Este viernes en la Legislatura Provincial, el Gobierno Provincial defiende todo el proceso con el cual llegó a la firma del contrato para el traspaso del 88% de acciones a la empresa argentina Minera Aguilar SA (liderada por el empresario José Luis Manzano) y la brasileña ARG para la explotación de la mina Potasio Río Colorado.
El ministro de Economía, Enrique Vaquié; y el gerente de PRC, Emilio Guiñazú, brindan detalles en el anexo de la Cámara de Diputados sobre el proceso, selección de oferta y contrato de venta del yacimiento de potasio ante un plenario de legisladores.
El ministro indicó que “esto es el final de un proceso del que ustedes participaron, la Legislatura; cuando empezamos el proceso de compra de las acciones de la empresa VALE a fines del 2020. Vinimos a la Legislatura y aclaramos todos los temas de cómo pensábamos encarar este proceso, así es que ahora estamos cerrando el ciclo que empezamos hace casi 3 años atrás”.
Vaquié presentó gráficos con una línea de tiempo y resaltó que “es importante porque explica por qué intentó entrar el Estado a comprar las acciones”, recordando que la empresa VALE estuvo paralizada desde 2013 por varios motivos: había restricción a las importaciones de productos, por ejemplo, problemas logísticos (tren), el federalismo fiscal en la Argentina, la brecha del tipo de cambio, el precio del potasio, la estructura tributaria de Argentina, “que castiga proyectos de duración de plazos largos”, entre otros puntos, mencionó.
Más allá de realizar un repaso de las idas y vueltas por Potasio Río Colorado, mencionó Vaquié que “para que se cierre el proceso a las partes les faltan varias cosas. A nosotros nos falta la aprobación de la ley para que el proceso pueda cerrarse, y a los privados les falta traer las garantías que para el primer año son 100 millones de dólares para que todos los mendocinos estén seguros que pueden cumplir con los 25 millones de dólares aproximadamente de inversión que tiene entre la construcción de la planta piloto y la realización de ingeniería de detalle”.
El funcionario además expuso las actas firmadas por el COIRCO y la aprobación de la declaración de impacto ambiental sobre la explotación de esta mina. De la misma manera, anticipó que dejarán la documentación desde el inicio, de cómo fue el proceso, quiénes se presentaron, cómo fueron sus propuestas, quienes hicieron ofertas vinculantes, quienes no la hicieron, como se evaluaron, quien ganó y por qué, cuáles fueron las ofertas finales, y los inventarios, para los legisladores que deseen consultarla.
“La única empresa con antecedentes mineros es la que ganó, las otras no tienen antecedentes mineros. Son empresas vinculadas con el petróleo, con aeropuertos, con actividades de agro pero no con actividades mineras”, afirmó. Además, dijo que se evaluó quién proponía invertir más, en el menor tiempo posible, qué garantías “nos daban para ese cumplimiento y qué porcentaje de acciones se quedaba la provincia”. Respecto de este último punto, indicó que la empresa ganadora ofreció el 12%, y que también esta empresa realiza la inversión de principio a fin, además del pedido de ofertas de garantías que realizó la provincia.
El funcionario provincial, resaltó en otro orden a “Impulsa Mendoza Sostenible”, que fuera creada en 2022 para continuar con el proyecto de PRC y otros de reactivación, expresando que “es la herramienta creada por el Gobierno de Mendoza para el desarrollo de la minería sustentable. Su principal objetivo es lograr un crecimiento ordenado de un sector clave para el crecimiento económico y social y las energías alternativas y renovables con planificación y seguridad jurídica en todas las etapas, además de trazar políticas para potenciar las oportunidades en una provincia rica en minerales como el cobre, el hierro, el uranio y el potasio”.
A su vez, ponderó que “Impulsa Mendoza Sustentable, promueve procesos de inversión privada con investigaciones, asesoramiento jurídico, estudios ambientales previos e informes sobre la potencialidad de cada región”.
Discusión en Diputados
Tal como señalaron a Los Andes esta semana, desde la oposición pondrán la lupa en la confidencialidad con la que se trató el tema y también el proceso de elección del oferente, teniendo en cuenta que no hubo licitación. No obstante, también adelantan que no es la idea “poner palos en la rueda de lo que podría ser una reactivación económica”.
Particularmente, la Casa de las Leyes tendrá que ratificar o no la venta del 88% de las acciones de PRC a Compañía Minera Aguilar Potasio SA (controlada por Integra Capital SA, empresa del exministro del Interior José Luis Manzano), una división dedicada a la explotación de potasio, el pasado 12 de septiembre, acompañado por la minera brasileña ARG. El otro 12% se transfiere a Impulsa Mendoza Sostenible, conformada por PRC y Fundación Pro Mendoza.
Más allá que hay plazos de 3 meses desde la firma del contrato para tener la ratificación legislativa lista, el Gobierno y por ende el oficialismo local, pretende en poco tiempo conseguir una amplia mayoría por parte del resto de los espacios políticos.
El contrato, junto al decreto firmado por gobernador Rodolfo Suárez, ya está en manos de los 48 diputados, quienes se centrarán en el análisis de todo el apartado legal y el paso a paso del Ejecutivo en dos comisiones: una de ellas será Hacienda y Economía; y la otra Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC).
El plazo que tiene el Gobierno, como se dijo, vence a mediados de diciembre; pero hay optimismo oficialista en poder conseguir el apoyo opositor en octubre. “No tenemos apuro, pero esta semana ya arrancamos el análisis”, dejaron en claro.
