Las imágenes de las topadoras arrollando casillas de madera, chapas y nylon en el desalojo policial de un descampado en Guernica (Gran Buenos Aires) fueron complicadas de explicar para el gobierno del Frente de Todos. “El gobernador (Kicillof) instruyó a sus ministros a encontrar todas las vías posibles para una salida pacífica antes de que la Justicia impusiera el desalojo formal”, justificó la ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, con un tono que dejó trascender cierta amargura.
En la Casa Rosada, el ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis respaldó al gobierno provincial. “Se cumplió una orden judicial”, dijo. Katopodis buscó refutar acusaciones escuchadas estos días de parte de la oposición política: “El gobierno viene reafirmando desde el primer día el respeto por la propiedad privada”.
La orden de desalojo le correspondió a la justicia, no al gobernador, es cierto. Pero también es cierto que el operativo policial tuvo la impronta de Sergio Berni, el ministro de Seguridad bonaerense. “Si no se ejecutaba la decisión judicial la provincia incurría en desacato”, dijo por la tarde Kicillof.
El gobierno bonaerense hizo trascender a media mañana que la vicepresidenta Cristina Kirchner se comunicó por teléfono con el gobernador, para expresarle su apoyo al desalojo. “Cristina pidió que no se reprima, que no se lastime a nadie. Se hizo un operativo ordenado y con disuasión. Al ministro Berni se le había ordenado que no haya disparos contra la gente”, confió a este diario una funcionaria del gobernador Kicillof. Se buscó así blindar una acción que despertó críticas internas.
“No es una situación que celebremos, todo lo contrario”, reconoció Andrés Larroque, el ministro bonaerense que por dos meses buscó negociar una solución a la toma.
El operativo de Berni cayó mal en sectores kirchneristas. “¿Larroque tiene hijos? ¿Los funcionarios tienen familia? Porque realmente yo no puedo entenderlos”, se lamentó Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo.
El Centro de Estudios Legales y Sociales expresó que “el desalojo de la toma de Guernica tapa el problema real al que no le dieron solución. Ayer había 1.400 familias sin un lugar para vivir. Hoy hay 1.400 familias sin un lugar para vivir”.
La joven legisladora porteña por el Frente de Todos, Ofelia Fernández, también criticó el operativo policial desplegado en Guernica. “La decepción y el repudio es total. Sacaron los palos con niños ahí; detuvieron a militantes secundarias; quemaron casitas… ¿me explico?”, escribió en red social Twitter.
En enero de 2016, a poco de asumir María Eugenia Vidal la gobernación, hubo una ocupación de tierras en Merlo, al oeste de conurbano. Hubo un desalojo con represión. Las ocupaciones de tierras en el Gran Buenos Aires atraviesan los distintos gobiernos, poniendo al descubierto un enorme déficit habitacional, con las consecuencias sociales que esto implica y la Iglesia Católica dijo algo al respecto.
“En estas últimas décadas, las distintas ocupaciones de tierras evidenciaron la precaria situación de tantas familias, que han debido procurarse un lugar para vivir. En este sentido, como cristianos nos sentimos interpelados ante toda forma de exclusión que deja a hombres y mujeres sin un techo digno.
Ello no obstante, nada justifica la intrusión y la violencia a costa de la vida y los derechos de los demás. La Iglesia no avala las tomas. Son ocasión de violencia y agitación social, muchas veces incentivadas”, dijo un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina.
En el gobierno nacional dicen que es mentira que se haga la vista gorda frente a episodios de tomas de tierras. El Presidente Alberto Fernández no hace mucho se reunió con la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, preocupada por ocupaciones en su provincia, y le reafirmó que el Estado nacional no propiciaba esos mecanismos de lucha política.
Desde el oficialismo señalan a Juntos por el Cambio. Se remiten a las presencias de Miguel Angel Pichetto y de Patricia Bullrich en el campo de los Etchevehere. “Le pedimos a la oposición responsabilidad. No hay ningún funcionario de este gobierno involucrado en ninguna usurpación”, dijo Santiago Cafiero.
“Vivir en Estado de Derecho significa respetar la ley, sin excepciones ni medias tintas. Cuando alguien vive al margen de la ley, lo que hace es romper el contrato de convivencia que tenemos argentinos y argentinas”, se sumó Sergio Massa, en nombre del gobierno nacional, ya al final de una agitada jornada.
