En medio de los conflictos políticos y judiciales que transita el proyecto para realizar un centro de esquí llamado El Azufre, en el departamento de Malargüe, el Gobierno provincial sigue avanzando en la iniciativa y decidió convocar a una Audiencia Pública para analizar la Declaración de Impacto Ambiental de todo el proyecto.
Esta medida se da luego de intensas críticas que se dieron meses atrás de parte del peronismo, quien denunció que hubo “irregularidades” en el proceso, y que además de no haber “realizado un llamado a licitación”, tampoco se había dispuesto una audiencia pública.
Al margen, este viernes se oficializó el llamado a la audiencia bajo la resolución 179 de la secretaría de Ambiente en el Boletín Oficial, y marca que la misma será el 12 de junio a las 10 de forma virtual (a través de la plataforma Zoom) y la contratación del sistema electrónico “quedará a cargo del proponente del proyecto, quien deberá poner a disposición de los instructores de la audiencia pública y con razonable antelación, los controles y mecanismos técnicos para llevar adelante el acto oportunamente convocado”, expresaron en el artículo 1.
No obstante, en simultáneo se dispondrá de la sala de reuniones de la Cámara de Comercio y Afines de Malargüe para que aquellos que deseen participar y no cuenten con las herramientas tecnológicas.
Mientras tanto, el Poder Ejecutivo pone a disposición de los interesados el Estudio de Impacto Ambiental, el Dictamen Técnico, los Dictámenes Sectoriales y toda otra documentación referente al proyecto, que es un centro turístico sustentable de Alta Montaña”, en el sitio web de Ambiente (www.ambiente.mendoza.gov.ar) “a los efectos de brindar información pública previa a la Audiencia Pública”.
Quienes quieran participar e intervenir en la Audiencia, se podrán inscribir en el propio sitio web de Ambiente. “El límite para la inscripción será hasta las 23:59 hs del día anterior a la audiencia pública”.
No obstante, se establece además en el artículo 9 que, “teniendo presente las características de la zona de emplazamiento del proyecto, previo a la audiencia, el proponente deberá identificar al público directamente afectado por el proyecto (puesteros, titulares registrales con derechos preexistentes y/o toda otra persona directamente afectada) a fin de garantizar el acceso a la información y la facilitación de la participación, debiéndose dar especial apoyo a las personas o grupos en situación de vulnerabilidad para involucrarlos de manera activa, oportuna y efectiva en los mecanismos de participación”.
En los considerandos de la Resolución, se expresó que se designó a la Fundación de la Universidad de Congreso como el “organismo responsable para la elaboración del dictamen técnico”; mientras que los dictámenes sectoriales “de acuerdo a sus incumbencias”, estuvieron a cargo del municipio de Malargüe, la Dirección de Recursos Naturales Renovables, la Dirección de Protección Ambiental, la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial, la Unidad de Gestión y Administración de Tierras Fiscales (UGATIF), el Ministerio de Turismo, la Dirección de Innovación y Desarrollo Económico, la Dirección Provincial de Ganadería, el Departamento General de Irrigación, la Dirección de Patrimonio Cultural y Museos, El Instituto Argentino de Nivología y Glaciología, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, la Dirección Provincial de Hidráulica, el Ente Provincial Regulador Eléctrico, el Ente Provincial de Agua Saneamiento, el Servicio Geológico Minero Argentino y la Dirección Provincial de Vialidad.
Estos dictámenes, “estarán disponibles a efectos de brindar información pública previa a la Audiencia Pública”.
Denuncias opositoras y de Nación
Recordemos que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) presentó en octubre del año pasado una demanda en el juzgado federal de San Rafael para pedir su desalojo, al denunciar que fue montado ilegalmente en tierras que le pertenecen a la Nación.
En su denuncia, la AABE sostuvo que “se efectuó una asignación gratuita de las tierras por parte de la provincia que no son de su titularidad excediendo sus competencias, prescindiendo del proceso licitatorio correspondiente” y añadieron que “el Estado nacional, como titular de dominio de las tierras, resulta afectado en sus intereses patrimoniales”.
