El Ministerio de Seguridad de Argentina decidió dejar de ofrecer recompensas monetarias para quienes aporten información sobre prófugos de delitos de lesa humanidad, centrándose en casos graves en Rosario. Esta medida afecta a 21 acusados de crímenes durante la dictadura militar.
El Ministerio de Seguridad dejó caer la oferta de recompensas para quienes aporten información que lleve al arresto de 21 prófugos buscados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar. Esta decisión, que fue oficializada el pasado 24 de marzo, ha generado críticas y cuestionamientos por parte de organismos de derechos humanos y sectores políticos.
Según lo informado por La Nación, esta medida se enmarca en la política de enfocar los recursos en casos considerados “más urgentes”, como los crímenes graves en la ciudad de Rosario y otros lugares del país. Sin embargo, algunos sectores argumentan que es un retroceso en materia de justicia y memoria histórica.
La resolución del Ministerio de Seguridad puso fin a los avisos de recompensa que habían sido prorrogados anteriormente, con un plazo de 12 meses, para encontrar a los prófugos de crímenes de lesa humanidad. Estos avisos no fueron renovados en el aniversario del golpe cívico-militar, generando un debate sobre el compromiso del Estado en la búsqueda de verdad y justicia.
La noticia llega en un momento en que el Gobierno propone una “reconciliación” con las Fuerzas Armadas y busca eliminar “las humillaciones”, incluso invitando a la cúpula militar a participar en el Pacto de Mayo. La única recompensa que sigue vigente es la de Aníbal Miguel Sánchez, quien está imputado por graves delitos cometidos durante su servicio en el Regimiento de Infantería N° 6 “General Viamonte” de Mercedes, continúa en 5.000.000 de pesos.
El programa de recompensas para prófugos de crímenes de lesa humanidad tiene una duración de 12 meses, pero la ley 26.375 establece que puede ser prorrogado indefinidamente por la autoridad de aplicación, es decir, el Ministerio de Seguridad. Aunque se alega que la no renovación de las recompensas es una medida normal y que se priorizan otros casos urgentes, la suspensión ha generado críticas por la falta de continuidad en la búsqueda de justicia.
Organismos de derechos humanos y sectores políticosexpresaron su preocupación por este giro en las políticas relacionadas con la memoria y la justicia histórica en Argentina.
Quiénes son los búscados
Según la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH), los prófugos por haber cometido delitos durante la dictadura militar son 36.
Entre los 21 prófugos buscados cuyas recompensas fueron retiradas, se encuentran figuras vinculadas a crímenes de lesa humanidad durante la dictadura en Argentina. Algunos de ellos son el exsubcomisario de policía Emilio Alberto Rimoldi Fraga, el expenitenciario de La Plata Jorge Luis García, y exmilitares como Héctor Adán Giménez, José Luis Piedra, Jorge Gallo Linares, Carlos Alberto Arroyo, Horacio González Llanos, Luis Esteban Kyburg, Miguel Ángel Vera, Gustavo Francisco Bueno, Oscar Chapur, Héctor Mario Schwab, y Ángel Ervino Spada, entre otros.
Jorge Raúl Vildoza, quien formaba parte de este grupo, falleció prófugo en Sudáfrica en 2016. Su recompensa por ser capturado seguía vigente hasta hace poco debido a una falsificación de su partida de defunción, según informó una fuente judicial a La Nación. Vildoza había sido jefe del grupo de tareas de la exESMA y usó el alias de Roberto Sedano mientras estuvo prófugo.
Estas figuras representan una parte de la historia oscura de Argentina durante la dictadura militar, y su búsqueda continúa siendo un tema relevante en términos de justicia y memoria histórica en el país. La suspensión de las recompensas para su captura ha generado debates sobre la priorización de recursos y la responsabilidad del Estado en la persecución de crímenes de lesa humanidad.
Seguí leyendo
