Este jueves se reunirán el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, y dirigentes de Unidad Piquetera, el grupo de movimientos sociales que la semana pasada acampó 48 horas frente al ministerio ubicado en la 9 de Julio. El marco de la reunión no es más distendido. Mientras los movimientos sociales ya votaron continuar con los acampes y movilizaciones si no encuentran respuestas a sus reclamos, el Gobierno nacional insiste en que no habrá más altas para el plan Potenciar Trabajar. “Basta de apretar a los argentinos; hay que encontrar otras formas de protestar”, anticipó el ministro Zabaleta.
Ayer fue el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el que entró en escena con una fuerte crítica hacia los movimientos sociales: “Lo que pasó acá fue una extorsión. Usan a la gente, la traen en colectivos. Vienen extorsionados porque si no lo hacen les sacan el plan que manejan las organizaciones”, dijo. “Son unos cobardes”, agregó.
El referente del PRO dejó en claro su posición: “Les pedimos que les saquen los planes sociales. Ponen a los chicos como escudo para que no los desalojen y los chicos tienen que estar en la escuela, no acampando. Hagan cumplir la ley y saquen los planes sociales a esa gente y así no van a venir más”, insistió.
Desde los Estados Unidos donde se encuentra de gira fogoneando una embrionaria precandidatura presidencial, Patricia Bullrich no dio vueltas sobre el tema: “Hay que sacar los planes sociales”, propuso. Argumentó que, tras veinte años de implementación, los planes demostraron ser “un mecanismo de clientelismo más que una política social”.
El viernes pasado, al terminar la protesta piquetera empezada el miércoles, Zabaleta usó la misma palabra (“extorsión”) a la que apeló ayer Rodríguez Larreta. Pero el ministro, más allá de pedir que cesen los acampes en la 9 de Julio, procuró diferenciarse de la posición extrema de Juntos por el Cambio: “no es el camino la amenaza de sacarle la asistencia a quien lo necesita”, dijo.
Zabaleta reiteró el objetivo que persigue el gobierno de Alberto Fernández como solución a la cuestión “planes sociales”. “Estamos reorientando la inversión social hacia la producción y el trabajo, vinculando planes con empleo registrado. Toda nuestra política pública está en ese sentido”, afirmó.
Dirigente del Movimiento Evita (organización que no integra “Unidad Piquetera”) y funcionario nacional, Fernando “Chino” Navarro también cuestionó al PRO. “Plantear como solución castigar a esas familias empobrecidas por decisiones políticas me parece una irresponsabilidad muy importante. Quitar los planes me parece de una falta de sensibilidad muy grande”, dijo ayer a Radio con Vos.
Navarro, cuya oficina queda en la Casa Rosada, reconoció que el país tiene 17 millones de pobres (un 37,3 de pobreza, según INDEC, en el segundo semestre de 2021).
Se estima que 1,2 millones de personas son beneficiarios del plan Potenciar Trabajo. A cambio de una prestación laboral de no más de cuatro horas diarias, el Estado paga 16.500 pesos al mes. Los movimientos sociales reclaman un aumento del 40 por ciento. El salario mínimo fue elevado semanas atrás a unos 45.540 pesos. El Potenciar Trabajo siempre fue calculado como “la mitad del salario mínimo”.
El gobierno dice que apuesta a transformar los planes sociales en empleo en blanco. En febrero pasado se oficializó una progresiva incorporación de unos 4 mil beneficiarios y beneficiarias de planes sociales al empleo registrado en el sector gastronómico.
El formato por el cual el Gobierno paga durante 12 meses la mitad de un salario mínimo y el resto del sueldo lo completa el empleador, ya es utilizado en otros sectores de la producción y la construcción.
El viceministro de Desarrollo Social, Gustavo Aguilera, reafirmó ayer lo dicho por Zabaleta: “Argentina sale adelante con trabajo, no con planes sociales”.
En el gobierno dicen que en las conversaciones con Unidad Piquetera hubo dos acuerdos: fortalecer la política alimentaria de los comedores y equipar con herramientas a las cooperativas. Los desacuerdos pasan por la restitución de los planes a los que participaron de la pedrada contra el Congreso (y la oficina de Cristina Kirchner) y en dar “más altas” al programa Potenciar Trabajo. Es decir, otorgar más planes.
