El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Hacienda, busca potenciar un organismo que tiene como principal misión establecer criterios objetivos en la inversión pública, particularmente con las obras que lleva adelante el propio Gobierno, así como también los que proponen municipios pero que comprometen recursos del estado provincial.
Se trata de la Dirección de Inversión Pública y Participación Público-Privada (PPP), liderada por Rodolfo Correa Becker y que está bajo la órbita de la cartera que lidera Víctor Fayad. Si bien el organismo funciona desde el 2021, ha sido en estos últimos meses donde está tomando impulso y se pretende que sirva como un espacio en el cual se pueda asesorar a los distintos ministerios sobre las factibilidades o no de obras o proyectos que se tengan en mente.
“No había antes en la estructura del Estado alguna etapa u organismo que estuviese dedicado exclusivamente al análisis objetivo del plan de obra pública. Ahí apuntamos, a potenciar la dirección y que las obras que se lleven adelante sean las más importantes y necesarias”, manifestaron a Los Andes desde el Ministerio de Hacienda.
Lo que se pretende es seguir dotando fuerza para que todos los proyectos pasen por la Dirección que, “bajo criterios objetivos”, asignará una puntuación o valoración en un “ranking de obras”, para que luego se puedan tomar decisiones sobre en qué invertir los -a veces escasos- recursos provinciales. En otras palabras, también se pretende evitar que se malgaste el dinero con obras que no serían tan necesarias para la población.
El filtro de la Dirección
Lo cierto es que, bajo decretos reglamentarios, es obligación que todo proyecto que busque financiamiento estatal pase por la Dirección de Inversión Pública. El organismo, una vez en sus manos, realiza un dictamen (no vinculante) sobre la conveniencia o no de la realización del proyecto que se presenta bajo criterios objetivos y medibles.
“Hoy cualquier proyecto que busque estar en el Presupuesto, debe pasar sí o sí por la Dirección”, manifestaron desde Hacienda, a sabiendas que durante varios meses los organismos descentralizados o incluso ministerios buscaban “saltearse” la lupa del organismo que dirige Correa Becker.
No obstante, se entiende que, más allá de este ranking de obras o este “banco de obras”, el Ministerio se sentará con los futuros ganadores de las elecciones (sea oficialismo u oposición) para delinear el Presupuesto 2024, y ofrecerán los servicios realizados por la Dirección, más allá que la decisión final de dónde se distribuyen los recursos son del Gobernador.
En este sentido, mencionaron que “no se trata de poner trabas a quienes buscan impulsar sus proyectos, sino que es un acompañamiento y asesoramiento en una especie de consultoría para darle una lógica a los mismos”, manifestaron desde la Dirección, que ya ha tenido a su cargo el paso de más de 100 proyectos.
“Lo importante es no llegar tarde a la obra, porque muchas veces se invierte mucho dinero en la realización de un proyecto, y después resulta que no era tan conveniente. Eso es lo que se quiere evitar”, acotaron, y rememoraron el levantamiento de la “Villa Olímpica”, obra que se comenzó durante la gestión de Francisco Pérez y que fue altamente cuestionada por la de Alfredo Cornejo por su mantenimiento y su uso, que hoy es acotado.
En este sentido, se ha hecho referencia durante muchos años y en determinadas ocasiones a “malas decisiones” tomadas por el Estado sobre algunas obras encaradas, en las cuales se malgastó de dinero o no han resuelto problemas.
“¿Es importante ampliar la guardia del Notti o hay que potenciar un centro de salud en una zona donde muchas familias van a ese hospital?; ¿es más importante erradicar una villa y relocalizar a las familias o construir un barrio para clase media en otro departamento? Lo importante es hacerse primero las preguntas de la conveniencia y la factibilidad de un proyecto, antes de gastar dinero en todo el proyecto ejecutivo para alguna construcción que no es la que mejor podría resolver la situación o generar un real beneficio a la sociedad”, expresaron desde Hacienda.
Lo cierto es que el Gobierno, con los decretos 2290/19 y 609/21 estableció el marco normativo de la dirección, cuyo objetivo es desarrollar un marco de seguimiento y análisis de la evolución de los gastos, impulsando la incorporación de indicadores de gestión y la adopción de presupuestos por resultados en las unidades organizativas de la Administración Pública Provincial.
Entre las preguntas o datos que se piden contestar o informar, están cuál es la problemática a resolver con el proyecto, sus antecedentes, sus objetivos, cuáles son los servicios o productos que se brindarán, justificar por qué se ha seleccionado la alternativa elegida, cuál es su capacidad prestacional, si hay alternativas para resolver el problema planteado, si han dimensionado costos, su cobertura territorial y la prioridad del proyecto, entre otras.
Mendoza es pionera a nivel nacional no sólo en esta Dirección de Inversión Públicas, sino también en los llamados “precios sociales”, que hacen referencia a cuánto valora la sociedad cierto tipo de bien o servicio. Este programa se encaró entre el ministerio y la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo).
“¿Cuánto vale el tiempo de la gente? a la hora de evaluar proyectos viales o en lo que refiere a un trámite como ventanilla única... ¿cuánto valora la sociedad un puesto más de empleo? ¿cuánto valen las obras que me permiten ahorrar agua?”, expresan desde Hacienda, con referencia a este tipo de herramientas que buscan poner todos los pros y contras de las inversiones públicas en la balanza.
Por ahora son cuatro los precios definidos: el precio social de la divisa o tipo de cambio social; el precio social de la mano de obra dividido en tres categorías: no calificada, semi calificada y calificada; el valor social del tiempo y la tasa social de descuento.
“Los precios sociales permiten verificar si los proyectos que se desarrollan en ella son rentables para el conjunto de los agentes económicos. Es decir para los residentes de la comunidad que son productores, agricultores, el sector público, los afectados, y todos los que de alguna manera están involucrados en el proyecto al que se apliquen estos precios”, acotaron en su presentación, en mayo pasado.
Creación de la Dirección
La Dirección General de Inversión Pública y Participación Público-Privada (DGIP) es la unidad rectora del Sistema de Inversión Pública. La misma fue creada en diciembre de 2019 a través del Decreto 2990/19. Su objetivo es “velar por la aplicación de las normas, procedimientos y metodologías que garanticen una eficiente y oportuna asignación de recursos públicos para mejorar la capacidad productiva de bienes y servicios del Sector Público Provincial”.
El Sistema de Inversión Pública es uno de los diez sistemas de administración establecidos en la Ley de Administración Financiera Provincial (Ley 8706) y comprende el conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos necesarios para la formulación del plan provincial de inversión pública y la identificación, formulación y evaluación de los proyectos de inversión.
En base al impulso de la Dirección de Inversión Pública, se presentó su nuevo sitio web, a través del cual se puede acceder a toda la información sobre los mencionados precios sociales, metodologías, programas vigentes, capacitaciones y el plan provincial de inversión pública, entre otros.
Además, a través del sitio, los organismos estatales podrán acceder al nuevo sistema de Banco de Proyectos.
