El presidente Alberto Fernández enviará antes de fin de mes al Congreso el proyecto de ley para la legalización del aborto, con la idea de que sea sancionado este año en sesiones extraordinarias y cuya reglamentación estaría lista para mediados del 2021.
El proyecto está en poder de la autora de la iniciativa, la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra. Y será Fernández el que pondrá día y horario para el envío al Congreso. Recién allí se conocerá el articulado.
Ibarra avisó ayer: “No hay sorpresas en el proyecto, se recogen los consensos básicos sobre el tema”. Por lo que pudo recoger La Voz de fuentes oficiales, la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo será hasta la semana 14, por sugerencia del ministerio de Salud.
El Gobierno no solo buscará que se deje de penalizar la práctica, sino que el Estado se haga cargo a través de los hospitales públicos. La cobertura completa de la intervención y el seguimiento posterior de la paciente serán incluidos en el Programa Médico Obligatorio (PMO).
Y deberán incorporar la cobertura integral de la interrupción del embarazo las obras sociales, las entidades y agentes de la medicina prepaga, y el resto de los agentes y organizaciones que brinden servicios médico-asistenciales a afiliadas o beneficiarios.
Según las fuentes oficiales consultadas, la iniciativa también incorporaría la objeción de conciencia de los médicos pero no de las instituciones, por lo que todos los efectores de salud deberán prestar la cobertura.
Restan saber detalles importantes, como por ejemplo, qué ocurrirá en los casos de las mujeres menores de 18 años. La iniciativa que tuvo solo media sanción de Diputados en 2018 disponía que aquellas de entre 13 y 16 años debían estar acompañadas por un tutor.
Este proyecto fue terminado en julio. Pero, según dijo la secretaria de Legal y Técnica, fue demorado porque el sistema sanitario y la administración de gobierno estaban enfocados en la pandemia de Covid-19.
En ese contexto, en el Gobierno estiman que si se sanciona en diciembre, la implementación arrancaría hacia mediados de 2021 porque deberá reglamentarse en un escenario de incertidumbres dadas por el comportamiento del Covid-19.
40.000 ingresos hospitalarios
Ibarra dijo que la gestión de Fernández no promueve el aborto sino que su objetivo es bajar la cantidad de casos y dar seguridad sanitaria y contención económica a las mujeres que están en una situación que resulta traumática.
Como mayoritariamente el aborto se da hoy en un circuito informal, sólo hay estimaciones. Pero el Gobierno señala que en Argentina hay entre 370.000 y 520.000 abortos por año. Y se registran entre 38.000 y 40.000 egresos hospitalarios al año por abortos mal practicados.
“La decisión política es considerar al borto clandestino como un problema de la salud pública. Los abortos suceden en la Argentina, independientemente de la amenaza penal que se pone en cabeza de las mujeres”, dijo Ibarra ayer en una ronda radial.
Se buscará que la mujer que ha tomado la decisión de abortar sea atendida en un hospital público, sepa que va a ser cuidada, que no tiene una amenaza de prisión y que allí se le dará información sobre salud reproductiva y acceso a métodos anticonceptivos para no repetir la situación.
“Estamos muy lejos de promover el aborto. Es exactamente al revés. Nos alarma la cantidad de abortos clandestinos que hay el país. Es una cifra que nos tiene que alarmar. Si alguien cree que la amenaza de prisión está disuadiendo a las mujeres, esto no sucede”, dijo Ibarra.
Los “celestes” y el Papa
El Gobierno sabe que enfrentará resistencias, por lo que propondrá un segundo proyecto de ley complementario: el Plan de los Mil Días. Será un acompañamiento estatal de la maternidad y del bebé hasta los tres años de vida, vía asistencia médica y económica.
Esto es para que ninguna mujer sienta que es una opción abortar si es por falta de recursos económicos. En parte, se imitará el “Plan Qunita” que Cristina Fernández de Kirchner lanzó en julio de 2015 y luego fue discontinuado por el macrismo.
Este “Plan de Mil Días” tiene un antecedente en la provincia de San Juan. Allí está dirigido a todas las embarazadas sin cobertura social y en cualquier etapa de su gestación, y a madres con bebés entre 0 y 24 meses.
En el Gobierno entienden que este segundo proyecto le da una mayor integralidad al avance y responde a una demanda realizada por las iglesias, para trabajar sobre la salud reproductiva desde otro enfoque.
Al ser consultada sobre la postura antiabortista del Papa Francisco y la Iglesia Católica, Ibarra fue tajante: “Las creencias en la religión son una decisión de cada una de las personas. Nosotros somos un Estado laico y como tal tomamos decisiones para un Estado laico”.
La funcionaria dijo que el Papa es el jefe espiritual de una iglesia y como tal tiene su doctrina, sus normas y valores, que son y deben ser profundamente respetados. Y agregó que Argentina es un país con libertad de expresión y religiosa. Pero aclaró que el Gobierno avanzará.
Educación Sexual
El Gobierno impulsará en paralelo una mayor aplicación de la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral, sancionada hace 14 años. Ibarra apuntó que se busca un enfoque multidimensional: educación sexual y acceso rápido al sistema de salud, con cuidado y contención.
Para ello, el ministerio de Salud lanzó recientemente el Observatorio Federal de la Educación Sexual Integral. En 2021 se realizará un relevamiento nacional de la información cualitativa y cuantitativa para conocer el nivel de implementación y llegada a los niños y adolescentes.
