Hasta ahora no hay ningún proyecto presentado, sino tan solo la propuesta verbal de Oscar Parrilli de crear una comisión que integren diputados y senadores con el fin de “investigar” a los jueces. La polémica, que se desató un día después de que el presidente Alberto Fernández atacara al Poder Judicial en su discurso ante el Congreso, no cede.
Ayer salieron el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a fustigar la iniciativa del senador ultrakirchnerista, y la ministra de Justicia de la Nación, Marcela Losardo, a intentar en vano ponerle paños fríos a la controversia.
“Lo que no puede arrogarse la bicameral son atribuciones de otros poderes, como las cuestiones disciplinarias. No va a poder sancionar jueces; eso no es constitucional”, dijo la ministra en declaraciones a El Destape Radio.
Además, sostuvo que lo que el Presidente planteó en su discurso el lunes último, fue que “el Congreso asuma el rol cruzado de control del Poder Judicial que prevé la Constitución”, “un rol que ya tiene”.
En verdad, esa aclaración de Losardo es un perogrullo: el control y los posibles castigos al desempeño de los jueces, según la Constitución, ya los ejerce el Congreso a través del juicio político, cuando se trata de los vocales de la Corte Suprema, y del Consejo de la Magistratura, cuando se trata de magistrados inferiores.
Aunque la letra de la carta magna es clara, la funcionaria, exsocia del estudio jurídico del presidente Alberto Fernández, igualmente debió salir temprano en la mañana del miércoles a alejar fantasmas, aunque cuidándose de no contradecir al senador Parrilli, que es lo mismo que contradecir a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.
“La bicameral será un órgano de asesoramiento no permanente para un asunto determinado” dijo Losardo, sin aclarar qué asuntos.
La ministra de Justicia se preocupó por esclarecer lo que ya está claro, sin que se haya presentado hasta ahora un proyecto para crear tal comisión, en ninguna cámara; proyecto que además no surgiría de su gobierno sino de los senadores que responden a Cristina, que hace poco más de cuatro meses cuestionó a “los funcionarios y funcionarias que no funcionan”.
A la cancha nacional
Rodríguez Larreta aprovechó la ocasión, para instalar su voz en los asuntos nacionales, para cuestionar con dureza la propuesta de Parrilli.
“La idea de crear una comisión legislativa ad hoc para ‘controlar’ a los jueces es abiertamente inconstitucional y me opongo con firmeza”, escribió el mandatario porteño en un hilo de Twitter, el canal que usan los políticos cada vez con mayor frecuencia para sentar sus posiciones y, de paso, eludir las preguntas de los periodistas.
“Nuestra Constitución ya establece el sistema de frenos y contrapesos entre los poderes justamente para evitar que un poder político que deviene de mayorías circunstanciales pueda entrometerse en otro poder que debe ser independiente. Si permitimos que se busque condicionar a la Justicia, primero nos quedaremos sin república; y, luego, sin democracia”, afirmó.
Después, el Interbloque de Diputados de Juntos por el Cambio (JPC), divulgó un comunicado en el que señaló que “la única comisión que debería proponer el Gobierno es la que investigue el uso de privilegios para el acceso a las vacunas”.
“La principal preocupación del Poder Ejecutivo es amedrentar a jueces y fiscales para garantizar la impunidad en nuestro país”, dijeron y señalaron que ven “a un Gobierno alejado de los problemas reales de los argentinos”.
Elisa Carrió también fustigó la comisión. “Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Oscar Parrilli están a un paso de subvertir el orden institucional”, dijo en Twitter. Luego la líder de la Coalición Cívica indicó que “Estamos yendo a la Argentina de los extremos. Ampliar la grieta hoy es suicida para la República Argentina”.
Chances
“Es muy difícil que esto se apruebe. Está en el marco de la disputa política”, dijo a La Voz el diputado Alejandro “Topo” Rodríguez, presidente del bloque lavagnista, Consenso Federal, que también expresó su rechazo a la bicameral Parrilli, al igual que el bloque Córdoba Federal, que responde al gobernador Juan Schiaretti.
El reglamento dice que para crearse una bicameral se requiere un proyecto de resolución que sea aprobado con los dos tercios de los votos de los presentes en una sesión.
El Frente de Todos (FDT) no los tiene en ninguna cámara. Por eso, en junio del año pasado, para crear otra comisión bicameral que estaba destinada a investigar la relación entre Vicentin y el Banco Nación durante el gobierno de Mauricio Macri, Parrilli presentó un proyecto de ley, no uno de resolución. Y así el Senado le dio media sanción por mayoría simple. Un subterfugio que no parece ser ni ilegal ni antirreglamentario pero que rompió un acuerdo tácito de funcionamiento parlamentario.
La comisión Vicentin fue olvidada en Diputados, por el férreo rechazo opositor. La misma suerte podría correr esta nueva comisión antijueces. Pero sólo por ahora: después de la elección de octubre, si el FDT obtiene una victoria, todo podría cambiar.
