El Poder Ejecutivo aspira a expropiar la porción del ex complejo de esquí Los Penitentes que mantenían sus dueños originales, los integrantes de la familia López Frugoni. Se trata de tres polígonos que conforman una superficie de 6,8 hectáreas. La primera expropiación, realizada en 2019 y que todavía se discute en la Justicia, incluyó 6 polígonos, que conformaban una superficie de casi 43 hectáreas.
El área abarcada en el nuevo proceso incluye el pasillo comunero de edificios privados, la zona de La Herradura y un sector de maniobras de avalancha.
El proyecto enviado a la Legislatura fija que el destino de la expropiación será “por sí o en asocio con terceros” la “explotación turística, deportiva y comercial de un polo de actividades de montaña, descanso y cualquier otra actividad que estime menester, procurando en todo momento lograr el avenimiento con los sujetos expropiados”.
La anterior expropiación también tuvo legislativo. Se trata de la ley 9175, que declaró de utilidad pública los terrenos del ex centro de esquí. Luego el Gobierno llamó a licitación para refuncionalizar el predio, ampliando sus características para convertirlo en un “centro de esquí y parque de montaña”, pero aquel proceso fracasó.
Entre 2021 y 2023, se intentaron distintos permisos de uso precario y procesos licitatorios que tampoco pudieron concretarse. Recién este año se consiguió otorgar un permiso provisorio a la empresa Mapsa Group SA, que explotó un parque de montaña y tiene otro emprendimiento en la Costa Norte del dique Potrerillos.
Ahora el Gobierno intentará una nueva licitación, según adelantó el ministro de Gobierno, Natalio Mema. “Es la idea”, indicó el funcionario. Y precisó: “Ahora se expropian tres polígonos para poder licitar el Parque de Montañas de manera completa, unificada y con posibilidades de ampliar servicios extras a los del centro de esquí originario.
En el medio, la empresa expropiada inició una demanda contra la Provincia que se tramita en el Juzgado de Gestión Judicial Asociada Número 3.
En los considerandos del proyecto, el Poder Ejecutivo señala que volver a poner en funcionamiento el centro de actividades de montaña “contribuye a la activación de sectores de la economía provincial” y representaría “oportunidades laborales para los habitantes locales, de las zonas aledañas e incluso de mano de obra que habita en la ciudad de Mendoza”.
No obstante, también se hace hincapié en las argumentaciones en que la “imprevisibilidad climática” no siempre garantiza nieve en el lugar y hace necesario considerar otras actividades tales como “mountain bike, descenso, escalada, tirolesa, running, etc”. De hecho, el proyecto resalta que, a excepción del invierno 2023, “la provincia transita el onceavo año de emergencia hídrica por falta de nevadas”.
Eso sí, el Gobierno destaca también que el turismo es una actividad “prioritaria” y que distintas leyes, como la de Turismo (8845) y el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial (8999), entre otras normativas, “brindan herramientas idóneas y efectivas para dar cumplimiento a la determinación de utilidad pública de las tres parcelas restantes del inmueble”.
En este contexto, el proyecto establece que el Gobierno deberá “compensar los créditos líquidos y exigibles que tenga para con los sujetos expropiados, con el precio de la expropiación y/o las indemnizaciones a abonar a aquellos”.
Y señala que los gastos serán atendidos por medio del presupuesto, “autorizando a la correspondiente reasignación de partidas del presente ejercicio” y debiéndose previsionar las partidas necesarias de futuros ejercicios.
Para la primera expropiación, en 2020, el gobierno de Rodolfo Suárez dispuso de poco más de 4 millones de pesos, pero quienes eran dueños rechazaron el trato e iniciaron la causa judicial, que ahora podría sumar otro capítulo.
Se desconoce el nuevo monto de la expropiación, valor que depende de lo que determinen un tribunal de tasación y la comisión de valuaciones.
