El gobierno de Javier Milei ya trabaja para presentar una apelación contra la medida cautelar que este miércoles frenó las reformas laborales incluidas en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).
Según informaron fuentes de la Casa Rosada a este medio, los abogados del Estado ya trabajan para impulsar esas acciones. Puntualmente, la presentación quedó en manos de la Procuración del Tesoro de la Nación, que conduce Rodolfo Barra.
En la administración nacional explicaron que la Procuración aún no ha sido notificada y que tiene tres días para ello. Seguido, indicaron que se actuará de manera inmediata también para solicitar “la incompetencia del Fuero del Trabajo”.
“En una discusión de competencias positivas, cuando participa el fuero administrativo, corresponde al fuero administrativo saldar la decisión”, explicaron. Fuentes judiciales agregaron que por ello se reclamará que la causa se siga tramitando en el fuero Contencioso Administrativo Federal, tal como dictaminó el fiscal general Juan Manuel Domínguez.
“El fiscal compartió nuestro criterio, así como lo hizo la jueza María Dora González”, remarcaron en la cartera que conduce Mariano Cúneo Libarona.
En la administración de Milei remarcaron que los jueces que aplicaron la medida cautelar contra parte del DNU “están desoyendo el criterio que adoptaron todos los otros tribunales del país, tanto en la ciudad, como en el interior, que enviaron la causa al juez natural y universal que conoce en todos los asuntos”.
Más temprano, los jueces de la Sala de Feria de la Cámara del Trabajo, por mayoría integrada por los magistrados José Alejandro Sudera y Andrea García Vior, resolvieron frenar los tramos del decreto que aluden a las modificaciones laborales.
En disidencia, la tercera jueza Dora González sostuvo que el caso había que traspasarlo a la Cámara Contencioso Administrativo Federal para que defina qué fuero debe tramitar el expediente, como había dicho la fiscalía.
El fallo responde así a una presentación de la Confederación General del Trabajo (CGT), que anunció un paro para el 24 de enero en réplica a las decisiones del Poder Ejecutivo.
