El Ejecutivo Nacional anunció este martes el cierre del Fondo Fiduciario de Capital Social (Foncap). La noticia fue confirmada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en la habitual conferencia de prensa donde precisó que la decisión fue tomada luego de una exhaustiva auditoría realizada por la Sindicatura General de la Nación (Sigen).
Según detalló Adorni, el informe de la Sigen reveló “severas irregularidades” en la gestión del fondo, que, además, no cumplía con los objetivos establecidos en su creación. A raíz de estos hallazgos, el Gobierno resolvió dar por terminado el funcionamiento del Foncap, lo que se traducirá en un ahorro mensual cercano a los 100 millones de pesos.
Adorni también señaló que “el 74% del total de sus gastos correspondía a sueldos y cargas sociales, con 20 millones de pesos destinados a oficinas y 80 millones por mes asignados a sus 26 empleados que en el último año otorgaron apenas 20 créditos”.
Más despidos: el objetivo central del Gobierno
La llegada de Gerardo Werthein al frente de la Cancillería marcó el inicio de una reestructuración profunda en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Tras la escandalosa salida de Diana Mondino, Adorni confirmó también que el nuevo canciller solicitó la renuncia de todos los miembros de su Gabinete, aunque subrayó que esto no implica que todas las dimisiones serán aceptadas. La medida, según Adorni, responde al objetivo central del Gobierno: la reducción del Estado.
“El flamante canciller le ha pedido la renuncia a todo su gabinete, no porque se la vaya a aceptar a todos, sino para tener la libertad de conformar su equipo de trabajo y decidir quiénes continúan y quiénes no”, explicó el portavoz presidencial durante una conferencia de prensa.
Si bien Adorni evitó precisar un número exacto de despidos, aclaró que esa decisión recaerá directamente sobre el canciller, quien tendrá la potestad de evaluar la estructura del ministerio y definir qué áreas y funciones pueden ser optimizadas.
El vocero afirmó que una de las principales tareas de Werthein será “reducir todo lo que se pueda reducir dentro de la Cancillería”, siguiendo así el principio de austeridad impulsado por el Gobierno.
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