El Gobierno Provincial dio un paso hacia adelante en términos de desarrollo minero en Mendoza, con la decisión que se tomó a través de la empresa estatal Potasio Río Colorado (PRC) de asociarse con privados para avanzar en la exploración de la mina Hierro Indio, el primer proyecto metalífero que tiene horizonte de explotación luego de la sanción de la ley 7.722.
El desarrollo de esta mina no era una novedad, teniendo en cuenta que la Legislatura ya había aprobado en 2019 la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la etapa de exploración. No obstante, sí generó impacto que haya sido el Estado provincial, a través de PCR, el que se involucró en el proceso, con una inversión que está estimada en U$S 1 millón para esta primera etapa.
Desde la empresa comentaron a Los Andes que se analiza seguir avanzando con inversiones en otros proyectos mineros, siempre dentro de la 7722 y principalmente ubicados en Malargüe, para “potenciar el rubro”, mientras se centra en su objetivo principal, que es reactivar la mina de sales de potasio.
En tanto, en el Gobierno ven la posibilidad, a través de una empresa estatal como PRC, de incentivar el desarrollo minero, siempre y cuando los mismos sean operativos y no pongan en riesgo el capital que tiene la empresa para mantenerse hasta que lleguen inversores para el relanzamiento de Potasio Río Colorado.
Mendoza recibió de la empresa brasileña Vale U$S 30 millones en 2021, con los que se calcula que equivale el costo de mantenimiento de las instalaciones por 6 años. Sin embargo, el Gobierno de Rodolfo Suárez espera en los próximos meses poder encontrar finalmente un inversor para reactivarla en breve.
Además, parte del dinero que maneja la empresa se ha conseguido también con el desarrollo de un hub logístico, con alquiler de maquinaria e instalaciones a empresas petroleras y de servicios que operan en una zona inhóspita como la del sur de Malargüe.
Desde el Poder Ejecutivo expresaron que la empresa “está armada” para que pueda intervenir en proyectos que “perfectamente” se puedan reflotar o acelerar, como es el caso de Hierro Indio.
“Vamos a motorizar la minería dentro de la 7722″, acotaron. El objetivo de la provincia, en parte, es otro, ya que además de reactivar un emprendimiento minero que podría mejorar la matriz productiva de la provincia, tiene la intención de comenzar a motorizar el rubro y mostrar “en los ejemplos” que en Mendoza “se puede explotar la minería con todos los controles necesarios”.
Más proyectos
Emilio Guiñazú, gerente general de PRC, señaló a Los Andes que si bien tienen activos en la compañía, “estamos a la búsqueda de tener un mayor flujo que nos genere más valor y recursos. Sabemos que es un proyecto chico Hierro Indio -mina que ya estuvo operativa desde 1935 hasta 1973-, pero demanda una pequeña inversión que nos servirá para apuntalar la compañía y no vivir sólo de ahorros, sino también de lo que produzcamos”.
También acotó que si bien la empresa que controla la mina tenía otras ofertas, es posible que se hayan inclinado también por PRC “por la fortaleza de cara a la siguiente etapa del proyecto”, que será la de explotación, y que también requiere de otra Declaración de Impacto Ambiental, que tendrá que ser refrendado por la Legislatura Provincial.
“El Estado mendocino es parte de PRC y nadie quiere invertir en algo que no se pueda llevar adelante. Ellos ven a la empresa como un apoyo tácito de la provincia”, aseguró Guiñazú.
El ex subsecretario de Energía sostuvo que se están analizando otros proyectos mineros “siempre dentro de Malargüe” y marcó que si bien se están analizando, no se quieren “dispersar” con el objetivo principal que es la mina de sales de potasio
“No queremos generar expectativas. Estamos analizando y viendo proyectos, para eso hemos contratado geólogos, pero no podemos hacer más cosas que las que estamos preparados”, agregó.
Trabas locales y macroeconómicas
Es cierto que en los últimos años Mendoza prácticamente no ha tenido avances importantes en el desarrollo minero. Entre las causas que aducen desde el gobierno y el sector empresario, es no sólo la situación macroeconómica, con “poca previsibilidad” respecto al futuro económico del país; sino sobre todo por la compleja trama provincial y el rechazo que ha generado en parte de la sociedad la minería, más allá que los proyectos estén dentro de la 7722.
Por ese mismo motivo relataron desde el Ejecutivo que fue el gobernador Rodolfo Suárez a la feria minera de Canadá: para dar previsibilidad de avance de Potasio Río Colorado.
Ante esto, y también sobre algunos cuestionamientos de empresarios que no ven con buenos ojos la incursión de una empresa estatal en otros proyectos privados, Guiñazú señaló que “si el Estado mendocino es el que quiere desarrollar y no apoya el sector, no podemos pretender que los inversores lo hagan”.
Y agregó: “A quienes no les guste la intervención de una empresa con capitales estatales, que traigan los privados. Fue el privado el que nos eligió por ventajas y fortalezas”.
Por otro lado, Los Andes dialogó con Raúl Rodríguez, quien si bien es el referente de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (Camem), habló de forma personal ya que el tema de Hierro Indio “no se ha tratado en la cámara”.
“Creo que es bueno que un proyecto se ponga en marcha, independientemente quien lo haga, si las cosas se hacen bien. Nos sirve mucho como sector porque estamos buscando el ‘ejemplo monitoreable’. Cuando se habla de minería metalífera, lo hacemos con casos foráneos. Por eso apoyamos lo que sea desarrollo de un proyecto minero”, manifestó el abogado especialista en derecho minero.
Además, sobre la situación minera en Mendoza, comentó: “Siento que, dadas las condiciones macroeconómicas en Argentina, si sumás las particularidades locales en Mendoza, donde la minería genera estas rispideces y discusiones, debe ser difícil lograr que un inversor venga. Esto lo demuestra por qué no tenemos inversiones genuinas”.
Ojeda y el proyecto para exceptuar a Malargüe de la 7722
Mientras tanto, en paralelo el intendente de Malargüe, Juan Ojeda, espera el momento para presentar un ya anunciado proyecto para flexibilizar la 7722 en algunas zonas del departamento.
Tal como informó Los Andes en la edición del 31 de agosto, la clave del proyecto es que propone delimitar bajo “estrictos parámetros” zonas de interés minero donde se puedan utilizar sustancias químicas que hoy están prohibidas en la ley.
Desde el Gobierno observan el trabajo de Ojeda, con el antecedente del rechazo de parte de la sociedad a su modificación, que ocurrió a fines del 2019 y donde luego el Gobernador debió pedir la derogación de los cambios a la 7722 que había aprobado la Legislatura.
“El proyecto lo ha trabajado el Intendente, pero el Gobierno lo apoya”, manifestaron escuetamente desde el Poder Ejecutivo.
Potasio Río Colorado sigue el camino
Por otro lado, Guiñazú sostuvo que persiste la etapa de búsqueda de inversores para Potasio Río Colorado, tras la “auspiciosa” convocatoria de posibles inversores que ha recibido el proyecto.
“Es un proceso lento pero está marchando. Estamos avanzando con el espacio de confidencialidad con cada una de las empresas que tienen interés. Esperamos en 30 o 45 días comenzar a discutir en detalle el proyecto con cada uno de los empresarios, para eso hemos armado varios modelos”, acotó el gerente general sobre el proyecto, que podrá tener varias escalas de explotación, según las necesidades y conveniencias de la empresa.