El organismo pide cumplir las leyes 17.091, que establece la restitución de inmuebles fiscales cedidos, y 21.900, ya que “se trata de un espacio de frontera”. También aseguraron que “la ocupación del inmueble se sustenta en un acto ilegítimo de la Provincia de Mendoza –no del Estado Nacional- que en modo alguno puede fundar una ocupación legitima sobre un inmueble que no es de su propiedad, más aún cuando el titular dominial, en este caso el Estado Nacional, ha manifestado expresamente su oposición”.
“La solución es el desalojo, es una medida sencilla. Ante la ausencia de un vínculo jurídico, es una acción civil de desalojo contra un ocupante que no tiene por qué permanecer en el inmueble estatal. No juzgamos la actividad, sino que estamos defiendo el patrimonio del Estado”, sentenció la AABE en su momento.
Mientras tanto, Lucas Ilardo, senador provincial, fue uno de los principales críticos de la medida y el proceso provincial. “El gobernador de Mendoza está privatizando una parte de la Cordillera de Los Andes. ¿Está entregando parte de nuestros glaciares?”, se preguntó el legislador en una de las publicaciones en redes sociales.
“No hubo ningún tipo de concurso público para la presentación de proyectos para la explotación del centro de esquí”, dijo, y agregó: “Este sector de la cordillera, entregado gratuitamente, está en gran parte cubierto de glaciares y humedales altoandinos, posee numerosas nacientes de ríos y arroyos e incluso también vertientes termales que deberían ser preservados”.
LA ASIGNACIÓN
Fue la Provincia la que le asignó más de 12.000 hectáreas a privados (Alejandro Spinello, José Beccar Varela y Daniel Nofal, los 3 socios fundadores) que están desarrollando un centro de esquí en Malargüe, en el valle El Azufre. El emprendimiento se ubica en zona de frontera, en terrenos que pertenecen a Nación, pero cuya posesión le fue transferida al Estado provincial en 1969.
La asignación fue realizada por decreto y la norma detalla, en sus considerandos, que los terrenos solicitados por la empresa El Azufre S.A. se encuentran en “Potreros de Cordillera”.
En un convenio que la provincia suscribió con la Superintendencia Nacional de Fronteras, en 1991, por esa área, se establecía que Mendoza debía elaborar un plan para favorecer la radicación de pobladores y el aprovechamiento de los recursos existentes.
En febrero del año pasado, el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, detalló que esas tierras son de frontera y propiedad de la Nación, pero que la provincia tiene la posesión y puede asignarlas. Esto significa que, si bien no puede trasladar la propiedad a privados, sí se las puede asignar para los fines de explotación que habilita el convenio con el Estado nacional. En cuanto a los plazos, a diferencia de lo que sucede con una concesión, la asignación no tiene un tiempo determinado. Ibáñez resaltó que el proceso cuenta con un dictamen favorable de Fiscalía de Estado.
Por otro lado, el gobierno provincial plantea en el texto del decreto que “no resulta necesario ni posible realizar una licitación pública”, ya que la facultad de asignar terrenos se “vincula con situaciones preexistentes, como la presencia de Gendarmería o de ocupantes que ya invirtieron en la zona, y que no son pasibles de un concurso de proyectos u ofertas”.
Y suman que El Azufre S.A. cuenta con contratos de cesión de derechos por parte de los pobladores que estaban radicados en esos terrenos. Además de que el “desarrollo de un centro turístico resulta estratégico para la provincia, tanto en el plano económico, por las inversiones que implica a corto, mediano y largo plazo, como en el estrictamente turístico por la relevancia que adquiere para el crecimiento y explotación de la zona, así como también para el mejoramiento de la infraestructura”.
Valle El Azufre
El valle El Azufre se encuentra a unos 100 kilómetros de la ciudad de Malargüe por el camino del Carqueque (continuación del de Pincheira) o a 180 kilómetros por el que lleva al paso Pehuenche. Se trata de un sitio que está entre los 2.400 y los 3.400 metros sobre el nivel del mar y en el que hay nieve durante cinco meses al año.
Actualmente se monta un centro de esquí boutique, al cual sólo se puede acceder vía aérea y por esto se trata de una opción turística para personas con alto poder adquisitivo.
La resolución
