Guillermo Francos, Ministro del Interior, adelantó la intención del Gobierno de llevar a cabo modificaciones en los artículos de la ley ómnibus que habían suscitado inquietudes tanto en el sector pesquero como en las provincias patagónicas.
Este anuncio sigue a una reunión llevada a cabo al mediodía en la Casa Rosada, en la que participaron el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro.
La dirigencia política, empresarial y sindical de Chubut rechaza cambios en la actividad pesquera
Los intendentes de ciudades portuarias, dirigentes de distintos partidos políticos, cámaras empresarias y sindicatos chubutenses rechazaron las modificaciones a la actividad pesquera planteadas en el proyecto de Ley ómnibus, enviado al Congreso por el Gobierno nacional. En línea con los cuestionamientos que formuló el gobernador de este distrito, Ignacio Torres, quien junto con sus pares de la región patagónica cuestionaron la ley que “generaría un efecto destructivo sobre todo el complejo pesquero”, se expresó el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre.
El jefe comunal donde se asienta el puerto de aguas profundas y se produce la descarga de la flota de altura, expresó que “si bien no somos del mismo espacio político, en esto vamos a acompañar sin ninguna duda al gobernador de la provincia, porque de concretarse lo que se propone se hará un daño irreparable al sector y a las fuentes de trabajo que genera”.
”No tenemos por qué permitir que nuestros recursos los vengan a extraer para llevarlos a otros lugares” explicó el dirigente justicialista de Puerto Madryn. En el mismo sentido se expresó el presidente de la Administración Portuaria de esa misma ciudad y referente local del PRO, Diego Pérez, quien en diálogo con Télam consideró que “el respaldo de todos fortalecerá nuestra postura en contra de cualquier tipo de medidas que puedan poner en riesgo el desarrollo sostenible de la actividad pesquera en nuestra región”.
También la Cámara Industrial y de Comercio Exterior de Puerto Madryn (CIMA) emitió hoy un comunicado advirtiendo que “si no se exige el desembarque en puertos argentinos, tal como lo propicia el proyecto de ley, se abrirá la puerta a la evasión fiscal y a la pesca ilegal, el camino inverso al que hay que tomar porque el imperativo es mantener el control en los puertos nacionales para garantizar una explotación sostenible”.
El intendente de Rawson, Damián Biss, también se manifestó en contra del proyecto de ley indicando que “la actividad pesquera tiene que ser fortalecida, no debilitada, porque genera dividendos para el país y fuentes de trabajo, como se puede ver ahora mismo en nuestro puerto con la temporada de langostinos que está a full”.Biss, además de intendente de Rawson, es presidente de la Unión Cívica Radical de Chubut.
A su vez, el presidente del Concejo Deliberante de la capital chubutense, Dulio Monti, sostuvo que “de aplicarse esa propuesta de aguas abiertas a la pesca internacional se provocará un impacto dañino que afectará no sólo a las empresas sino al sector del trabajo con el consecuente costo social”.
En el mismo sentido se expresaron el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) que representa a la marinería; la Asociación Argentina de Capitanes de Pesca, el Sindicato de Conductores Navales (maquinistas) y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) que nuclea a los trabajadores de las plantas pesqueras.
Las modificaciones que despertaron la crítica de los aliados
Entre las reformas dispuestas que generaron la reacción de un grupo de gobernadores e intendentes del PRO figuran la búsqueda de derogar el artículo 25 del Régimen Federal de Pesca Ley 24.922 que “obliga a descargar toda la pesca de los barcos que tengan licencia argentina en puertos del país, con el claro fundamento de generar empleo directa e indirectamente en el suelo argentino”.
También el artículo 27 que establece que se hará una licitación pública entre empresas argentinas y extranjeras, sin atender el historial de capturas de los últimos diez años, la capacidad de inversión, entre otros factores, generando así una competencia desigual; y el artículo 40 que, actualmente, establece que el personal de embarque debería ser de nacionalidad argentina con diez años de residencia.
Con las modificaciones propuestas por La Libertad Avanza se busca eliminar la obligatoriedad de este ítem, lo que posibilitará a las empresas a contratar personal extranjero, no alcanzados por los convenios colectivos de trabajo.
