“Vamos a llegar con el 45% de aumento salarial a todos los empleados públicos”, había asegurado el gobernador Rodolfo Suárez durante el cierre de la campaña electoral. A casi dos semanas de ese anuncio, el Gobierno de Mendoza consiguió cerrar acuerdos paritarios con casi todos los sectores de la administración pública. Asimismo, desde el Ejecutivo confirmaron que el incremento para docentes y celadores, será nuevamente por decreto, al igual que para las fuerzas de seguridad.
Tras firmar semanas atrás un convenio con la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros), el Ejecutivo provincial reabrió paritarias con otros ámbitos estatales y acercó una propuesta de similares condiciones al resto de los gremios para que sean analizadas en las bases.
En este sentido, el 9 de septiembre, horas después de que el gobernador Suárez hiciera su anuncio, se firmaba en la Subsecretaría de Trabajo un acuerdo de recomposición salarial con ATE. Posteriormente se alcanzó la rúbrica de los gremios que representan a los funcionarios y empleados judiciales y el último en acordar fue el sindicato de los trabajadores del Casino de Mendoza.
En tanto, las negociaciones con el personal de los organismos de control están avanzadas y los miembros paritarios esperan llegar a una resolución lo antes posible.
Sin embargo, el gremio con mayor cantidad de afiliados en la provincia no fue convocado a esta instancia de reapertura de las discusiones. Se trata del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (Sute) que no firmó un convenio salarial entre diciembre de 2020 y enero de 2021 y obtuvo un incremento por decreto.
Esa modalidad se repetirá una vez más. El subsecretario de Gestión Pública y Modernización del Estado, Ignacio Barbeira, confirmó a Los Andes que el aumento para docentes y celadores “va a ser como se ha manejado el resto del año, se va a recomponer por decreto”.
El funcionario explicó que las últimas negociaciones son “parte de la revisión del acuerdo que se firmó en diciembre de 2020 y ellos no lo firmaron”. Asimismo, resaltó que en los próximos días saldrá el decreto aplicando una recomposición en los sueldos de los trabajadores de la educación y que también estarán incluidos policías y penitenciarios, quienes no negocian en paritarias.
Desde el gremio docente se quejaron por la falta de convocatoria y reiteraron el pedido de reapertura de paritarias. A su vez, en el último plenario departamental se resolvió realizar movilizaciones, caravanazos y otras formas de protesta para visibilizar sus exigencias.
Los acuerdos en detalle
Los distintos convenios alcanzados entre el Gobierno y los gremios estatales difieren en algunas particularidades específicas para cada sector, pero en líneas generales hubo dos propuestas en la mesa de negociación salarial.
Vale recordar que el Ejecutivo ya había otorgado una suba del 7% en marzo y del 12% en julio a todos los empleados estatales y estaba previsto el pago de un 10% en octubre y se venía abonando un bono no remunerativo de $54.000 en cuotas mensuales. Sobre esa base se discutió el nuevo ofrecimiento que terminó sumando nuevos tramos porcentuales y en algunos casos eliminando el bono.
La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) fue el primer sector en acordar una actualización y agregó un aumento del 6% en septiembre, uno del 5% en noviembre y uno del 5% en diciembre, absorbiendo en esos porcentuales las últimas cuotas del bono no remunerativo y alcanzando un incremento anual del 45% plano al básico a fin de año.
Esa misma propuesta fue la que aceptaron los gremios que representan a los trabajadores judiciales. La Asociación de Funcionarios Judiciales de Mendoza firmó el acta paritario manifestando la aceptación el 13 de septiembre, mientras que la Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial lo hizo al día siguiente, tras celebrar un plebiscito en el que la aceptación se impuso por más del 90%.
Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) pactó sumarle a los tramos originales uno del 6% en septiembre y otro del 6% en noviembre, dejando vigente el bono no remunerativo. El acuerdo alcanza a los trabajadores del Régimen 15 (no profesionales de salud), Administración Central y de los cuatro regímenes de la Secretaría de Ambiente.
“El aumento salarial real de bolsillo en el salario de los trabajadores ronda en un 55% a 57% con el aumento al básico de revista y también teniendo presente el impacto de los adicionales en cada uno de los sectores”, expresó tras la firma el secretario general de ATE, Roberto Macho.
Esta misma propuesta fue cerrada el viernes con la Unión Personal de Juego y Casino de Mendoza (UPJCM), tras la realización de un plebiscito de los afiliados donde se impuso el “Sí” por un 80%.
“Sacar el bono hubiera significado hacerle perder plata a los compañeros que tienen salarios más bajos, así que pusimos eso en la balanza”, manifestó Martín Caín, secretario general el gremio. “Si sumamos el porcentaje de suba sería del 41%, sin considerar el bono, que a los que menos cobra les levanta mucho más el aumento salarial”, explicó.
No obstante, el gremio ha declarado el estado de alerta y movilización permanente por las nuevas licitaciones de casinos en la provincia. “Al darles mayor porcentaje de ganancia al operador privado eso genera un impacto directo en los adicionales de los trabajadores que conforman el 50% del salario. Estamos exigiendo al directorio que nos convoque para generar una herramienta que compense ese impacto negativo”, señaló Caín y sostuvo que no descartan iniciar medidas de fuerza.
Por otra parte, la única instancia de negociación salarial que continúa abierta es la que mantiene el Gobierno con la Asociación Personal de Organismos de Control (Apoc), que nuclea a los trabajadores de la Fiscalía de Estado, la Contaduría General, la Tesorería General y el Tribunal de Cuentas.
El subsecretario Barbeira comentó que “se llevaron la propuesta del 41% más la continuidad del bono y han presentado por escrito un pedido de contrapropuesta, pero por el momento no se va a evaluar”.
A su vez, el secretario general de Apoc, Ramiro Quevedo Mendoza, indicó a este diario que el ofrecimiento que tienen en mano es del 41% pero que al aplicar las sumas no remunerativas llega a un 45% en promedio. “Estamos dispuestos a cerrar en algo así, pero el problema es que no nos clarifican qué va a pasar con el bono en enero”, subrayó. Ese punto es el que ha demorado el acuerdo con este sector, ya que el gremio solicita una compensación por las sumas que dejarán de percibir cuando se pague la última cuota de ese plus salarial.
En cuanto a las condiciones que tendrá el incremento salarial previsto para docentes, celadores y fuerzas de seguridad, Barbeira remarcó que el decreto contemplará la propuesta que establece una suba anual acumulada del 41% y la continuidad del bono no remunerativo.
Finalmente, el funcionario aseguró que el balance de las paritarias de este año “es positivo”. “Ha sido un año complejo, con muchos vaivenes, con una inflación superior a la que estaba prevista en los presupuestos nacional y provincial. Sin embargo, en un marco de diálogo y negociando con todas las entidades gremiales se ha logrado ir manteniendo la situación, desde los acuerdos que se firmaron en diciembre y las revisiones de junio, más los convenios que se hacen ahora, que permiten cerrar el año con una recomposición del salario de los estatales”, manifestó.
Por otro lado, el Senado y la Cámara de Diputados provinciales se encuentran negociando con los gremios APEL, UPCN y ATE el aumento para los empleados legislativos. El último ofrecimiento consistió en sumar los tramos del 6% en septiembre y 6% en noviembre al 10% previsto para octubre. Al mismo tiempo que se mantendría el bono no remunerativo. El jueves los representantes sindicales deben llevar una respuesta.
