Preso de sus propios errores no forzados, el gobierno de Javier Milei volvió a chocar contra su realidad de minoría parlamentaria. Casi sin tiempo para saborear el triunfo en la Cámara de Diputados, el oficialismo tuvo que barajar y dar de nuevo en una “ley bases” que corre riesgo de ser desguazada por la oposición en el Senado.
Tras una semana negra para La Libertad Avanza que terminó por estropear el Pacto de Mayo, el debate en comisiones se reanudará el martes y la Casa Rosada ya trabaja en los numerosos cambios pedidos por la UCR y senadores de extracción provincial, pero todos siguen a la espera de respuestas concretas y el dictamen aún parece lejano.
Desde que el proyecto llegó a la Cámara alta no paró de recibir cuestionamientos de forma y de fondo, tanto de senadores opositores como de los numerosos invitados al plenario de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto, en jornadas que se extendieron por hasta doce horas en el Salón Azul.
Mientras en los medios de comunicación el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el jefe de la bancada libertaria, Ezequiel Atauche, inyectaban optimismo sobre la posibilidad de dictaminar esta semana, en los gélidos pasillos de la Cámara alta las reacciones de los senadores dialoguistas eran una mezcla de fastidio, preocupación y desconcierto.
Las escenas fueron casi una réplica de la primera edición del debate en Diputados: legisladores dispuestos a “mejorar” el proyecto que no encontraban interlocutores claros para sus demandas ni recibían llamados oficiales para intentar un acercamiento. El radicalismo, que aportará sus 13 votos a favor en general, apenas llegó a intercambiar algunos borradores con el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, el encargado del trabajo técnico de la ley.
Las quejas por la falta de diálogo llegaron a oídos de Omar De Marchi, el secretario de Relaciones Parlamentarias, de parte del titular de la UCR, Martín Lousteau, en un momento de la sesión informativa que protagonizó Nicolás Posse el miércoles. Al día siguiente entró en escena la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien se sumó por fin a las negociaciones.
“La ley estaba muy empantanada en términos técnicos y políticos. Habían puesto plazos imposibles de cumplir y fue un error correr a Villarruel. Ahora el Gobierno se dio cuenta de la necesidad de que tenga un rol más protagónico y eso descomprimió la situación”, analizó un senador del radicalismo ante este medio.
Apenas recibió la venia oficial, Villarruel activó los primeros contactos. Por el despacho de la titular del Senado ya pasaron los senadores Lousteau y Maximiliano Abad (titular de la UCR bonaerense) y el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, quien fue acompañado por una de las dos senadoras que le responden, Edith Terenzi. Para la semana próxima se esperan más reuniones.
Mientras tanto, en Diputados reina una tensa calma a la espera del resultado en el Senado. El oficialismo tiene el compromiso de sus aliados de no dilatar la discusión, pero todavía no hay movimientos ni mucho menos fechas estimadas. La Cámara baja tiene dos opciones: avalar los cambios o insistir en la versión original. Puede hacerlo tanto a nivel general como en cada capítulo por separado.
Los cambios
Para llegar sin sobresaltos a la sesión, La Libertad Avanza tiene la misión de acordar la mayor cantidad de puntos posibles en el dictamen de comisiones. De lo contrario podrían caer artículos en el recinto, donde a Unión por la Patria, que tiene 33 miembros, le alcanza con sumar solo cuatro votos más para rechazar cualquier cosa que se someta a votación.
El peor escenario para el oficialismo sería que algún capítulo resulte rechazado por dos tercios de los votos, porque se necesitaría la misma mayoría en Diputados para revertir los cambios, y hoy nadie reúne ese número. En el plenario, Lousteau dejó explícito que no tiene problemas en votar con el kirchnerismo para blindar de esa manera algunos artículos, pero en su bloque no todos comparten esa visión.
La reposición del impuesto a las Ganancias dentro del paquete fiscal es, hasta ahora, una moneda en el aire: nadie sabe a ciencia cierta qué puede suceder en el recinto. El Gobierno, según trascendió, estudia la posibilidad de subir el mínimo no imponible un 22% solo para los trabajadores patagónicos con el fin de conseguir votos de senadores de esa región, que son los que traban la medida.
En el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones), el Gobierno aceptaría darle juego a las pymes locales como proveedoras de insumos, pero no modificaría el piso de 200 millones de dólares para ingresar al programa, que excluye inversiones de menor tamaño. También clarificarían la redacción para que no entre en colisión con regulaciones provinciales.
Otros puntos en rojo son el blanqueo de capitales (Lousteau lo calificó como “excesivamente generoso” por los beneficios que contempla y la posibilidad del ingreso de hermanos de funcionarios) y las privatizaciones de empresas públicas, en particular las de Aerolíneas Argentinas y el Correo Argentino, clave para la conectividad de todas las provincias.
