El Gobierno Provincial transita momentos clave con respecto a su objetivo de relanzar y potenciar la minería en Mendoza, particulamente en el departamento de Malargüe. El momento más importante en términos políticos, se dará cuando envíe el pedido de ratificación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de los 34 proyectos (la mayoría de cobre) agrupados en la iniciativa llamada Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO).
La clave residirá, en primer lugar, sobre el informe técnico que realice en primer lugar la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria (FCAI) sobre todos los proyectos; más todos los dictámenes legales; pero también sobre cómo será el decreto que firme el gobernador Alfredo Cornejo y cómo llegue a la Legislatura.
Según pudo saber Los Andes, la idea del proponente, Impulsa Mendoza SA, es que sea un decreto que contenga las 34 declaraciones de Impacto Ambiental y que los legisladores tomen una sola decisión sobre los 34 proyectos. Es decir, aprobar todo el combo, o rechazarlo todo.
En esta misma línea está el Gobierno, que entiende que “cualquier proyecto que pueda ser objetado y rechazado no llegará nunca a tener la DIA” y reafirman en que “si hay algún problema con la DIA de algún proyecto, ni siquiera llegará a la Legislatura”.
En el Ejecutivo expresan que, por temas legales y para garantizar el cuidado del ambiente, cada proyecto saldrá con su propia DIA y con resoluciones firmadas por los directores de de Protección Ambiental (Leonardo Fernández) y el de Minería (Jerónimo Shantal), y que todas estas “se empaquetarán y pasarán por un solo decreto”.
De esta forma, la Legislatura votará “una sola vez” para ratificar el decreto, acotaron.
“¿Por qué rechazarían un proyecto que ha obtenido dictamen de distintos organismos especializados, incluso la FCAI?” se preguntan desde Impulsa.
Mientras tanto, desde parte de la oposición, ya piden que se traten “uno por uno” para llevar adelante un trabajo “más ordenado”.
De hecho, desde el kirchnerismo, la líder del espacio, Anabel Fernández Sagasti, comentó a Los Andes en una entrevista a fines de julio que “el peronismo o al menos parte del peronismo va a pedir que sea uno por uno, no el paquete completo”.
Lo cierto es que, en términos legislativos, luego del paso en falso en 2019 con la reforma fallida de la ley ambiental 7722 -y posterior derogación de la ley 9209-, todo lo que ha presentado el Poder Ejecutivo en términos mineros, ha cosechado la aprobación con amplias mayorías, ya sea ratificaciones de las DIA de proyectos mineros, como Cerro Amarillo en marzo del 2023; El Burrero, Las Choicas y La Adriana en diciembre del 2023; como así también la modificación del Código de Procedimientos Mineros, que en algún momento incluso despertó algunos rechazos opositores.
Buenas perspectivas
Al margen del plano político, tanto la Dirección de Minería como Impulsa Mendoza aseguran que toda la información está disponible para la ciudadanía y que la transparencia en todo el proceso es uno de los pilares con los que se moverán, sobre todo teniendo en cuenta lo sensible que es el tema minería metalífera en Mendoza.
Por eso mismo es que habilitaron la plataforma web, que contiene toda la información de los 34 proyectos disponibles, tanto de los cateos, como también las empresas que son dueñas de las áreas, más las zonas protegidas, glaciares o comunidades indígenas, entre otros, todo dentro de los 18.000 kilómetros cuadrados en los que se centraron.
Además, aseguraron que todos los estudios de impacto ambiental se han dado pensando en “proyectos de máxima”, es decir, con el máximo de exploración que se puede por ley, que son hasta 4.000 metros de perforación total; y con la posibilidad de evaluar las tareas prospectivas “para confirmar si en ese lugar existe o no yacimiento de minerales con interés económico”.
“Todas las tareas las evaluamos en el máximo nivel que permite la DIA. Cruzamos el mapa de sensibilidad ambiental, con la DIA con el máximo nivel y nos entrega el plan de manejo ambiental, que es el manual que debe seguir el minero cuando entra el sitio”, aclararon.
Cómo sigue el proceso
El próximo 14 de septiembre se realizará la audiencia pública tras el extenso trabajo realizado por la empresa estatal, Impulsa Mendoza, donde se analizaron 18.000 kilómetros cuadrados en el oeste de Malargüe.
En el Gobierno destacan que luego de eso, se tomarán algunos días para terminar con todo el proceso, debido a que se deberán contestar todas las preguntas que se realicen dentro de la audiencia pública, lo que llevará algunos días.
Cuando finalice ese proceso, se aguardará el dictamen final de la FCAI sobre los 34 proyectos más los dictámenes técnicos; y desde allí será turno del gobernador redactar y publicar el decreto. Una vez que aparezca en el Boletín Oficial, será turno de la Legislatura analizar y ratificar o no la DIA.
Desde el Ejecutivo aseguran que van a contrarreloj con respecto a los procesos, para tratar de no perder la ventana del verano, que es la ideal para realizar los trabajos de exploración in situ, teniendo en cuenta que no se puede trabajar en esa zona de Malargüe en invierno, sobre todo porque las temperaturas son extremadamente bajas.
De igual forma, más allá de que la Legislatura pueda tratar rápidamente los proyectos, desde el sector minero ya comienzan a pensar en la primavera/verano del 2025 para comenzar los trabajos exploratorios.
Menos de un tercio de los proyectos podrían progresar
Por otro lado, las estimaciones por parte del Gobierno respecto al desarrollo del Distrito Minero Malargüe Occidental son positivas, pero cautelosas, ya que aseguran que, descartando la posible aprobación legislativa de la DIA, “podrían caerse luego varios proyectos durante la exploración”.
Todo esto se da, teniendo en cuenta que los proyectos diagramados no tienen la certeza de que efectivamente pueda haber registro factible de una gran cantidad de minerales que puedan llevar a la inversión e instalación de una mina, sobre todo porque algunos de los trabajos de campo que se llevaron a cabo en esas zonas de Malargüe fueron “superficiales” y no existe la garantía del potencial, salvo análisis primarios.
Con este primer panorama, desde el Gobierno expresan que sería sin dudas un éxito si a futuro -en 5 o 10 años- entre cuatro y ocho proyectos de estos 34 vean la luz, con una exploración positiva y por ende, con un estudio para la explotación de la zona.
“Si el proyecto confirma su potencial habrá que hacer un estudio de impacto ambiental específico”, expresaron. Es decir, una actualización de la DIA de exploración que -por ley- debe hacerse cada dos años. Si ya se quiere pensar en la explotación de un proyecto minero, deberá realizarse una DIA de explotación, y pasar nuevamente por la Legislatura, tal como marca la ley 7722.
