El Gobierno aún no ha comenzado los trámites para convertir las empresas públicas en sociedades anónimas y está retrasando las privatizaciones. La mesa técnica encargada de este proceso aún no ha realizado ninguna presentación ante la Inspección General de Justicia (IGJ), dirigida por Daniel Vítolo, para iniciar el cambio de tipo jurídico.
“Hay balances de años pasados que no están y nos siguen faltando papeles. Está atrasado el proceso y puede demorar. La más avanzada es Banco Nación”, expresó a TN un funcionario.
El Ejecutivo afirma que no existe un único modelo para la transformación de las empresas estatales y que cada entidad debe presentar un balance actualizado que incluya los detalles de su contabilidad interna de los años anteriores.
El proceso de privatización está bajo la responsabilidad de Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, que depende del ministro de Economía, Luis Caputo. Chaher, quien anteriormente fue interventor de la agencia Télam, tiene la autoridad para efectuar despidos, designar interventores y llevar a cabo la reducción, cierre y venta de compañías estatales.
Cada organismo descentralizado cuenta con una legislación específica para su conversión en sociedad anónima, dependiendo del tipo jurídico previo utilizado por la Nación para su actividad comercial, que puede incluir sociedades de economía mixta, haciendas productivas, sociedades del Estado, entre otros.
Desde la Casa Rosada afirman que el primer paso para la privatización de las empresas estatales será convertirlas en sociedades anónimas, seguido de su tasación. Además, se planea cotizar algunas en bolsa para realizar una valoración de mercado de las estructuras.
En la Ley Bases, el Ejecutivo incluyó la privatización de varias entidades, como Energía Argentina, Intercargo, Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE), Nucleoeléctrica Argentina (NASA), Yacimientos Carboníferos de Río Turbio y Corredores Viales.
Además, el Gobierno busca avanzar en la venta de activos de empresas que no estén en esta lista. Un funcionario comentó a TN: “La intención es privatizar todas las empresas posibles. Algunas, como el Correo, lo permiten directamente por su estatuto”.
El proceso de privatización comenzará formalmente con la publicación de un decreto que iniciará el tratamiento de cada entidad en la comisión bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones. La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación (AGN) deberán presentar un informe sobre el estado legal y financiero de las empresas a los 15 días de la publicación de la norma.
La privatización puede realizarse a través de la venta de activos, acciones, establecimientos o haciendas productivas, o mediante administración con o sin opción de compra por un período determinado, siempre estableciendo previamente el precio de venta. Lo mismo aplicará para concesiones, licencias o permisos.
El Gobierno pretende privatizar Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), Corredores Viales, Correo Argentino, Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A. (IMPSA), Tandanor y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) antes de 2025, aunque reconoce que el proceso aún está en etapas iniciales.
Además, planea insistir en la privatización de Aerolíneas Argentinas y Banco Nación en el corto plazo, y la mesa chica de Balcarce 50 proyecta presentar proyectos de ley separados en el Congreso para facilitar estos cambios.
