El Gobierno de Javier Milei ya tiene lista la ley de “hojarascas”, la reforma política y electoral y la ley “anticasta”, pero las presentará después del receso invernal en la Cámara de Diputados.
Así lo pudo saber NA de altas fuentes parlamentarias de la oposición dialoguista, que replegarán fuerzas y volverán a la carga en la sesión pedida conjuntamente por La Libertad Avanza (LLA) y el PRO para el miércoles 7 de agosto, en la que analizan solicitar una ampliación del temario.
La oposición dialoguista aceptaría la ley de “hojarascas” para remover leyes obsoletas, así como las normas “anticasta”, pero se plantará en contra de la eliminación de las PASO y de la iniciativa para terminar con el financiamiento público de los partidos políticos.
La ley de “hojarascas” es una iniciativa para remover leyes que desde la cartera de Desregulación y Transformación del Estado consideran vetustas y que implican regulaciones y trabas burocráticas.
“Son cerca de 100 normas que se van a derogar con el objetivo de desregular, como por ejemplo la ley del precio uniforme de venta de libros o la que bloqueaba la importación de azúcar”, precisaron.
Según indicaron las mismas fuentes, algunas desregulaciones tienen un efecto práctico concreto, pero una gran cantidad son para “generar relato” ya que se trata de leyes que están obsoletas en los hechos, como la que regula las carreras de palomas.
“Varias desregulaciones serán bienvenidas, en especial si traen precios más bajos para los consumidores, como en los medicamentos”, ejemplificaron.
Para muchas desregulaciones, el Gobierno no necesita esperar a que el Congreso apruebe la ley de “hojarascas” del ministro Federico Stuzenegger, sino que ya puede avanzar por decreto, como sucedió hoy con la reforma del Código Aerocomercial.
Por cuerda separada el Gobierno intentará aprobar una ley “anticasta”, cuya redacción todavía un “work in progress”, una obra en construcción, pero que pondría resumirse como una iniciativa para acabar con “privilegios”.
Entre las reformas proyectadas se encuentra la eliminación de los regímenes jubilatorios especiales pero también el fin de los privilegios en el Estado y en las organizaciones sindicales.
En paralelo, el Gobierno ya tiene preparada una reforma política y electoral, que tiene como base el capítulo que fue retirado de la Ley Bases primigenia que se había presentado a fines de diciembre pasado.
Una de las medidas será el fin del financiamiento público de los partidos políticos, con el argumento de que el Estado no tiene que inmiscuirse en la vida interna de las fuerzas políticas y la sociedad no tiene por qué hacerse cargo de los gastos de la política.
Desde la UCR adelantaron que discrepan con esta lógica. “Tenemos que ver el contenido pero en principio no estamos de acuerdo. Sabemos que lo van a presentar como bajar el gasto de la política, pero la contracara es que las empresas compren las decisiones del Estado, lo cual nos cuesta carísimo”, justificaron.
“El financiamiento público viene a establecer equidad entre los partidos para competir, y los aísla de los intereses privados”, explicaron.
Tampoco avalarían desde el partido centenario la eliminación de las PASO, que está planteada como una de las reformas de esta ley electoral.
Las PASO habían sido sancionadas por ley en 2009 a través de la ley 26.571 de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral”, y fueron aplicadas por primera vez en las elecciones del 2011.
La escasa utilización de las PASO por parte de las alianzas electorales hizo que desde un principio ese mecanismo fuera puesto en tela de juicio por el enorme gasto y logística que demandaba desde el Estado nacional.
Sin embargo, muchas fuerzas políticas empezaron a utilizarlas tanto para la confección de las listas de candidatos locales, como nacionales, para los cargos legislativos como fórmulas presidenciales, siendo el caso más representativo el de Juntos por el Cambio (JxC) con la interna que Patricia Bullrich le ganó a Horacio Rodríguez Larreta.
Lo que todavía no está claro en esta reforma electoral es si se mantendrá el criterio de paridad de género en la integración de las listas electorales, cuya eliminación estaba presente en la primera ley Bases.
La correlación de fuerzas dirimirá esta cuestión, pero a priori asoma complejo que se pueda avanzar en retirar el cupo de género teniendo en cuenta que esa paridad fue votada transversalmente con el impulso -no de un gobierno peronista- sino de la administración de Mauricio Macri en 2017.
La boleta única es innegociable para el Gobierno, que entiende que existe la suficiente base de apoyo para avanzar exitosamente, por lo que queda por resolver si se pasará a un esquema de votación electrónico o se conservará la papeleta como instrumento de votación.
La novedad es que la boleta única que piensa el poder Ejecutivo se complementa con un sistema de listas abiertas, para que el votante pueda hacer uso de su creatividad y combinar candidatos de distintos partidos o incluso cambiar el orden de los candidatos.
Otros proyectos que están en carpeta son una iniciativa de modernización judicial, la ley de juicio en ausencia, una amplia reforma educativa, y las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas, Correo oficial y medios públicos de Radio Televisión Argentina (RTA).
