El Gobierno provincial confirmó que corregirá por ley un coeficiente del régimen de coparticipación municipal con el objetivo de mitigar el impacto del Censo nacional 2022 en la distribución de fondos entre los departamentos. En este sentido, el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, ratificó que las comunas con menor variación poblacional entre 2010 y 2022 serán las más favorecidas por el cambio, y por ende, las que más vecinos sumaron en ese periodo, las menos beneficiadas.
En consecuencia, es un hecho que la modificación del coeficiente de equilibrio de desarrollo regional, idea que ha generado una fuerte polémica entre los intendentes en los últimos meses, aportará más fondos para Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén y San Rafael, en detrimento de Luján y Maipú.
El efecto será inverso al del censo, que había favorecido con más dinero particularmente a Luján y Maipú, ya que el 65% de la coparticipación municipal se rige por la población de cada distrito.
Fayad presentó el proyecto en la Legislatura en el marco de una amplia reforma fiscal. Consideró en este sentido que el cambio del coeficiente, que fija el reparto del 10% de los fondos coparticipables y que hace 28 años no se modifica, era el aspecto “más relevante” del proyecto oficial. “Corresponde mitigar los efectos de los cambios demográficos que han tenido los municipios entre censo y censo”, expresó. Y agregó: “No han habido cambios demográficos tan importantes como los que hubo entre 2010 y 2022″.
El ministro de Hacienda sostuvo también que hay municipios que han crecido “muy por encima del promedio” y otros por debajo. Y precisó que la modificación del coeficiente será “exactamente proporcional” a esos cambios en la población verificados por censo.
“Para evitar suspicacias, esto es exactamente proporcional a la diferencia entre el Censo 2022 y el Censo 2010 proyectado. A aquellos municipios que crecieron menos en relación al promedio, el coeficiente les ajusta una parte para que su coparticipación no caiga tanto, y a aquellos municipios que crecieron más que el promedio, el coeficiente les ajusta una parte para que su coparticipación no crezca tanto”, explicó el funcionario. Y completó: “Van a seguir creciendo los que crecieron y van a seguir cayendo los que cayeron”.
También sostuvo Fayad que para la gran mayoría de los municipios, que son los que tuvieron un crecimiento promedio en población, el cambio será “imperceptible”.
QUÉ SE MODIFICA
La modificación dispuesta por el Poder Ejecutivo y que deberá ser aprobada por la Legislatura afecta una parte del 18,8% de recursos provenientes de los impuestos provinciales y nacionales. O sea, lo que los municipios se reparten entre sí desde hace varios años. El resto del dinero lo maneja el Poder Ejecutivo.
Los nuevos índices para el coeficiente de equilibrio aparecen en el artículo 23 del proyecto. Godoy Cruz queda ratificado allí como el departamento que mayor parte obtiene, con 2,728 puntos. Hasta ahora recibía 2,257 puntos. Esto debido a que el Censo 2022 determinó que había variado poco su población.
Luján, en cambio, pasa de un coeficiente de 0,402 puntos a -0,247. Es, en consecuencia, uno de los que más pierde. En contraste, el Censo 2022 había establecido que era el departamento que en general más recursos sumaba debido al aumento de su población.
El ministro de Hacienda confirmó que Godoy Cruz liderará la modificación del coeficiente y la defendió: “Godoy Cruz es el (departamento) que menos creció entre el Censo de 2010 proyectado y el de 2022″, confirmó.
En cuanto a Luján, Fayad ratificó que fue el departamento “que más creció”, por lo cual es el que “mayor ajuste tiene en el coeficiente”. “Como Maipú, Junín y San Martín, que son municipios que crecieron en población y por lo tanto van a tener mitigado ese crecimiento a través de este coeficiente”, agregó.
La modificación ha generado un duelo entre el intendente opositor de Luján, Esteban Allasino, y su par radical de Godoy Cruz, Diego Costarelli.
“Se discute en este momento esta cuestión marginal, y más en el largo plazo nos merecemos una discusión más profunda de la manera en que se reparten los recursos entre los municipios, que data de hace mucho tiempo”, cerró el ministro de Hacienda sobre la pelea por los fondos entre los intendentes.
HABRÁ “DIÁLOGO” CON CAPITAL
Fayad confirmó, por otra parte, que “no está incluido en este proyecto” el reclamo de Capital, que viene dando pelea para actualizar un fondo compensador que recibe Capital.
El fondo compensador era de 4 millones de pesos/dólares en 1996, cuando fue creado, y fue retocado en 2008 y 2010, llevándolo a 9 y 13 millones de pesos al año, respectivamente. Nunca más se actualizó desde entonces.
Representaba allá lejos el 2,5% de la masa coparticipable total, pero Capital dice que ahora equivale a apenas el 0,004%. Para graficar la diferencia, la primera cuota del año para Capital fue de 1 millón de pesos, pero Suárez dice que debería haber recibido nada menos que 600 millones.
La particularidad del reclamo de Capital es que no afecta la torta de recursos que los municipios se distribuyen entre sí, sino que es un reclamo que debería costear la Provincia, metiendo mano al 81,2% de los fondos que le toca administrar.
Aunque el gobernador Alfredo Cornejo considera que los municipios están “muy bien financiados” porque reciben mejores porcentajes en algunos impuestos, como es el caso del Automotor (70%), Fayad adelantó que habrá diálogo con el intendente radical Ulpiano Suárez. “La Municipalidad de Capital ha hecho su reclamo administrativo y el gobernador nos ha solicitado iniciar una mesa de diálogo para atender esta situación”, afirmó, y agregó: “tenemos previsto reunirnos con los funcionarios de Hacienda del municipio durante la semana que viene para iniciar el análisis de este tema”
Suárez presentó ante el Ejecutivo un “pronto despacho” el 7 de marzo y le ha dado tiempo al Gobierno hasta el 6 de mayo, cuando se cumplen los 60 días del planteo, para acordar una actualización. En caso de no ocurrir esto, judicializará el reclamo con una demanda ante la Corte.
LOS OTROS CAMBIOS
El proyecto presentado por el Gobierno provincial tiene 26 artículos. Se denomina “ley de equilibrio y manejo eficiente de los recursos y activos del Estado” y abarca muchos aspectos.
Entre los objetivos de la propuesta legislativa figuran la “enajenación” del canal de TV oficial Acequia y la posibilidad de vender parte de la cartera de créditos del Instituto Provincial de la Vivienda (ver aparte). Pero además tiene otros elementos.
Uno de ellos es la modificación del estatuto del empleado público para que la presentación de falsos certificados médicos sea causal de cesantía. También limita el acceso a las licencias sin goce de haberes y plantea cambios para que las indemnizaciones por “incapacidad absoluta” se asimilen a las del sector privado.
Otro aspecto que pretende restringir en el Estado es el de los “organismos colegiados” sin actividad frecuente, por los cuales hay empleados que reciben remuneraciones. Son unos 350 en total, según el Gobierno. “No corresponde abonar por una tarea que no sea hace”, sostuvo Fayad e indicó que el proyecto dice que esos organismos tienen que “demostrar que estén en funcionamiento”.
En cuanto al manejo de activos, el Ejecutivo propone también ampliar las funciones del Fondo de Infraestructura provincial y del EPRE. También buscará privatizar la Caja de Seguro Mutual de los empleados públicos y que la Dirección de administración de los ex bancos oficiales (DAABO) amplíe su objeto para “darle un manejo eficiente a inmuebles no utilizados”, sostuvo Fayad.
