El Gobierno nacional hará el anuncio oficial en los próximos días sobre la eliminación de las Unidades de Gestión que manejaban los intermediarios de los planes sociales, lo que representaba un gasto anual de aproximadamente 34 millones de dólares para el Estado.
Las unidades tenían la responsabilidad de supervisar que los beneficiarios de la ayuda estatal cumplieran con las contraprestaciones necesarias para recibir los planes sociales, informó Noticias Argentinas.
La medida se tomó tras la decisión de la administración de Javier Milei de eliminar el programa Potenciar Trabajo, el cual será sustituido por dos nuevos programas sociales, ambos con el objetivo principal de eliminar la intermediación. Se trata de “Volver al Trabajo” y “Acompañamiento Social”, con los que el Gobierno busca avanzar con la eliminación por completo de la intermediación.
“Planeros VIP cobraban fraudulentamente sin necesitarlo, mientras viajaban en avión al exterior, muchos con conexiones espúreas en la política, muchos empleados públicos y cuya eliminación del padrón redundó en un ahorro anual de 43.000 millones de pesos”, expresó Javier Milei en su discurso ante la Asamblea Legislativa.
La disolución del Potenciar Trabajo y sus implicaciones en las unidades de gestión se suma a los reclamos de los movimientos sociales, que se mantienen en alerta. Las organizaciones podrían anunciar protestas para exigir alimentos en los comedores y expresar su descontento por los cambios en los planes sociales.
Luego de la decisión del Poder Ejecutivo, de parte del oficialismo se efectuaron críticas hacia la existencia de más de 300 Unidades de Gestión en todo el país, las cuales estaban bajo la dependencia de movimientos sociales, organizaciones, cooperativas y municipios.
“Respecto a la asistencia social, nos comprometimos a terminar de una vez y para siempre con el negocio de los gerentes de la pobreza, que usan la intermediación de planes como mecanismo recaudatorio y como recurso extorsivo para manipular a los que menos tienen”, afirmó el presidente.
Las Unidades de Gestión, que coordinaban y administraban las prestaciones y proyectos del programa, han sido criticadas por algunos sectores como “gerentes de la pobreza”.
Esto se debe a que controlaban a los beneficiarios mediante mecanismos burocráticos que, lejos de promover la autonomía y el crecimiento personal, favorecían la intermediación y la dependencia, según el Ministerio a cargo de Sandra Pettovello.
