El fiscal federal Guillermo Marijuan, después de haber realizado una investigación preliminar, radicó este lunes la correspondiente denuncia penal por el delito de defraudación contra la administración pública, en el caso donde se detectaron beneficiarios de planes sociales por parte del Ministerio de Desarrollo Social que adquirieron divisas.
La investigación preliminar indicó después de conocerse el relevamiento y/o entrecruzamiento de datos encomendado por el Ministerio de Desarrollo Social a la Administración Federal de Ingresos Públicos, a través del cual se detectó “una numerosa cantidad de personas beneficiarias del plan Potenciar Trabajo, que adquirían divisas extranjeras de las arcas del Estado Nacional y/o declaraban bienes personales”, indicó el fiscal. Pidió que se les suspenda el beneficio.
Asimismo, sostiene el dictamen al que accedió el diario Clarín, en dicho relevamiento “se corroboró que, aproximadamente 2800 personas fallecidas continuaban cobrando dicho plan asistencial”.
El cruce de información se realizó sobre la identificación estadística de 1.383.279 de titulares del mencionado programa, detectando que 253.184 de ellos (el 18,30%) habrían efectuado una manifestación patrimonial en las declaraciones juradas de Bienes Personales, y que 35.398 (el 2,56%) habrían realizado alguna compra de divisas con fines de ahorro en los últimos 6 meses.
Frente a esos datos el Ministerio Público Fiscal requirió a la AFIP y al Ministerio de Desarrollo Social la remisión de una copia del relevamiento y/o entrecruzamiento de los datos en cuestión.
Surge del informe que el Ministerio de Desarrollo Social solicitó un cruce de información con indicadores relacionados a cuestiones económicas- financieras de los titulares del Programa Potenciar Trabajo y, ante ello, la AFIP procedió a la compulsa de las bases de datos de ese organismo.
La finalidad era identificar consumos de los titulares con tarjetas de crédito/débito que excedieran en dos o más veces las acreditaciones bancarias efectuadas por el Ministerio.
Después se hizo un análisis de los ingresos de los beneficiarios durante los últimos seis meses, teniendo en cuenta las declaraciones juradas del impuesto sobre los bienes personales “incompatibles con el beneficio y/o tenencia de bienes muebles e inmuebles, información previsional, de medicina prepaga o alcanzada por cobertura de salud, que hayan fallecido, entre otras variables”.
Al respecto el fiscal Guillermo Marijuan indicó que “el plan asistencial no resulta compatible y en consecuencia no puede ser otorgado a aquellos individuos que estén obligados a presentar declaración de bienes personales”.
Bajo esa línea argumentativa, estableció que la “acción delictual defraudatoria al Estado Nacional” se habría generado “por cada beneficiario que habría engañado a la Administración Pública presentándose como un sujeto en condiciones de carencia económica para recibir una ayuda, colocando al funcionario de Desarrollo Social en un estado o situación de error que lo llevó a aceptarlo como tal, con la consecuente disposición patrimonial perjudicial que cada plan mes a mes implica para las arcas del Estado Nacional”.
De igual manera, “en el caso de las personas fallecidas, desde su deceso finaliza cualquier posibilidad de cobro, ya que no se trasmite el plan a ningún tercero”, dijo el fiscal.
Por ese motivo radicó la denuncia, al entender que hay en esta etapa preliminar elementos suficientes para que los hechos se investiguen en el marco de una investigación penal.
