El Gobierno Provincial incrementará en un 150% la cantidad tobilleras electrónicas que dispone la provincia para presos que puedan acceder a esos beneficios. Actualmente hay en funcionamiento un servicio de monitoreo para 120 pulseras, distribuidas en todo el territorio provincial; y en los próximos meses se contratará el servicio para ampliar el número a 300, según informaron desde el Servicio Penitenciario de Mendoza, que dirige Eduardo Orellana.
La medida comenzó todo el proceso administrativo este lunes, con un decreto en el Boletín Oficial en el cual se anunció que se destinarán $4.084 millones para la contratación de un “servicio de monitoreo, supervisión y rastreo electrónico de presos de Mendoza mediante un sistema satelital”, con el que se controlarán las tobilleras electrónicas que dispone la provincia.
El decreto es el 1676 del Boletín Oficial, en el cual el gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, autorizaron el llamado a licitación por parte de la a Coordinación de Administración Contable de la Dirección General del Servicio Penitenciario.
En tanto, el plazo de contratación será de 24 meses, con destino a “atender necesidades de la Dirección General del Servicio Penitenciario, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia”.
No obstante, dentro del presupuesto de los $4.084 millones, el Gobierno imputará, según el artículo 1 del decreto, $134,2 millones para cubrir lo que resta de este 2024.
Por otro lado, si bien el servicio es en dólares, la valuación se tomó mediante la cotización de la moneda estadounidense por parte del Banco Nación del 31 de julio, en el cual el cambio estaba a $951,50, por lo que es un hecho que los montos serán diferentes a la hora de la contratación, según cómo resulte la licitación.
Contratar el servicio
Desde el Servicio Penitenciario informaron a Los Andes que la licitación apunta a contratar “todo” el servicio; es decir, no sólo el software con el cual la Policía dentro del CEO 911 y el Servicio Penitenciario pueda monitorear a cada uno de los presos que accedan al beneficio de la detención domiciliaria; sino también a las propias pulseras y dispositivos que componen todo este sistema.
“La Provincia no tiene tobilleras propias, las alquila en todo el combo”, acotaron a este medio.
De hecho, el objetivo que se tiene es ampliar el servicio a 300, teniendo en cuenta que en muchos casos el cupo de las 120 tobilleras, número que se anunció a mediados del 2021, suele estar completo, y además porque también hay una proyección de un incremento de la población carcelaria, como ha ocurrido en los últimos años.
Desde la Penitenciaría agregaron que el hecho de contratar el servicio de las 300 pulseras no quiere decir que se utilicen todas al mismo tiempo. “Se paga el sistema según cuántas hay activas de forma diaria”. En este sentido, las 300 pulseras, si se utilizaranlos 365 días, darían un número de “108.000 unidades de monitoreo al año”.
La licitación abarcará además la contratación también “de los equipos de monitoreo electrónico”, cuyo contrato suele renovarse cada dos años.
Variantes de las tobilleras
En tanto, con este software se utilizan dos sistemas. Uno de ellos es el llamado “E4″, que es un dispositivo (central) que se coloca en el domicilio, que está geolocalizado y emite una señal; mientras que la persona con el beneficio de detención domiciliaria tiene una tobillera que marca la distancia con el equipo central; y no puede separarse en un rango mayor que la distancia predefinida por el Servicio Penitenciario.
“En caso que el preso se separe de ese rango, la ‘central’ emite una alerta que va directo al 911; y desde allí se acciona con la Policía″, expresaron. Del mismo modo, en caso que alguien de los que está en esa vivienda mueve la central de lugar, también se emite la misma alerta. “La central va fija y está prohibido moverla. Cualquier cambio llega a la Policía”, determinaron; y expresaron que todos los dispositivos están geolocalizados.
Por otro lado, la segunda variante de las tobilleras electrónicas es la llamada “pulsera GPS”, que no tiene una “central” y que también está geolocalizada, emite pulsos y también alertas al 911 cuando se separa del rango limitado por la Penitenciaría.
En estos casos, mayoritariamente se coloca estas pulseras GPS para aquellos internos que tienen el beneficio de “semilibertad”, es decir, que también pueden salir de su vivienda, por ejemplo, para trabajar.
“Estas pulseras emiten señales de forma permanente y se les establecen ‘puntos’ o lugares en el mapa donde pueden ir, como por ejemplo el trabajo. Pero si la tobillera se aleja de esos parámetros, llega la señal a la Policía”, indicaron.
Por otro lado, agregaron que, tanto las E4 como las GPS son “resistentes”, pero en el caso que las destruyan, también se generará una alerta; mietras que además, “sólo se pagará el sistema para cada pulsera que sea utilizada”.
El uso de las tobilleras
Según informó el Ministerio de Justicia de la Nación años atrás, el sistema de vigilancia por medio de dispositivos electrónicos “es un mecanismo alternativo a las penas privativas de la libertad que se transformó, de esa manera, en un valioso instrumento para hacer frente a la sobrepoblación carcelaria; y que favorece además la integración social y reduce los índices de reincidencia en el delito”.
Por otro lado, según un pliego similar de la provincia de Buenos Aires sobre la contratación de tobilleras electrónicas, se dispuso que todo el sistema debe cumplir con las siguientes exigencias para conocer con precisión:
- Si una persona permanece en su domicilio o dentro de algún otro local preestablecido, en horarios preestablecidos.
- La ubicación de una persona, determinada y definida por coordenadas geográficas y su posición sobre una cartografía digital.
- El recorrido realizado por una persona, determinado y definido por las coordenadas geográficas de cada punto de trayectoria y la visualización del recorrido sobre una cartografía digital.
- Si un interno permanece en los horarios establecidos, dentro de una o más áreas permitidas, definidas previamente por sus coordenadas geográficas (para las pulseras GPS). Si un interno ingresa o permanece en áreas geográficas prohibidas, definidas previamente por sus coordenadas geográficas. Estas áreas se denominarán como zona de exclusión.
Quiénes pueden cumplir prisión domiciliaria
La detención domiciliaria está prevista en el artículo 10 del Código Penal, que establece que “podrán, a criterio del juez competente, cumplir la pena de reclusión o prisión en detención domiciliaria”:
- a) El interno enfermo cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario le impide recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no correspondiere su alojamiento en un establecimiento hospitalario;
- b) El interno que padezca una enfermedad incurable en período terminal;
- c) El interno díscapacitado cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario es inadecuada por su condición implicándole un trato indigno, inhumano o cruel;
- d) El interno mayor de setenta (70) años;
- e) La mujer embarazada;
- f) La madre de un niño menor de cinco (5) años o de una persona con discapacidad a su cargo.
En tanto, el artículo 33 de la ley de Ejecución de la pena privativa de la libertad, establece que “el condenado mayor de 70 años o el que padezca una enfermedad incurable en período terminal, podrá cumplir la pena impuesta en detención domiciliaria, por resolución del juez de ejecución o juez competente, cuando mediare pedido de un familiar, persona o institución responsable que asuma su cuidado, previo informes médico, psicológico y social que fundadamente lo justifique”.
El decreto
