El Gobierno acelerará la próxima semana con el decreto que reglamenta la reforma laboral, mientras prepara el envío de tres proyectos al Congreso. Además, el Ejecutivo planea retomar la agenda legislativa y trabajará también en el capítulo energético de la Ley Bases.
La Casa Rosada planea impulsar en septiembre una reforma a la Ley de Partidos Políticos (23.298), que incluirá el empadronamiento digital de afiliaciones y cambios en la estructura jurídica de los partidos.
Además, se propone modificar la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos (26.215), eliminando 19 artículos que regulan los aportes públicos para campañas, la impresión de boletas y la distribución de fondos.
También se busca ajustar el límite de los aportes privados, aumentando del 2% al 20% el monto que una misma entidad jurídica puede aportar en relación con los gastos totales de la campaña.
El proyecto gubernamental incluirá la eliminación de los espacios publicitarios que la Vicejefatura de Gabinete de Interior debe asignar a las agrupaciones políticas que presenten candidatos.
De la misma manera, se propondrá derogar el Registro de Empresas de Encuestas y Sondeos de Opinión y la normativa que prohíbe la publicación de encuestas en los ocho días previos a cada elección.
En cuanto a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el Gobierno busca eliminarlas, aunque está en negociación para reducir sus costos operativos y en boletas debido a la oposición de los bloques aliados.
La Boleta Única de Papel (BUP) ya cuenta con media sanción y está siendo debatida en comisión en el Senado. El proyecto de ficha limpia también tiene estado parlamentario, y el equipo de Balcarce 50 desea establecer un límite en el Casación para inhabilitar candidaturas electorales.
El equipo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, está trabajando en los detalles jurídicos y reglamentarios de los títulos IV y V -Promoción del Empleo Registrado y Modernización Laboral-, que la Casa Rosada planea publicar la próxima semana en el boletín oficial.
Esto incluye la creación de un fondo optativo de cese de desempleo por convenio y actividad, similar al de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), y un período de prueba de seis meses, extendible a ocho meses para empresas con entre seis y cien trabajadores.
El proyecto también contempla la eliminación de multas por trabajo mal registrado (eximiendo la aplicación de las leyes 27.430 y 17.250) y la baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL). Se propone eliminar la ley 25.323, que duplica el pago de indemnizaciones en relaciones no registradas.
Además, se contempla un aumento en la indemnización en caso de despido por discriminación basada en “raza o etnia, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo o género, orientación sexual, posición económica, caracteres físicos o discapacidad”, elevando el pago al 50% si hay una sentencia judicial que lo confirme, y permitiendo a los jueces aumentarlo al 100%.
