La estrategia para refinanciar la deuda de la Provincia con endeudamiento en pesos está en marcha. Hay que pagar 120 millones de dólares (unos 20 mil millones de pesos) y en el Gobierno se aferran a la Ley de Administración Financiera para esta operación, que debe contar con varios dictámenes.
El Frente de Todos-PJ debería acompañar los pedidos de roll over en la Legislatura. Sin embargo, el camino tomado por el Gobierno evitará una áspera negociación, pero no garantiza que el PJ no recurra a la Justicia. Los dictámenes ya se acumularon y resta el de la Fiscalía de Estado que ya tiene el expediente.
Si bien por estas horas todo el peronismo está abocado al cierre de listas partidarias, esperan por un decreto de Suárez. Ya habían anticipado su negativa al roll over, por lo que no descartan ir a la Justicia. Fuentes que siguen de cerca la operación se preguntan: “cuántos inversores participarán de la refinanciación si la operación está judicializada”. Así, el peronismo apuesta a quitarle ese plus de “confianza” del mercado en las cuentas mendocinas.
La presentación del presupuesto provincial para el 2023 llegó con anuncio oficial sobre cómo se afrontará el pago de deudas para el año próximo. A diferencia de otros años, el proyecto ingresó sin pedido de roll over para lo que es necesaria autorización legislativa con apoyo opositor.
“Pretendemos refinanciar la deuda de la provincia con endeudamiento en pesos”, expresó Víctor Fayad, titular de Hacienda y Finanzas. Echando mano a la ley de Administración Financiera, entienden que no es necesario pedirle a la oposición que avale la operación, tal como pergeñan hacerla, con el objetivo de afrontar vencimientos por 120 millones de dólares en 2023.
La estrategia que despliega el Gobierno provincial se argumenta en la Ley de Administración Financiera que es de 2014. “Antes de esa ley, la mayoría de los presupuestos tenían artículos relacionados a cómo administrar la deuda. Después de esta ley, la forma en que se autorizan estas operaciones cambió, porque la norma empezó a autorizar al Ejecutivo para que realice distintas maniobras de manejo de pasivos”, explicaba Víctor Fayad, entrevistado por Los Andes para la edición del pasado 11 de octubre.
El funcionario aclara que “la ley dice que se pueden reestructurar pasivos y eso no requiere autorización, porque el artículo que autoriza de modo permanente a hacerlo tiene los dos tercios (de votos de la Legislatura) que exige la Constitución”.
“Ese artículo (68) pone como condición que existan mejoras. Si hay mejoras en tasa, plazo, moneda, y garantía, se puede hacerlo. La Constitución restringe comprometer nueva deuda, no administrarla. Una cosa es endeudarse más y otra administrar lo que hay. El artículo 68 lo hemos usado infinidad de veces”, indicó.
El primer vencimiento es en marzo del año próximo y el expediente se inició días atrás. “Tenemos que hacer dictámenes fijando la conveniencia y un dictamen legal”, dijo Fayad. Luego, los órganos de control deben verlo como es el caso de la Asesoría de Gobierno y la Contaduría General.
Finalmente recae en la Fiscalía de Estado, que es donde actualmente está el expediente a la espera de la opinión de Fernando Simón que podría conocerse en unas dos semanas aproximadamente.
Una vez que estén estos dictámenes, el Poder Ejecutivo debe emitir un decreto provincial que será necesario para pedir los avales del Ministerio del Interior, el de Economía y el Banco Central. En caso de que haya aprobación de todo, se sale a buscar billetes. El monto, de acuerdo a los cálculos de Hacienda es de $20.000 millones.
La clave de la estrategia que defiende el Gobierno está en la baja tasa que se ofrece por los pesos argentinos. “Sobran pesos”, dice Fayad en relación a la política nacional. “Una provincia como nosotros se puede endeudar a tasas reales cercanas a cero, incluso negativas”, El funcionario resalta que “es positivo para la Provincia tomar deuda en pesos con las tasas que podemos tener y pagar la deuda en dólares”.
El peronismo mira de reojo
Uno de los caballitos de batalla del Frente de Todos-PJ es la crítica despiadada al endeudamiento provincial, desde la gestión Cornejo. Y desde hace varios años vienen negando sistemáticamente la operación de “roll over”, es decir tomar deuda nueva para cancelar vencimientos, una operación que realiza seguido el Gobierno nacional.
El peronismo mendocino espera la publicación del decreto de Suárez que lanza el trámite al Gobierno nacional. Con esa norma, el PJ tomará la decisión de judicializar o no.
No hay detalles específicos sobre los dictámenes ya emitidos, por lo que esperan saber qué dirá la Fiscalía de Estado, órgano que los hace públicos en su sitio web. Si hay algún elemento que permita olfatear un “roleo” de deuda, todo indica que habrá conflicto.
