El debate por el roll over sigue abierto. A pesar del golpe recibido por el dictamen de Fiscalía de Estado, que trascendió el 14 de noviembre último, que rechazó la estrategia del gobierno de Rodolfo Suárez de avanzar en el canje de deuda vieja por nueva amparados por el artículo 68 de la Ley de Administración Financiera, en los despachos oficiales se busca una fórmula legal para blindar la operación y someterse con algún grado de éxito al escrutinio de la Suprema Corte de Justicia.
“Cada parte ya ha expuesto sus argumentos. Tenemos intenciones de definirlo en un par de semanas. Si va a la Corte o no, dependerá si sale un decreto y alguien lo cuestiona”, dijo el ministro de Hacienda Víctor Fayad a Los Andes.
En esa manera críptica, lo que está diciendo el ministro es que el decreto que da inicio a la operación de renegociación de los vencimientos del año que viene estaría saliendo en dos semanas y esperar la reacción del Frente de Todos - PJ. Lo más probable es que se presenten un reclamo de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte.
En principio, lo que se va a refinanciar son los vencimientos de capital, unos 81 millones de dólares, y se pagarán los intereses, que suman unos 40 millones de dólares.
La idea de no pedir la autorización legislativa para realizar esta operación, viene germinando desde el mes de agosto, sabiendo que el Frente de Todos-PJ no facilitaría los dos tercios de los votos en ambas cámaras para avanzar como tradicionalmente se hace en el roll over (pagar vencimientos de una deuda, tomando otra en mejores condiciones y plazos).
El año pasado el gobernador Rodolfo Suárez no tuvo la herramienta para refinanciar la deuda que vencía en este 2022, el peronismo sí aprobó el roll over en los años 2.016, 2.018 y 2.021. En julio de este año, Suárez había salido en radio Nihuil con una frase polémica: “le voy a implorar a la oposición que nos dé la herramienta del roll over”.
La respuesta de la oposición llegó al otro día. El senador Lucas Ilardo lanzó: “tenemos un Gobernador que prohíbe la visita de los ministros a la Legislatura: (Víctor) Ibañez para hablar de (Héctor) Bonarrico y (Raúl) Levrino para hablar de inseguridad, y después implora diálogo con la oposición. La generación del diálogo debe ser permanente, no cuando el agua llega al cuello”, acotó.
Particularmente sobre el rollover, el senador camporista comentó que Suárez “implora el roll over públicamente porque Mendoza está en una situación crítica y se contradice con el discurso de orden que presenta permanentemente”.
Un mes después, Los Andes daba a conocer la nueva estrategia. Ese pedido suele ir incorporado en la ley de presupuesto. En la pauta de gastos de 2023 no fue incluido por el Gobierno de Suárez y se evitó el desgaste del rechazo.
El debate es si el artículo 41 de la Constitución de Mendoza es aplicable o no en esta operación de crédito. Ese artículo dice que “No podrá autorizarse empréstito alguno sobre el crédito general de la Provincia, ni emisión de fondos públicos, sino por ley sancionada por dos tercios de votos de los miembros presentes de cada Cámara”.
El Gobierno sostiene que esta operación no requeriría de dos tercios de los votos de ambas cámaras legislativas, porque se puede encuadrar en el artículo 68 de la ley de Administración Financiera: “el Poder Ejecutivo puede realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública mediante su consolidación, conversión, reprogramación, refinanciación o renegociación, en la medida que ello implique un mejoramiento de los montos o plazos o intereses de las operaciones originales o permita liberar o cambiar garantías o bien modificar el perfil o costo de los servicios de la deuda o cualquier otro objeto en la medida que resulte conveniente para la Provincia a los fines de hacer frente a sus compromisos presentes o futuros”.
En estos dos extremos se viene moviendo el análisis.
El expediente
Antes de aprobarse el presupuesto 2023, el Gobierno armó expediente con un borrador de decreto, en el que se iniciaba el trámite de refinanciación de los vencimientos de la deuda. La “carpeta electrónica”, empezó a circular: pasó por Asesoría de Gobierno y llegó a Fiscalía de Estado.
En este último organismo de control la iniciativa comenzada en el Ministerio de Hacienda empezó a trastabillar. El 14 de noviembre, el fiscal de Estado Fernando Simón, daba a conocer su decisión en un extenso documento de 65 páginas que se publicó en la web del organismo.
“Este organismo de control entiende que la emisión de títulos públicos propuesta en el proyecto de Decreto no constituye, en su acepción estricta ni aún en su acepción más amplia, ya sea interpretada de manera literal, sistémica o finalista, una ‘reestructuración’ de la deuda pública provincial, no encontrándose por tanto encuadrada en la autorización permanente otorgada por el art. 68 de la Ley de Administración Financiera N° 8.706 para concretar operaciones de crédito público”, decía el dictamen.
La palabra clave de este fragmento, a la que Simón le dedica varias páginas, es “reestructurar”. ¿Qué es reestructurar una deuda? “Existe ‘reestructuración’ cuando se toma un nuevo crédito público a fin de producir la modificación de la estructura de la deuda pública existente”, dice el dictamen.
En este caso, para Simón, no habría una nueva estructura de deuda, sino que se emitiría un bono para estirar los plazos de pago del capital que vence en 2023.
El ministro de Hacienda dijo a Los Andes que el fiscal de Estado está basando su análisis en una palabra de un artículo. “El tema hay que mirarlo globalmente. El análisis no puede ser de sólo un artículo aislado. Así resulta difícil avanzar, aún con la conveniencia de nuestro lado”.
Cuando se conoció el dictamen de Simón, fuentes del Gobierno indicaban a Los Andes que la opinión del fiscal de Estado “no es vinculante”.
