Tras declarar la emergencia ambiental y habitacional, este martes el gobernador de la provincia Rodolfo Suárez solicitó al Ministerio del Interior de la Nación la suma de $4.000 millones de pesos en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) con el fin de afrontar los daños provocados por el fenómeno climático del viento Zonda este fin de semana pasado.
Esta solicitud se enmarca en los términos establecidos por el artículo 3º, inciso d, y 5º de la Ley Nº 23.548, que establece el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional, tal como informaron desde el Gobierno Provincial.
En una nota dirigida al ministro del Interior, Eduardo De Pedro, se fundamenta la necesidad de “obtener la asistencia del Poder Ejecutivo Nacional para hacer frente a las condiciones generadas por el fenómeno climático descrito y aliviar la situación de las familias afectadas”.
Cabe recodar que la magnitud de las ráfagas de viento Zonda generaron “inconvenientes en el tendido eléctrico, la caída de árboles e incendios en la zona del piedemonte mendocino”.
Por último, el Gobernador reiteró el compromiso de la Provincia para “brindar apoyo a los damnificados y restaurar la normalidad en las zonas afectadas”.
Cornejo y Juri instalan el tema en el Congreso
En paralelo al pedido de Suárez, quien además decretó el Estado de Emergencia Ambiental y Habitacional en Mendoza, los senadores por la UCR Alfredo Cornejo y Mariana Juri elaboraron un proyecto para presentar en el Conrgeso que prevé la asistencia financiera del Gobierno nacional, exime del pago de impuestos nacionales a quienes hayan visto afectados sus ingresos y solicita el refinanciamiento de obligaciones con bancos públicos y privados, entre otras medidas.
La norma establece facultar al Poder Ejecutivo nacional a tomar medidas impositivas y jurídicas excepcionales en favor de los mendocinos afectados.
En concreto, el proyecto permite eximir total o parcialmente u otorgar prórrogas al vencimiento del pago de los impuestos federales que graven el patrimonio, los capitales o las ganancias de las explotaciones afectadas cuyos vencimientos se operen durante el período de vigencia del estado de emergencia o zona de desastre.
También plantea eximir total o parcialmente u otorgar prórrogas de los impuestos sobre los bienes personales y a la ganancia mínima presunta sobre aquellos bienes pertenecientes a explotaciones comerciales, turísticas, agropecuarias e inmuebles rurales arrendados respectivamente, ubicados dentro de la zona de emergencia y afectados por esa situación extraordinaria en los departamentos mencionados.
Adicionalmente, el proyecto de Cornejo y Juri faculta al Poder Ejecutivo para que, a través del Banco de la Nación Argentina, se adopten medidas especiales para la refinanciación de las obligaciones de los comerciantes/productores/etc. afectados y se instrumenten regímenes especiales de pago por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Por último, el escrito solicita la asistencia técnica y financiera realizando aportes no reembolsables para gastos de reparación de viviendas y de inversión y operación para recomponer la capacidad productiva, con preferencia a emprendimientos familiares con pequeñas escalas de producción y subsistencia, facilitando en tales casos el cumplimiento de los requisitos formales exigidos para el acceso a los beneficios del sistema.
Estado de Emergencia Ambiental y Habitacional
En paralelo, Suárez decretó este lunes el Estado de Emergencia Ambiental y Habitacional, tras el fuerte viento Zonda y los incendios producidos como consecuencia de este fenómeno climático.
La medida se publicó en el Boletín Oficial este martes a través del decreto 2243, en el cual se autoriza en el artículo 2 al ministerio de Hacienda “a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias para brindar la atención adecuada a las situaciones derivadas de la emergencia”.
En tanto, el artículo 3 autoriza a la Dirección General de Escuelas (DGE) y a la subsecretaría de Infraestructura Elemental “a realizar las contrataciones que resulten necesarias para la urgente puesta en condiciones de los edificios escolares afectados”.
Luego, el artículo 4, autoriza a la secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial “a realizar el relevamiento de los daños ambientales causados en los distintos sectores de la Provincia y a realizar las contrataciones que resulten necesarias para su remediación”.
Según explica el mandatario en la norma, “resulta prioritario para el Gobierno provincial dar respuesta a la situación de emergencia producida por el inusual fenómeno meteorológico y las consecuencias desatadas a partir del mismo, adecuando los instrumentos administrativos a fin de facilitar los mecanismos de respuesta”.
“Los incendios desatados en diversos sectores de la provincia, potenciados y multiplicados por la presencia de fuertes ráfagas de viento, dejaron graves consecuencias tanto en viviendas como afectación de la flora y fauna autóctonas”, fundamenta el decreto, y sostiene que “los daños materiales resultan muy graves para las personas afectadas, toda vez que en algunos casos implica la pérdida total de sus viviendas y/o de los espacios destinados al turismo y que constituyen el sostén indispensable para la manutención y supervivencia de las familias”.
Además, el se resaltó el daño ambiental provocado por el fuego en los distintos sectores, los que fueron considerados de “gran importancia y gravedad, por el deterioro y degradación de los terrenos, la pérdida de fauna autóctona y la caída y/o daño de numerosos forestales”.
Según se cita en el decreto, de los informes producidos por la Dirección General de Escuelas y la Subsecretaría de Infraestructura Elemental, se desprendió también que hubo numerosos daños en edificios escolares de distintas magnitudes”.
