Los juegos en línea existen desde hace mucho tiempo. Con un sistema de entretenimiento similar al de los casinos físicos, la gente deposita su dinero a cambio de ganar algún premio y la oferta es muy amplia. En pandemia esta actividad ha aumentado y el Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC) busca aprovechar la situación para avanzar en una regulación.
El proyecto de ley que impulsa el oficialismo y que tratará el Senado en pocos días apunta a un sistema cerrado de licencias con licitaciones públicas y la creación de un registro de jugadores. La tributación de los oferentes es otro de los puntos destacados, lo que le permitiría al Gobierno provincial hacerse de efectivo en tiempo de recaudación nula por el cierre de casinos debido a la pandemia.
Ida López, titular del IPJyC aseguró a Los Andes que el trabajo en la legislación viene desde que asumió en el cargo y que la actividad “ya existe, se puede observar y hay una necesidad al respecto en donde el Estado tiene que ocuparse de esto”.
La actividad contempla todos los juegos de azar, sorteos, rifas, apuestas, combinaciones aleatorias y en general todas aquellas actividades en las que estén en juego cantidades de dinero u objetos, económicamente evaluables sobre los resultados y que permitan su transferencia entre los participantes. Esto es independiente del grado de habilidad o destreza de los jugadores, es decir, que sean primordialmente de suerte, azar.
“El hecho de que no esté regulado vulnera los derechos de las personas, por eso entendemos la necesidad de la regulación porque de lo contrario podrían jugar niños y adolescentes y queremos impedirlo. No se sabe el origen y destino del dinero, no hay protección de datos, se puede incentivar el juego patológico”, agregó.
Además, se aplicará el programa de Juego Responsable en donde las personas pueden autolimitarse, decidir cuánto dinero o tiempo quieren jugar o autoexcluirse a través del Registro Único de Autoexcluidos (RUA) y que las plataformas bloqueen las cuentas.
¿Cómo se legislará?
Mercedes Rus, autora de uno de los proyectos que se acumuló a otra iniciativa de Marcelo Rubio y se tradujo en un texto conjunto, aclaró a este medio que la regulación consistirá en un sistema de licencias cerrado.
“Este sistema no es libre para cualquier página que se registre y empiece a tributar. Implica que cuando la ley se apruebe, el Instituto tiene que licitar a quiénes le va a dar la licencia para poder ofrecer el servicio online. Es cerrado porque se establece un límite mínimo de 2 licencias para evitar el monopolio y un máximo de 7 con la política de juego restrictiva de acuerdo con la Ley 8.040, que establece que no se pudieran abrir más casinos y demás”, explicó.
Las licitaciones pondrán las condiciones que no podrán flexibilizarse porque ya existirá un marco legal, allí se fijará un canon inicial contra licencia y el porcentaje fijo en concepto de derechos de explotación que se abonará mensualmente y que correrá por cuenta de las empresas oferentes.
Rus destacó que las empresas deberán contemplar el registro de jugadores y tendrán que proporcionar “un sistema de control de estos usuarios que se registran, que sean esas personas que dicen ser, mayores de edad, habilitados y que no sea autoexcluido que es lo que tiene el RUA. También prevé un sistema de alarmas que implica a dónde jugar, qué tiempo y son sistemas de control”.
Otro punto a destacar es que las empresas no podrán ofrecer crédito para jugar como sucede en otras partes del mundo en donde “las mismas páginas son entidades financieras. Hay cuestiones de marketing pero en materia de juego se trata de controlar y volver al entretenimiento regulado, para que la gente no se exceda”.
“Cuando la ley esté vigente, la provincia informará las licencias y las que no estén habilitadas, se bloquearán a través del Enacom. La ley exige la radicación mendocina y fijar una filial o similar”, precisó.
En materia impositiva, la senadora aclaró que serán las empresas las que paguen impuestos y no los jugadores. “Tributarán de acuerdo a la categoría, pero después tienen un canon inicial, que es contra licencia y derechos de explotación mensuales, que es un porcentaje de lo que recauda la empresa, descontados los premios. Se tiene seguimiento y fiscalización, como en el casino físico. Los jugadores no tiene que tributar y en el sistema se van a tener que hacer una cuenta, integrado a un registro provincial y si falsea algún dato, hay responsabilidad penal”, especificó Rus.
Lotería, el único ingreso del Instituto
La propuesta oficial tiene el guiño de la Unión de Personal de Juegos y Casinos. Martín Caín, secretario general del gremio calificó la iniciativa como “vanguardista” porque “es una forma de que el Estado pueda regular y limitar, incorporando controles que tiene el juego físico y que no tiene el juego online en la provincia”.
“Es muy importante para el Estado y la sociedad que esto se reglamente porque entendemos que no hacerlo, logra que quienes lo exploten no generen aportes o ingresos”, comentó.
El cierre de los casinos derivó en un conflicto del que salió un bono compensatorio de $12.000 por tres meses y que vence el 31 de agosto.
Hay 580 empleados, trabajando a 50% y el resto está en guardia pasiva, a la espera de que la actividad vaya funcionando de nuevo.
Un dato relevante es que hoy sólo se recauda por juegos de lotería.
