Finalmente, este viernes el Gobierno provincial envió a la Legislatura el proyecto de ley de saneamiento de la OSEP. Lo hizo de forma cauta, sin ningún anuncio oficial, después de que trascendieran los principales lineamientos de la iniciativa y provocaran la reacción adversa de la oposición.
El proyecto ingresado esta mañana en la Cámara de Diputados propone “modificar los artículos 22 y 24 de la Carta Orgánica de Osep Decreto Ley N° 43/73 y sus modificatorias” para actualizar el esquema de aportes y contribuciones de la obra social de los empleados públicos. De esta manera buscan recaudar cerca de $5.000 millones más de forma anual y reducir el déficit existente que supera los $6.000 millones.
Los principales cambios consisten en elevar el aporte denominado Fondo de Enfermedades Catastróficas (FEC) que pagan los afiliados directos con indirectos a cargo (pareja y/o hijos) de un 0,08% a un 0,75%. Los afectados serían el 52% de los empleados afiliados.
Es decir que la modificación del incremento segmentado sobre el haber bruto del afiliado titular será del 0,75% hasta 1 indirecto, 1,5% hasta 2 indirectos y del 2,25% para más de dos indirectos. Esa será la escala que impulsan en la propuesta.
De esta manera, la Osep aumentaría sus arcas de forma mensual en un $177 millones y de forma anual en $2.301 millones, estimaron desde el Gobierno.
Este punto es el que ha levantado críticas por parte del peronismo y también de algunos gremios estatales. Desde el PJ piden que se considere un proyecto que presentó el senador Lucas Ilardo, aunque desde la obra social hicieron trascender que lo han evaluado y “es deficitario”.
El otro cambio que plantea el Gobierno es incrementar en un 1% el aporte de las patronales, ósea de los poderes del Estado y los municipios. Es decir, que este porcentaje pasaría de un 6% a un 7%, lo que daría en total un ingreso del 13% a la obra social entre afiliado (6%) y patronal.
Este 1% significaría, según cálculos actuales, un incremento mensual del $202.655.139 y uno anual del $2.634.516.816.
Los principales argumentos
Entre los argumentos de la norma, desde el Ejecutivo explican que la Osep se financia con los aportes de sus afiliados y con las contribuciones de los empleadores (poderes del Estado y municipios), bajo un sistema que está concebido “con un espíritu solidario, donde el beneficiario que percibe una remuneración más alta, debe aportar mayor cantidad de dinero mensualmente” respecto de quien recibe una menor remuneración, “procurando el mismo nivel de accesibilidad para todos los beneficiarios que la necesiten”.
Luego hacen mención a la “preocupación creciente” por el financiamiento de los sistemas de salud y aseguran que aquellos estructurados en un esquema solidario como OSEP, “vienen sufriendo más de diez años fuertes presiones sobre la ecuación ingresos-gastos”, agravados por la pandemia de Covid-19 y los posteriores incrementos inflacionarios.
En ese sentido enumeran cuatro ejes que explican “la cronicidad de déficits en las ejecuciones presupuestarias de Osep:
1- La falta de contribución patronal sobre el personal en actividad por los pasivos (jubilados que mantienen la obra social y no se van a Pami)
2- Los costos que trae aparejada la aplicación de la Ley N° 24.901 (de atención integral a personas con discapacidad) sus modificatorias y complementarias
3- Las particularidades que presenta el mercado nacional de medicamentos, especialmente el segmento de alto costo
4- Las variables macroeconómicas del país: inflación, cotización del dólar, legislación específica sobre coberturas, amparos, entre otras.
