El Gobierno provincial avanza hacia la creación del Parque Industrial y de Servicios Pata Mora, para potenciar la actividad petrolera y minera en el sur del departamento de Malargüe. Antes de que sancionara la ley en la Legislatura, el Gobierno provincial ya había puesto en marcha un fideicomiso al cuál destinarle fondos para dicha realización.
En mayo pasado, mientras se trataba el proyecto, el Ejecutivo destinó $400 millones al “Fideicomiso para el desarrollo de Malargüe y del Polo Logístico y de Servicios Pata Mora” y ahora inyectó otros 100 millones de pesos, según se estableció a través del Decreto N° 1730, publicado este lunes en el Boletín Oficial. Según establece la ley aprobada, se busca llegar a unos $600 millones, con posibilidad de extenderlo.
Entre los considerandos del decreto se explica que el fideicomiso creado a fines de diciembre pasado, prevé la “administración, planificación, ejecución de estudios, de obras, prestación de servicios, comercialización y demás actos necesarios o convenientes para el desarrollo de zonas del Departamento de Malargüe y del Polo Logístico y de Servicio de la localidad de Pata Mora”.
“Que el Patrimonio del Fideicomiso puede ser incrementado por aportes que determine integrar el Poder Ejecutivo Provincial, es decir, que el patrimonio fideicomitido puede ser ampliado por el fiduciante mediante nuevos aportes”, agregan.
Y que, dado que el contrato “no prevé un mecanismo específico para efectuar nuevos aportes, el mismo se puede realizar mediante decreto del Poder Ejecutivo, con comunicación al fiduciario, a fin de que cumpla con la manda fiduciaria”.
La ley aprobada
En la ley sancionada el pasado 4 de julio, se habilitó a la Provincia a transferir los bienes expropiados por Ley Nº 9.136 y modificatorias – donde se asentará el Parque Industrial – al Fideicomiso para el Desarrollo de Malargüe y del Polo Logístico y de Servicios Pata Mora suscrito con Mendoza Fiduciaria SA.
Según explica la norma, el fideicomiso podrá administrar el parque como así también realizar las obras de infraestructura necesarias para su desarrollo y la posterior venta, ubicación, cesiones o permisos de parcelas, tanto a sujetos privados como públicos, priorizando empresas locales, que contraten mano de obra mendocina. También “podrá, en caso de ser necesario y previa instrucción del Fiduciante, instrumentar quitas y condonaciones razonables y motivadas”.
Asimismo, se autoriza al Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Energía que la autoridad de aplicación, a realizar aportes al Fideicomiso que será posible el desarrollo del Proyecto.
Esos aportes alcanzarán la suma de 600 millones de pesos, y la cartera ministerial mencionada, deberá asignar las partidas en la medida que financiera y presumiblemente se lo permita para cumplir con el aporte. Y si resultase necesario incrementar el monto contemplado “deberá preverse en las leyes de presupuesto que correspondan”, manifiesta el articulado aprobado.
El gerente general de la empresa estatal PRC, Emilio Guiñazú, explicó a Los Andes cuando se sancionó la ley que el dinero que el Ejecutivo debe invertir en el fideicomiso, superará “los 200 millones de dólares” porque las obras de infraestructura no implican solo el Parque Industrial sino también infraestructura urbana, servicios públicos y conexión eléctrica. Y aclaró que los 600 millones de pesos aprobados están destinados a poder terminar fundamentalmente los proyectos, “pero también perfeccionar la expropiación”.
Entre los trabajos a desarrollarse es necesario “construir una ruta nueva prácticamente, que va a conectar el extremo sur con el resto de la provincia”, indicó Guiñazú y dijo que “hay una parte urbana que hay que desarrollarla con edificios de usos públicos como escuelas, sala de salud, estación para la policía”.
“Está prevista la construcción de casas y se le dará intervención al IPV y otras instituciones que correspondan”, comentó Guiñazú. Y explicó que las empresas todavía no se pueden instalar en la zona, pero “ya tienen con quién sentarse a hablar y planificar su trabajo”. Los privados deberán invertir en sus locaciones, porque el Estado solo les va a vender los terrenos.
