El Olivos-Gate continúa en el limbo judicial, a la espera de que se defina cuál será el juzgado que deberá llevar adelante la investigación cuyos principales protagonistas son el presidente Alberto Fernández y a su pareja Fabiola Yáñez. Y el Gobierno aprovechó el impasse para rechazar la posibilidad de que el expediente termine en manos de la magistrada Sandra Arroyo Salgado porque “no es lo más adecuado si lo que se espera es un fallo imparcial”.
Fue el viceministro de Justicia Juan Martín Mena quien puso en duda la idoneidad de la integrante del juzgado de San Isidro y viuda de Alberto Nisman, quien apareció muerto en su departamento de Puerto Madero el 18 de enero de 2015. “Con nuestro espacio político no garantiza ningún tipo de objetividad ni imparcialidad porque eso lo ha demostrado su propia conducta en los últimos años”, dijo el funcionario.
Mena se pronunció sobre una situación aún irresuelta, porque no se determinó en dónde quedará el expediente. Por lo pronto, el juez federal Sebastián Casanello declaró la “incompetencia” de su juzgado “en razón del territorio” para avanzar con la investigación en la que se deberá determinar si el Presidente y personas de su entorno íntimo violaron en julio del año pasado las restricciones sanitarias contra el coronavirus vigentes al participar de una cena en la Quinta de Olivos para celebrar el cumpleaños de Yáñez.
Por una cuestión de jurisdicción, Casanello envió la causa a los tribunales federales de San Isidro, donde podría quedar en manos del Lino Mirabelli o de Arroyo Salgado, quien ya tramita una denuncia por los mismos hechos. “La verdad no corresponde el cambio de jurisdicción por varios motivos, pero el primero es por una cuestión que el Código Procesal y la ley procesal marca muy claramente, que es una cuestión de garantizar justicia”, opinó Mena.
En declaraciones que realizó a Radio 10, el viceministro de Justicia de la Nación agregó que “cuando hay conexión entre dos jurisdicciones, históricamente y legalmente se resuelve por la jurisdicción que previno, la que avanzó más en la investigación al solo efecto de no obstaculizar la causa”.
Pero Mena se tomó la atribución de ir más allá con sus comentarios y de poner en tela de juicio a la viuda de Nisman. “Nadie puede hacerse el sonso con eso, creo que para todos es conocido que con nuestro espacio político, mas allá de las personas que puedan ser investigadas en esta causa, con nuestro espacio político no garantiza ningún tipo de objetividad ni imparcialidad porque eso lo ha demostrado su propia conducta en los últimos años”. planteó.
Arroyo Salgado no es de fiar para el Gobierno, fundamentalmente, porque se convirtió en la cabeza de las multitudinarias marchas para denunciar que Nisman no se suicidó sino que lo mataron tras haber denunciado a la entonces presidenta Cristina Kirchner por tratar de encubrir a los iraníes acusados por el atentado terrorista contra la AMIA mediante la firma del memorándum con ese país.
La viuda de Nisman ya blanqueó su interés por ponerse al frente del Olivos-Gate, que impactó de manera muy negativa en la imagen del presidente Fernández. Incluso la vicepresidenta Cristina Kirchner le reclamó que “ponga orden”. La semana pasada la jueza de San Isidro le solicitó al juez Casanello, a través del fiscal Ramiro González, que “arbitre los medios necesarios” para que ella pueda acceder al expediente de manera digital. Antes de ese pedido, Arroyo Salgado impulsó un planteo similar a través del fiscal de San Isidro Federico Iuspa.
“Hay elementos absolutamente para que esté en cualquiera de las jurisdicciones”, reconoció Mena cuando le consultaron si la causa podría seguir en Comodoro Py o quedar en San Isidro. Más allá de eso, el viceministro de Justicia dejó en claro que en el gobierno desconfían del rumbo que, eventualmente, Arroyo Salgado podría darle al caso.
Al respecto, el funcionario volvió a señalar que el expediente no debería terminar en la oficina de la viuda de Nisman. “En términos de una causa con la dimensión política que se le ha pretendido dar, me parece que no es lo más adecuado si lo que se espera es un fallo imparcial o una investigación”.
Seguido, dijo que las de Arroyo Salgado son “posiciones muy públicas, muy explicitadas que además rozan mucho la cuestión personal”.
Los dilemas sobre el futuro del Olivos-Gate se instalaron días después de que se formalizará la imputación contra el presidente Fernández, la primera dama y otras 8 personas “por haber participado del encuentro social que habría tenido lugar el 14 de julio de 2020 en la residencia presidencial de Olivos, en aparente infracción a las normas dispuestas en el marco de la declaración de pandemia de la Organización Mundial de la Salud y la Emergencia Sanitaria declarada por el Decreto N°260/20″.
