El Ministerio de Justicia, bajo la dirección de Mariano Cúneo Libarona, reafirmó el compromiso del gobierno de Javier Milei con la causa AMIA este sábado. Anunciaron la presentación de una ley en el Congreso para enjuiciar a terroristas, incluso si su paradero es desconocido.
Este movimiento se produce dos meses después de un fallo de Casación que atribuyó el atentado a la AMIA en 1994 a la organización terrorista Hezbollah. Además, llega un día después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenara a Argentina por no haber adoptado medidas adecuadas para prevenir el ataque.
“Desde el primer día se ha colaborado y querellado conjuntamente con las organizaciones Memoria Activa, AMIA y DAIA para terminar con la impunidad garantizada anteriormente a los terroristas, en detrimento de las víctimas y sus familias, siempre respetando la independencia del Poder Judicial”, explicaron mediante un comunicado
En ese contexto, el Gobierno apelará al fallo de Casación del mes de abril “con el objetivo de que se aumenten las penas dada la gravedad de los delitos cometidos”.
Tras ello, Justicia adelantó que Cúneo Libarona enviará al Congreso la “Ley de Juicio de Ausencia” para que se juzgue a los terroristas “aun cuando se desconozca su paradero”.
“Estamos creando los instrumentos para que en esta nueva Argentina ningún crimen quede sin castigo, la Justicia no admite demoras ni excusas. Nuestro compromiso para erradicar la impunidad de la Argentina es inclaudicable”, cerró.
El fallo de la CIDH
El viernes, la CIDH emitió una condena unánime contra Argentina por su responsabilidad en el atentado a la AMIA. Declaró al Estado argentino culpable de no haber tomado medidas adecuadas para prevenir el ataque, de no cumplir con su obligación de investigarlo y de haber participado en su encubrimiento, todo en una audiencia que duró apenas diez minutos.
En su sentencia de 20 puntos, el tribunal internacional afirmó que el Estado es responsable de violar los derechos a la vida y a la integridad personal, el principio de igualdad y no discriminación, y el derecho a la integridad psicológica y moral de las víctimas. Además, mencionó los derechos de acceso a la justicia, las garantías judiciales y el acceso a la información.
Un aspecto crucial de la sentencia es la orden a Argentina de abrir los archivos e información de inteligencia relacionados con el atentado, y de implementar normativas para regular cómo se incorpora la información de inteligencia en los casos judiciales. Esto hace referencia a acciones que desviaron la investigación judicial destinada a esclarecer lo sucedido. El Estado también fue instruido a superar los obstáculos que hasta la fecha han contribuido a la impunidad del atentado terrorista.
