La Cámara de Diputados pasó a un cuarto intermedio hasta este viernes a las 10, por lo que se demoró hasta esta jornada la aprobación del proyecto de ley Bases, que contempla la declaración de emergencia pública, privatizaciones de una treintena de empresas y una reforma del Estado.
La decisión se adoptó a propuesta del diputado Oscar Zago y fue respaldado por la mayoría de los legisladores.
Segundo día de debate agitado
Eran casi las 8 de la noche cuando los diputados de izquierda Myriam Bregman y Nicolás Del Caño irrumpieron en el recinto. “¡Hijos de re mil puta! ¡Nos tiraron las motos encima!”, gritaron. Romina Del Plá exigía “frenar la carnicería” en la manifestación en las afueras del Congreso. Mientras tanto, la UCR y el bloque de Miguel Pichetto analizaban la contrapropuesta que finalmente llegó desde el Gobierno para terminar de destrabar la “ley ómnibus” y votarla hacia la medianoche.
Al cabo de una tarde donde las negociaciones parecían conducir a un callejón sin salida, el Poder Ejecutivo remitió a los diputados “dialoguistas” una nueva versión del proyecto donde limitó a seis las áreas de las facultades delegadas y bajó de 36 a 27 la cantidad de empresas a privatizar. El lobby de los diputados de Córdoba consiguió quitar de la lista a cinco empresas radicadas en esa provincia, entre las nueve totales que quedaron afuera. Además, se ajustó el mecanismo de las privatizaciones a la propuesta de Hacemos Coalición Federal.
Con esas concesiones, el oficialismo se aseguraba la aprobación de uno de los capítulos medulares del proyecto junto con el de facultades delegadas, aunque seguía habiendo algunas diferencias. Un puñado de radicales no estaba dispuesto a acompañar ninguno de los dos temas, mientras que los cordobeses que responden al gobernador Martín Llaryora se resistían a acompañar las facultades delegadas en materia económica, financiera y fiscal, a la espera de avances concretos sobre un pacto fiscal con las provincias.
El pedido de una convocatoria a gobernadores para acordar un esfuerzo fiscal compartido entre Nación y provincias sobrevoló toda la jornada. El ministro del Interior, Guillermo Francos (que entrada la noche apareció en el Congreso) había condicionado la realización del encuentro a la aprobación de la ley, tensando aún más el clima.
El debate tuvo su pico de tensión cuando los diputados Del Plá y Germán Martínez (Unión por la Patria) pidieron pasar a un cuarto intermedio y reunir de urgencia a los jefes de bloque por los graves incidentes en la protesta contra la ley. “En este mismo momento se está produciendo una feroz represión sobre los manifestantes que están afuera: gases, palos y golpes, en nombre de defender que no se corte una calle que está cortando la Gendarmería con sus carros de asalto”, informó Del Plá.
La moción fue rechazada en medio de los intentos del titular de la Cámara, Martín Menem, para evitar que no se desmadrara la sesión. Pichetto y el radical Rodrigo De Loredo ayudaron a frenar el cuarto intermedio, que se votó a mano alzada.
“Hacemos Coalición Federal no va a permitir que se interrumpa la labor de un poder del Estado”, sentenció Pichetto, que fue aplaudido por los libertarios. “Dejen de aplaudir, no sean pelotudos, parece que están en una fiesta”, remató. De Loredo, por su parte, acusó al kirchnerismo de hacer un “acting de levantarse jugando con el quórum”.
Diputados de Unión por la Patria y otros bloques, como Mónica Frade (Coalición Cívica) y Esteban Paulón (Partido Socialista) salieron en estampida del Congreso para intervenir en la manifestación. A la vuelta, rompió el silencio Máximo Kirchner. “Esto es evitable, y pasa porque a veces queremos juntar votos viendo quién es más guapo o quién reprime más”, lamentó el camporista.
Mientras tanto, en las distintas oficinas se terminaban de confirmar los apoyos que le darían a La Libertad Avanza la aprobación de los capítulos más controvertidos del proyecto. La versión redactada en Casa Rosada tenía 386 artículos, 139 menos que el dictamen de comisiones.
Las empresas que quedaron afuera del listado de privatizaciones totales son el Banco de Inversión y Comercio Exterior; la Casa de la Moneda; Dioxitek; Fábrica Argentina de Aviones; Fabricaciones Militares; Radio de la Universidad Nacional del Litoral; Servicio de Radio y Televisión de la Universidad de Córdoba; Vehículo Espacial Nueva Generación; y Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio.
En cuanto al proceso, el texto remitido a los diputados disponía la intervención de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, integrada por seis diputados y seis senadores, que deberá ser informada del pliego de bases y condiciones de cada empresa, y además recibir un informe previo “integral” sobre aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos de cada una.
La jornada estuvo atravesada, de nuevo, por agitadas negociaciones. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y el vocero presidencial Manuel Adorni pasaron por las oficinas de Menem. También acudieron a Diputados el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, quien redactó junto a diputados una corrección en un artículo sobre la reestructuración de la deuda externa.
Las negociaciones con “dialoguistas” volvieron a fastidiar a Germán Martínez, jefe de Unión por la Patria, quien exigía conocer los nuevos cambios a un dictamen que, según denunció, nunca estuvo sobre las bancas. “¿Hay o no hay un texto con modificaciones?”, insistió el santafesino. Menem esquivó la respuesta.
Con la presión bajo sus hombros, los libertarios que quedaban por hablar en la sesión se bajaron de la lista de oradores. Sin embargo, por falta de apoyos suficientes, peligraban artículos sobre ambiente y cultura. También se analizaban más modificaciones en materia penal, que ya había sufrido recortes. Por ejemplo, estaba en duda el capítulo que amplía los casos que deben ser considerados como legítima defensa. Por otra parte, había un principio de acuerdo para avanzar con la nueva regulación de los biocombustibles.
