El Gobierno nacional ha decidido considerar como “presa política” a la dirigente social jujeña Milagro Sala y en función de ello, pedir su liberación después seis años de detención en la provincia norteña.
El ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, viajaron a Jujuy para reunirse con la líder de la Tupac Amaru.
De Pedro dijo que hace unos días se vio en los medios de comunicación “cómo se articulaban los servicios de inteligencia y la Justicia para armar causas en la provincia de Buenos Aires” durante la gestión de María Eugenia Vidal.
E indicó que en 2020 se filtró un audio de Pablo Baca, expresidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Jujuy, en el que el funcionario judicial “admitía que Milagro estaba presa sólo porque lo necesitaba el Gobierno”.
“Estuve con Milagro Sala, que lleva 6 años detenida. Es necesario reconstruir una justicia que no persiga opositores y que garantice a las y los argentinos sus derechos, más allá de los poderes de turno. Es un principio básico del sistema republicano y la convivencia democrática”, dijo De Pedro.
Gómez Alcorta expresó que el 16 de enero se cumplieron los seis años de “la ilegal, arbitraria e injusta detención de Milagro Sala”. Y agregó: “Como desde aquel 16 de enero de 2016, seguimos exigiendo su libertad y el fin de su persecución”.
En paralelo, la secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que conduce Horacio Pietragalla Corti, se pronunció sobre el proceso de “persecución política” que la dirigente social vive en la provincia de Jujuy y pidió por su liberación.
“Milagro Sala, dirigente social, mujer e indígena: 6 años privada de su libertad. 11 causas penales, 1 contravencional, 6 debates orales y públicos, 2 causas en etapa de investigación y 4 elevadas a juicio. Las autoridades políticas y judiciales de Jujuy y la Corte Suprema de Justicia de la Nación tienen la posibilidad de poner fin a esta persecución que compromete la responsabilidad internacional del Estado argentino”, fue el pedido del organismo conducido por Pietragalla Corti.
En diciembre pasado, el juez de Control 1 de Jujuy, Gastón Mercau, resolvió elevar a juicio una causa por incidentes ocurridos en marzo del mismo año durante una protesta vecinal en un barrio de la capital provincial, en un acto liderado por el gobernador radical Gerardo Morales.
La dirigente social está acusada, junto con otras cinco personas, del delito de “atentado a la autoridad”. Sala fue acusada como supuesta “determinadora directa del delito de atentado a la autoridad doblemente agravado” a raíz de un aparente llamado telefónico que realizó a los acusados desde su casa.
Esas comunicaciones se habrían realizado desde la casa en la que Sala cumple prisión domiciliaria, luego de ser condenada a 13 años de prisión por el desvío de 60 millones de pesos destinados a planes sociales. Por esa causa la defensa presentó un recurso ante la Corte, que debe resolver si deja firme la sentencia.
