El Poder Ejecutivo decidió suspender, mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, las campañas institucionales de publicidad y comunicación onerosa realizadas por la administración central durante un período de un año. Este decreto, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, establece la posibilidad de prorrogar dicha suspensión mediante un acto debidamente fundamentado, en caso de que las circunstancias lo requieran.
La suspensión no afectará los actos de publicidad oficial obligatorios según la normativa vigente, ni las campañas derivadas de casos de fuerza mayor o necesidades comunicacionales específicas debidamente justificadas. La Secretaría de Comunicación y Prensa de la Presidencia de la Nación recibió la instrucción de dictar o modificar normas según sea necesario para implementar este decreto.
En los fundamentos de la norma, se argumenta que, a pesar de las obligaciones del Estado Nacional en cuanto a la difusión de actos de gobierno y comunicación ciudadana, la suspensión de campañas no esenciales se considera conveniente en las actuales circunstancias. El objetivo es ajustar las estructuras y procedimientos para hacer más eficiente el gasto público.
Se destaca la necesidad de discriminar entre la publicidad esencial y aquella que puede ser omitida, siguiendo criterios de oportunidad y conveniencia en relación con los actos de gobierno. En este contexto, se subraya la importancia de profundizar en los criterios de austeridad y eficiencia en el uso de los recursos públicos, asignándolos a cuestiones prioritarias dadas las condiciones actuales.
Se argumenta que la suspensión temporal de las campañas de publicidad oficial no afectará aquellas obligatorias según la normativa vigente, como la publicación de leyes, decretos, decisiones administrativas y resoluciones, así como excepciones derivadas de fuerza mayor o necesidades comunicacionales puntuales debidamente justificadas.
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