Tras nueve audiencias, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola concluyen hoy con el alegato acusador contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros 12 acusados en la causa en la que se investiga el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015 en favor del empresario Lázaro Báez. Luciani pedirá que la expresidenta sea condenada: además de solicitar una pena de prisión, planteará la inhabilitación a ejercer cargos públicos de por vida.
Para los fiscales, el fraude al Estado con las obras de Lázaro Báez fue de $5.321 millones
Durante su exposición vía Zoom, el fiscal Sergio Mola aseguró que con las maniobras lideradas por CFK “se buscó beneficiar de modo directo a Lázaro Báez e indirectamente a los expresidentes. Le garantizaron un lucro indebido en costas del Estado nacional”.
En base al análisis de 51 obras, el fiscal determinó que el perjuicio al Estado se calcula en 5.321 millones de pesos. “Producto de sobreprecios, de la cartelización de las obras públicas y el abandono intempestivo de las se ocasionó un monumental perjuicio al Estado”, dijo este mediodía.
Enfatizó, además, en el Sistema Integral de Gestión de Obras (SIGO), que es utilizado por Vialidad y al que los fiscales lo definieron como “poco confiable, aunque es la fuente de indagación natural” de los datos obtenidos. “Vamos a solicitar testimonios de otras personas que no se encuentran imputadas”, anticipó, al referirse a la poca transferencia en los procesos de adjudicación y control de las obras.
Al anticipar el pedido de decomiso de bienes, Mola habló de “blanqueo de activos para canalizar fondos para la exfamilia presidencial” y estableció comparaciones con los alquileres de los hoteles de los Kirchner, que constan en la causa Hotesur-Los Sauces, en la que la vicepresidenta y sus hijos fueron sobreseídos.
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Cómo se llega al cierre el alegato acusatorio contra Cristina Kirchner
En la audiencia del pasado viernes, Luciani y Mola señalaron que CFK fue la jefa de una asociación ilícita que pergeñó, durante sus mandatos y el de Néstor Kirchner, un armado ilegal para que Báez reciba obras que no finalizó y que cobró de manera completa con sobreprecios e incumpliendo normativas.
Según el artículo 174 del Código Penal, el delito de fraude en perjuicio de la administración pública prevé una pena de dos a seis años de prisión y establece que el culpable, “si fuere funcionario o empleado público, sufrirá además inhabilitación especial perpetua”. De esta forma, Luciani fundamentará la condena a la vicepresidenta y que no pueda volver a ejercer cargos en el Estado.
La pena de cárcel puede variar entre la escala de años que tiene cada delito, en el caso de Cristina los de asociación ilícita (de cinco a diez años para los jefes) y fraude en perjuicio de alguna administración pública.
La sanción puede ser de siete a 16 años de prisión, sumando los mínimos y los máximos de cada delito.
Después del pedido del fiscal, será el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, el que decida condenar o no a la vicepresidenta y el resto de los acusados.
Pero para que se concrete la condena, ésta debe quedar firme y ser ratificada primero por la Cámara de Casación y después por la Corte Suprema. Y teniendo en cuenta los tiempos del proceso y de la propia justicia, eso no ocurriría en el período electoral de 2023, con lo cual Cristina Kirchner podría presentarse nuevamente como candidata, adelantó Infobae.
En tanto, los alegatos de las defensas no comenzarán esta semana.
Es que cuando finalice la exposición de los fiscales, el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 dispondrá un cuarto intermedio de una o dos semanas (aún no está definido pero el máximo es de 10 días hábiles) para que los abogados de los imputados puedan terminar de pulir sus ponencias en el marco del debate final.
Las 30 audiencias previstas para los alegatos de las defensas comenzarían con la exposición del abogado que representa al empresario Báez, uno de los principales imputados en el expediente, mientras que el turno de los defensores de la vicepresidenta llegaría recién en el sexto lugar.
En esta causa se le imputa a Cristina Fernández de Kirchner la coautoría de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefe y administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública durante los años en los que fue presidenta de la Nación.
Entre los imputados están también el exministro de Planificación Federal Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas José López; el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) Nelson Periotti y el exsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Santiago Kirchner.
También están el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala; los exresponsables del Distrito N°23 “Santa Cruz” de la DNV Raúl Osvaldo Daruich y Mauricio Collareda y los expresidentes de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz Héctor René Jesús Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilbeto Pavesi y José Raúl Santibáñez.
A lo largo de su alegato, los fiscales Mola y Luciani sostuvieron que los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner direccionaron la obra pública vial de Santa Cruz en favor de Báez y que eso fue producto de una relación de amistad que los unía desde antes de asumir la presidencia, a la vez que aseguraron que todos los acusados sabían de las maniobras y no sólo no las evitaron ni controlaron sino que cumplieron funciones específicas.
En una de las últimas audiencias, el fiscal Luciani respondió a la recusación de Cristina Kirchner y habló de un “planteo temerario”, además de una “campaña para debilitarlo psicológicamente”.
“Es la primera vez que me recusan en mi carrera. Este planteo es de mala fe y absolutamente temerario”, aseguró el viernes pasado. “Me achacan ser el brazo ejecutor de no se qué por jugar al futbol”, añadió.
“Hay una campaña para debilitarme psicológicamente”, sostuvo Luciani. “Soy un fiscal de la Nación que actúa con libertad e independencia. Quiero ser claro: respeto y horno la función que cumplo. Lo hago con respeto y con dignidad, porque tengo un mandato público”, agregó. En otra de las audiencias, el funcionario judicial aportó chats que comprometen todavía más a CFK.
Por su parte, las defensas reclamarán la absolución de los acusados e insistirán con algo que ya dijeron públicamente: que las obras se hicieron, que las licitaciones fueron reales y no simuladas, como aseguraron los fiscales, y que los acusadores no lograron probar los delitos atribuidos a los imputados sino que se limitaron a repetir el auto de elevación a juicio redactado por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques.
Algunos de los abogados de los imputados tienen previsto exponer algunos momentos claves del juicio que ya lleva tres años donde los testigos, bajo juramento de decir verdad, rechazaron las supuestas irregularidades, a la vez que plantearán que la ausencia de un peritaje que incluya las 51 obras investigadas llevó a la fiscalía a proponer conclusiones equivocadas.
Desde el kirchnerismo se mantienen en su postura de “lawfare”.
