que sin la aprobación de los proyectos en el municipio donde se realice la obra, la misma no puede empezar. Sin el trámite finalizado, consecuentemente hay paralización al menos de ese proyecto, y por ende hay menos trabajo activo de los trabajadores de la construcción.
Pero también los titulares de los colegios sostienen que “se espanta” al desarrollador, ya que “nadie quiere perder tiempo”, pero también afecta la devaluación constante en el país.
“Un privado puede pensar en invertir equis cantidad de dinero en la construcción, pero ese número lógicamente cambia si estamos un año lidiando con esta situación”, declaró Claudio Dagne, presidente del Colegio de Técnicos de la Construcción e Industria.
No obstante, marcó que no se trata de apuntar contra los municipios, sino de encontrar un sistema más “amigable” que fomente las inversiones, teniendo en cuenta que “al generar certezas se generarán más beneficios”.
Y expresó: “Hay casos en los que el responsable es el matriculado que representa al privado, que al no resolver las observaciones que puedan marcar desde los municipios, se termina perdiendo más tiempo”.
Otro punto a tener en cuenta es que se irá contra las construcciones clandestinas, que son las que se realizan de forma “espontánea”, sin legalizar el trámite en el municipio. “Si ofrecemos un mejor sistema, seguramente mejorará esta situación, porque en muchos casos se da que, para no perder tiempo, se avanza en una construcción o ampliación de una casa y luego se informa al municipio. El tema es que hay casos en los que esas construcciones no cumplen con las normativas de construcción, lo que hace perder dinero al privado que invierte”, acotó Isgró.
Por otro lado, Hugo Ponce, titular del colegio de Arquitectos, se mostró también a favor de la iniciativa y sostuvo que es una reforma que se busca desde hace mucho tiempo. De igual manera avanzó con la posibilidad de “alivianar las aprobaciones de los visados de planos también en los colegios. Queremos colaborar para que los profesionales tengan tiempos prudenciales y que los inversores no abandonen proyectos”.
Solución integral y digitalización
Los Andes dialogó también con los secretarios de Obras Diego Coronel (Godoy Cruz) y Eduardo Mezzabotta (Maipú), quienes coincidieron en la posibilidad de aunar criterios y también en avanzar sobre las plataformas digitales –como ya trabajan allí- para agilizar los trámites.
Coronel afirmó que se debe “seguir en la línea de la digitalización, con controles transparentes y al que se pueda ver desde el empresario como también la auditoría”, y acotó de igual manera que se debe, por otro lado “respetar la autonomía municipal sobre el código de edificación”.
También consideró que mejorar este sistema “disipará las construcciones clandestinas. Tenemos que ofrecer un sistema en el cual sea más fácil arrancar ‘en blanco’, que luego salir a hacer el alta tras haber construido”.
En tanto, Mezzabotta dijo que están dispuestos a tratar de “encontrar parámetros entre todos los municipios, con normativas únicas y cuyas condiciones estén estandarizadas. Sería un salto cualitativo”.
Pero además, añadió que muchas veces se les echa la culpa a los municipios, que son los que ejercen los controles, cuando “en muchos casos los profesionales no tienen los mismos criterios de desarrollos que los que exige la ley, lo que hace que se tripliquen los tiempos”.
