El Gobierno provincial adjudicó la construcción del Centro Cívico Judicial de Tunuyán a la Unión Transitoria de Empresas (UT) Stornini SA y Constructora San José SRL; y además ajustó los valores de la obra, que ahora tiene un presupuesto que llegará por lo menos a los $21.307 millones.
La medida fue anunciada este jueves en el Boletín Oficial, mediante el decreto 2262 firmado por el gobernador Alfredo Cornejo; y el ministro de Gobierno, Natalio Mema.
En el artículo 1 se estableció que el presupuesto total de la obra será de esos $21.307 millones, que surgirán de una obra básica de $14.688 millones; más variaciones de precios por $6.599 millones y gastos generales de obra de $20 millones.
De hecho, se prevé que por lo menos los trabajos finalicen en 2026, teniendo en cuenta que el presupuesto dispone diversos desembolsos a lo largo de estos ejercicios: $246 millones para lo que resta del 2024; $13.282 millones para el 2025; y $7.777 millones para el 2026. Los gastos para la ejecución de los trabajos, serán atendidos “por intermedio de la Tesorería General de la Provincia”.
En tanto, según informó Los Andes en agosto, los fondos saldrán de rentas generales, pero divididos entre los poderes del Estado: un 50% será financiado con fondos del Poder Ejecutivo; y la otra mitad por parte del Poder Judicial, que a su vez se dividirá en diferentes porcentajes dentro de sus estamentos, con un 63,4% de parte de la Suprema Corte; un 27,4% por parte del Ministerio Público Fiscal; y el 9,2% restante del Ministerior Público de la Defensa.
Ofertas
En el decreto, se dio información de todas las propuestas de diversas empresas para la realización de la obra, pero finalmente se decidió elegir como ganadora a la de Stornini-Constructora San José, que había presentado una oferta alternativa obligatoria de $14.688 y un acopio del 20%.
Tal como se informó en los considerandos, la oferta más económica fue de la empresa Corporación del Sur S.A, cuyo presupuesto fue de $14.628 millones y un acopio del 20%. No obstante, desde la Comisión de Estudio y Evaluación de Propuestas expresaron que “la misma presentó errores de forma y de fondo en la presentación de la documentación”; y además que “es el único de los oferentes que no posee antecedentes específicos en la construcción de obras en los Polos Judiciales de Mendoza”.
En tanto, de acuerdo a la UT ganadora, mencionaron desde la Comisión que si bien “resulta un 0,38% más elevada que la más económica de las ofertas”, es “un 4,61% por debajo del Presupuesto Oficial actualizado (esta comparación para los casos de la oferta alternativa obligatoria)” y agregaron que “ha cumplimentado la presentación de la documentación en tiempo y forma, con una capacidad comprometida proyectada en caso de resultar adjudicatario del 24% y cuenta con el antecedente de haber construido un Polo Judicial Penal de 16.000 m2 en 16 meses, lo cual resulta importante a la hora de evaluar la conveniencia de la oferta, especialmente dada la poca diferencia que hay en cuanto a ésta y la más económica”.
Las otras ofertas que quedaron en el camino fueron las de Ceosa-Tolcon y la de Obras Andinas-Genco.
Por otro lado, si bien la Suprema Corte había anunciado la construcción con los proyectos en el año 2021, los “problemas económicos” conspiraron con la edificación. En aquel momento, incluso se hablaba de un presupuesto de $1.705 millones.
Y por otro lado, en una posterior licitación, el 16 de mayo del 2023 abrieron los sobres para el proyecto, que tampoco tuvo luz verde. En aquella licitación sólo recibió una única oferta por parte de la unión transitoria de las empresas Stornini, San José y Ayfra.
Nuevos edificios
Según informó el Gobierno, uno de los establecimientos que se construirá concentrará los servicios de Justicia en ese departamento, que es sede de la Cuarta Circunscripción Judicial de Mendoza.
Uno de los edificios será un planta baja de 3.362 m2 y otro edificio tendrá 1.715 m2, en planta baja y primer piso. Ambos albergarán oficinas de gobierno, dependencias del Misterio Público Fiscal, Ministerio de la Defensa y Pupilar, junto a todas las dependencias de la Suprema Corte.
En tanto, por otro lado también está prevista a futuro la construcción de un edificio de 615 m2 cubiertos en dos niveles con el fin de nuclear a los tres organismos: CEO, Unidad Investigativa y Policía Científica.
La tipología constructiva será de una “combinación de estructura de hormigón armado, mampostería y elementos metálicos con núcleo aislante de poliuretano de alta densidad”.
Para las instalaciones se tuvo en cuenta el dimensionamiento del proyecto según los usos, cantidad de personal, mobiliario y circulaciones necesarias para el correcto funcionamiento de cada dependencia.
A nivel masterplan, el planteo se centra en la idea de la construcción de los edificios para el Centro Cívico Judicial y CEO Valle de Uco que se vinculan a través de calles internas sin descuidar los espacios destinados para estacionamientos y áreas de servicios.
Las dependencias que se trasladarán y que actualmente se ubican en otros edificios del departamento son oficinas de la Suprema Corte, Ministerio Público Fiscal, Ministerio de la Defensa y oficinas de gobierno.
El presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay, detalló el año pasado a Los Andes que la Justicia tiene diseminada en Tunuyán “todos los tribunales, pero con esta obra quedará todo en un mismo lugar. El fuero Penal, Familia, Civil, Laboral. Además se va a instalar un Registro Civil, la delegación de la Subsecretaría de Trabajo junto a otros organismos que hacen a la tarea cotidiana de los justiciables del Valle de Uco”.
