El fuero civil está presto para incorporar una instancia conciliatoria que estará bajo la órbita del Gobierno provincial. La Oficina de Conciliación Civil (OCC) es la iniciativa del gobernador Rodolfo Suárez para replicar el modelo que funciona en las causas laborales.
Con el texto en revisión final, será el propio mandatario (de profesión abogado) quien le otorgue el aval final para lo que no hay previstas grandes dilaciones. La mayoría de las causas civiles deberán conciliarse previamente y el objetivo es descomprimir al fuero civil, aunque destacan que es uno de los que mejor funciona.
Tal como lo anunció en la apertura del año judicial, Suárez tomó la decisión de darle rodaje al proyecto que pretende crear la OCC que seguirá los pasos de la Oficina de Conciliación Laboral (OCL). Con dos años de funcionamiento y una resolución de casi la mitad de los litigios que ingresan, las aspiraciones del Gobierno van en sintonía de cara al futuro cuerpo que dependerá de la Subsecretaría de Justicia.
Según expresó el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dalmiro Garay en ese mismo encuentro con el titular del Poder Ejecutivo, el fuero civil “no tuvo disminución en el ingreso de causas el año 2020, en comparación con el 2019”.
“No obstante haber mantenido el nivel de trabajo, los jueces civiles de la provincia redoblaron sus esfuerzos pudiendo resolver 9.000 causas y llevar a cabo más de 10.000 audiencias, la mayoría en modalidad remota. De hecho, este fuero fue el primero en lograr que todo un proceso se inicie y finalice de manera virtual”, agregó el titular de la Corte.
El aporte del Gobierno apunta a reforzar un fuero que se modernizó desde la implementación de la Ley 9001 durante la gestión de Alfredo Cornejo. Según publicó Los Andes el pasado 8 de noviembre, la tasa de resolución cayó 34 puntos con respecto al 2019 en donde entraron 15.958 causas y a diciembre de 2020 calculaban que ingresarían 14.199, pero en 12 meses los magistrados pasaron de resolver el 88% de los casos a solamente el 54%.
La OCC dependerá de la Subsecretaría de Justicia y contará, al igual que en lo laboral, con un cuerpo de abogados y abogadas cuya selección se hará través de concurso público. En una primera instancia, se tratará de cubrir las cuatro circunscripciones, aunque siempre lo ideal es que haya letrados y letradas en cada departamento.
En principio las oficinas de conciliación intervendrán en todos los casos civiles, excepto amparo, Hábeas Corpus, juicios de prescripción adquisitiva; tutela preventiva, medidas cautelares y autosatisfactivas y Juicios sucesorios.
“La buena experiencia de la OCL, con una tasa de resolución del 48% en pandemia y de 58% en año normal, es lo que se quiere replicar en lo civil. Ha sido una decisión política del Gobernador para mejorar el servicio de justicia”, comenta Marcelo D’Agostino, subsecretario de Justicia a Los Andes y quien estará a cargo del cuerpo además de haber trabajado en la redacción del texto.
Si bien el proyecto está en revisión final, será la Legislatura provincial la que lo convierta en ley. Del debate pueden surgir modificaciones por los aportes que se realicen pero la idea del Gobierno es que en no más de tres meses se empiecen a resolver los conflictos.
En una pequeña estructura física que funcionará en el ámbito del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia que conduce Víctor Ibáñez, se recibirán las solicitudes de conciliación y se fijará una audiencia (presencial o virtual) dentro de los quince días hábiles posteriores.
Una vez notificadas ambas partes, concurrirán con sus letrados y en busca de llegar a un acuerdo, se pueden pactar cuartos intermedios, pero nunca el plazo puede superar en total los 60 días hábiles.
“No se podrá demandar si previamente no se pasa por la conciliación en las causas determinadas. Puede haber conciliación o no, pero la instancia será obligatoria”, agrega Marcelo D’Agostino.
El acta de cierre será la constancia de haber pasado por la OCC sin éxito y habilita a la persona a iniciar una demanda, ahora sí en el propio fuero como cualquier proceso causa civil. Una estructura que se autofinancia.
Otra de las bondades que destacan en el Gobierno es el nulo costo que tendrá bajar el volumen de causas que llegan al fuero civil dentro del Poder Judicial.
En esta instancia conciliatoria pueden suceder tres cosas: que haya acuerdo, que se logre pero luego no se cumpla la sentencia y finalmente, que no se concilie. Los asesores de las partes percibirán sus honorarios según se fija en la ley de aranceles.
Si hay conciliación, entre ambas partes establecen quién paga esos costos de protocolizar los actos, tasados en la tercera parte de un JUS (variable atada y actualizable según el sueldo de un juez de primera instancia). Desde el 25 de febrero de este año, su valor es de $28.561,19 por lo que el arancel a abonar será de unos $9520 y pasará a integrar un Fondo de Financiamiento que afrontará los casos en donde no se acuerde.
Si de la conciliación surge una sentencia que luego no se cumple, se le podrá exigir a la justicia el cumplimiento de ese pronunciamiento. En caso de fracaso de la conciliación, el conciliador percibe un honorario mínimo establecido por la 25° parte de un JUS, es decir $1142.
“Se va a prestar un servicio como es descongestionar causas que no entran al sistema judicial evitando la audiencia inicial, lo que permite optimizar tanto al recurso humano como al económico”, sintetizó D’Agostino.
