El presidente Alberto Fernández decidió no acatar la medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que ordenó devolverle a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) los fondos coparticipables que el gobierno nacional le quitó en 2020, y anunció que recusará a los miembros del máximo tribunal.
El primer mandatario así lo resolvió tras la cumbre que mantuvo con la mayoría de los gobernadores peronistas en la Casa Rosada, quienes se mostraron molestos porque, alertaron, la definición del máximo tribunal de Justicia afectará sus recursos en 2023.
A través de un duro comunicado que difundieron luego de ese encuentro, el gobierno nacional habló de “un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento” y hasta cuestiona el criterio para definir el porcentaje asignado para Caba.
“En un fallo político, de cara al año electoral, la Corte Suprema pretende sustraerles recursos a todas las provincias para dárselos al jefe de gobierno de la CABA. Esta medida es, en las condiciones actuales, de imposible cumplimiento, toda vez que el Congreso Nacional aprobó por ley el presupuesto 2023 sin contemplar crédito presupuestario para tal finalidad”, remarcó el texto que firmaron también los gobernadores peronistas.
El presidente Fernández resolvió además “instruir a los órganos competentes del Estado Nacional a recusar a los miembros de la Corte y a presentar el pedido de revocatoria ‘in extremis’ de la resolución cautelar dictada”.
Los gobernadores Jorge Capitanich (Chaco) y Axel Kicillof (Buenos Aires) se encargaron de exponer los ánimos antes del encuentro. El chaqueño fue el primero en pedirle al Presidente “desconocer” el pronunciamiento de la Corte y el bonaerense calificó al fallo como una “verdadera inmundicia”.
La bronca se instaló el miércoles, cuando la CSJ avaló uno de los planteos del gobierno porteño para recuperar las partidas hasta que se resuelva la cuestión de fondo de la causa. Así, por unanimidad, los jueces establecieron que la Nación debe otorgarle a Caba 2,95% de la masa de impuestos coparticipables, lo que en 2023 representaría unos 180.000 millones adicionales para ese distrito.
Los gobernadores salieron a alertar que perderán asignaciones, aunque la CSJ aseguró que “los recursos coparticipados de las provincias no se verán afectados, pues la cuota correspondiente a la Ciudad de Buenos Aires se detrae únicamente de los fondos que le corresponden precisamente a la Nación en la distribución primaria”.
Al unísono, los mandatarios peronistas cuestionaron el fallo porque “pisotea al federalismo”. El ministro del Interior, el kirchnerista Eduardo “Wado” De Pedro, se expresó en la misma línea y dijo que es “incoherente y antifederal” sacarle “recursos a las provincias para darle al Gobierno de la Ciudad, el más rico del país”.
Wado fue uno de los que escoltó a Fernández durante la cumbre en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada. También estuvieron la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra; el secretario de la Presidencia, Julio Vitobello; y el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos.
Los gobernadores que asistieron fueron Kicillof; Gildo Insfrán (Formosa); Gustavo Bordet (Entre Ríos), Ricardo Quintela (La Rioja); Osvaldo Jaldo (Tucumán); Raul Jalil (Catamarca); Gerardo Zamora (Santiago del Estero); Mariano Arcioni (Chubut); Sergio Ziliotto (La Pampa); y Sergio Uñac (San Juan). Y participaron de manera remota Capitanich; Gustavo Melella (Tierra del Fuego); Oscar Herrera Ahuad (Misiones) y Alicia Kirchner (Santa Cruz).
“Este fallo es inconstitucional porque viola el artículo primero de la Constitución Nacional: así el país no es ni republicano, ni federal, ni representativo”, sostuvo Capitanich tras la cumbre y adelantó que en febrero los gobernadores del Norte Grande se reunirán para analizar las medidas a tomar.
Al margen de las deliberaciones con el Presidente, los mandatarios provinciales hicieron lo propio en sus territorios. El ejemplo más claro fue el de Uñac, quien instó a los diputados sanjuaninos de Juntos por el Cambio (JpC) a “defender a la patria chica y no a sus jefes porteños”.
“Defendamos a San Juan. Los dirigentes de la oposición defienden los intereses de CABA, en perjuicio de las provincias. Esto profundiza las desigualdades y pone de manifiesto que la tensión entre unitarios y federales está más viva que nunca”, escribió el gobernador en sus redes sociales, donde apuntó a los legisladores Humberto Orrego y Susana Laciar.
Un mensaje similar envió Kicillof, uno de los protagonistas centrales del conflicto porque, vale recordar, parte de los fondos que Alberto Fernández le sacó a la Ciudad fueron para ponerle fin al levantamiento de la Policía Bonaerense.
El referente kirchnerista reclamó que los candidatos que quieren gobernar esa provincia expresen su posición. “¿Se van a pronunciar a favor del saqueo? Quiero escucharlos a los que quieren gobernar la provincia, que se callan y tienen complicidad con ese saqueo”, dijo en alusión a los macristas como el diputado Diego Santilli.
Una de las lecturas que hicieron en el oficialismo es que el máximo tribunal se involucró en el juego de la política partidaria y apostó por la candidatura presidencial de Rodríguez Larreta con la devolución de esas partidas para encarar un año electoral.
Pero los argumentos para sostener esa hipótesis perdieron fuerza ante el anuncio que realizó el jueves el mandatario porteño: su administración avanzará con la eliminación de los impuestos que se crearon para compensar la quita de los mencionados fondos.
“Vamos a eliminar el impuesto a las tarjetas de crédito, este jueves desaparece. Estamos enviando el proyecto a la legislatura y también vamos a estar bajando ingresos brutos”, informó Rodríguez Larreta.
El referente del PRO también desestimó las quejas de los gobernadores al señalar: “Cuando la Nación nos sacó los fondos no le dieron un peso a ninguna provincia, salvo a la de Buenos Aires”.
