Sin sorpresas y tal como preveían inclusive en la misma Casa Rosada, la Corte Suprema de Justicia falló este martes a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y avaló su “autonomía” en la demanda contra el decreto presidencial que había determinado la suspensión de las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), como una de las medidas sanitarias para mitigar los efectos de la segunda ola de coronavirus.
Poco después del conocido el fallo, en un acto en el que se anunció la entrega de 700 mil netbooks a estudiantes secundarios, el Presidente Alberto Fernández aludió con una fuerte crítica a la decisión de la Corte: “Yo amo el Estado de Derecho y respeto las sentencias judiciales. Como hace 30 años que enseño Derecho en la Universidad de Buenos Aires, no saben lo que me apena ver la decrepitud del Derecho convertido en sentencia”, dijo el Presidente. “Dicten las sentencias que quieran, vamos a hacer lo que debemos”, afirmó Fernández, en el acto celebrado en la planta bonaerense de BGH.
El Gobierno porteño recurrió a la Justicia a mediados de abril, después de que el Poder Ejecutivo dictara la suspensión de la presencialidad escolar para la Ciudad de Buenos Aires y los 40 distritos bonaerenses que integran el AMBA (Area Metropolitana de Buenos Aires). La pulseada judicial transcurrió en un contexto de fuerte disputa política entre el oficialismo y la opositora Juntos por el Cambio, por las medidas sanitarias y el plan de vacunación que lleva adelante el Gobierno nacional.
El ministro de Justicia, Martín Soria, también se pronunció de manera crítica: “El fallo es una decisión política que lleva al límite el funcionamiento institucional. Pero las consecuencias no son políticas, se miden en vidas”, sostuvo.
Para Soria, “Larreta judicializó la pandemia con una clara intención electoral. El año pasado, con la mitad de casos que ahora, adhirió a todos los DNU. ¿Por qué cambió ahora? Lamentablemente, la CSJN se prestó a este juego. Con un argumento falaz, afirma que ‘no habla de políticas sanitarias’, pero en los hechos es eso lo que está haciendo. ¿Se va a hacer cargo de las consecuencias que genere esta decisión irresponsable?”, se preguntó el ministro.
El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, lamentó que “la Corte haya consumido su tiempo en cuestiones de autonomía y jurisdicción en medio de una pandemia que diariamente cuesta cientos de vidas. Es una discusión alejada de la realidad de las terapias intensivas”, criticó.
Por la tarde, el Poder Ejecutivo emitió un comunicado en el que defendió los decretos sanitarios dictados “en un marco de excepcionalidad” ante la emergencia sanitaria. También se afirma que “desde el punto de vista epidemiológico y sanitario, el AMBA, como aglomerado urbano, constituye una unidad inescindible, y así lo reconocieron todas las autoridades durante la gestión de la pandemia durante el año 2020”.
El comunicado (firmado por el Secretario de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi) dice que con las medidas sanitarias impuestas por el decreto “se verificó” una disminución de la curva de contagios en el AMBA “más marcada” que la verificada en CABA, donde no se aplicó el decreto.
Alberto Fernández anunció la semana pasada que enviará al Congreso un proyecto de ley que fije “criterios científicos claros y precisos” al Ejecutivo Nacional y a los gobiernos provinciales para adoptar medidas para combatir la pandemia de coronavirus. Esa ley, se evalúa, permitirá evitar controversias como la ocurrida entre los gobiernos nacional y porteño por la suspensión de las clases presenciales.
El fallo
La sentencia unánime tuvo tres votos diferentes. El cordobés Juan Carlos Maqueda fijó posición junto al ministro Horacio Rosatti (ambos de extracción peronista), mientras que Carlos Ronsekrantz y Ricardo Lorenzetti lo hicieron cada uno por su lado. Elena Highton se abstuvo al haber adelantado que el caso no era competencia del máximo tribunal de Justicia.
En su resolución, la Corte concluyó que el artículo 2 del DNU 241/21 “violó la autonomía de la ciudad”. El fallo reconoce que el decreto venció el 30 de abril en su alcance, y por eso no lo declaró inconstitucional.
“Corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -al igual que a las provincias- la atribución para decidir sobre los modos de promover y asegurar la educación de sus habitantes”, dice el fallo firmado en forma unánime, pero con distintos argumentos.
Conocedores del cuarto piso del Palacio de Justicia, donde funciona la Corte, apuntaron que desde que preside Rosenkrantz (agosto de 2016), es la primera vez que sale por unanimidad un fallo sobre un tema relevante, con la presidencia coincidiendo con los dos votos peronistas (Maqueda y Rosatti).
Según la sentencia, “la falta de justificación suficiente para ejercer una competencia sanitaria que alcance a suspender la modalidad presencial de la educación en la Ciudad deja al descubierto que, en este caso, el Estado Federal, en lugar de ejercer una atribución propia, invadió una que le resulta ajena”.
Un argumento reiterado en los votos de los supremos es el de las facultades concurrentes, que se refiere a la necesidad de acuerdo entre las partes para avanzar en las restricciones. “En un federalismo de concertación, y a la luz de los principios de “buena fe” y “lealtad federal” que se han señalado precedentemente, resulta inexorable que toda otra conformación regional para el ejercicio de competencias exclusivas de las jurisdicciones locales (o concurrentes de estas con el gobierno nacional) debe contar con la participación de las partes involucradas”, dice el voto de Rosatti y Maqueda.
CFK dijo que la Corte dio un “golpe contra las instituciones”
Incluso antes de que Alberto Fernández y su gabinete muestren alguna reacción, la vicepresidenta Cristina Fernández salió a cuestionar a la Corte Suprema de Justicia y a tribunales inferiores por fallos adversos para con decisiones de la Casa Rosada.
“Está muy claro que los golpes contra las instituciones democráticas elegidas por el voto popular ya no son como antaño”, escribió Cristina. Y señaló que con sus fallos los jueces están ejerciendo de hecho facultades ejecutivas. No obstante, el máximo tribunal no negó poderes regulatorios a la Nación de manera general sino solo en lo que refiere a la presencialidad de las escuelas, dado que la educación es responsabilidad de los Estados subnacionales.
Horas antes, Cristina había pedido formalmente la nulidad de la causa de Memorándum con Irán a través de un escrito de 82 páginas presentado por sus abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, en el que se menciona 56 veces al ex presidente Mauricio Macri, por su relación y encuentros con los jueces que impulsaron su juzgamiento en este expediente.
Con un video de casi seis minutos, con la voz del relato a cargo del actor Pablo Echarri y el título “de jueces a dedo, arbitrariedades y fallos escritos en la Quinta de Olivos”, Cristina anunció el pedido de nulidad e insistió con que fue y es víctima de la “Mesa Judicial” creada y gestionada, según ella, por Macri y Marcos Peña entre 2016 y 2019.
