El Senado de Mendoza avanza paulatinamente en el debate sobre el proyecto de exploración minero Cerro Amarillo. Esta mañana se llevó adelante una nueva reunión de las comisiones de Ambiente y Cambio Climático junto a Hidrocarburos, Energía y Minería, donde hubo dos nuevas exposiciones.
El Fiscal de Estado, Fernando Simón, dio su aporte jurídico sobre el tratamiento de la Declaración de Impacto Ambiental. Y la ingeniera Laura Najar, profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la UNCuyo, compartió datos técnicos sobre el proyecto.
Las principales dudas pasan sobre la vigencia de la declaración de impacto ambiental (DIA) presentada en 2014. Desde el Gobierno aseguran que no es necesaria una actualización, ya que la Ley 7722 plantea que las revisiones deben hacerse una vez iniciada la actividad, y de ese modo podría ser aprobada tal como está. En tanto, desde el peronismo cuestionan esa postura al considerar que han pasado 8 años y en esto centran sus consultas a los especialistas.
En ese contexto, el Fiscal de Estado compartió a los senadores cuáles serían los motivos legales que llevarían a una nueva revisión y la ingeniera Najar, por su lado, afirmó que las condiciones naturales no se han modificado desde aquel tiempo a la actualidad.
Tras la reunión, Simón comentó a diario Los Andes que “el aporte que hice fue como interpretar la Ley 7722 y los fallos de la Corte, y a la luz de eso, la DIA. Lo cierto es que la 7722 no permite iniciar ninguna acción hasta que la Legislatura apruebe esa DIA, con lo cual no ha entrado en vigencia”.
Y enumeró los motivos por los cuáles debería actualizarse la DIA: “Uno es que haya habido cambios relevantes en la naturaleza. Yo no soy especialista pero no suele ocurrir en tiempos tan cortos, aunque podría ocurrir. Segundo, que haya un cambio en las exigencias legales. Es decir que se exija algo más alto que en el momento en que se hizo. Y por último, iniciada la actividad, a los dos años siempre hay que revisar si los controles ambientales han funcionado”.
“Estas son las exigencias de revisar la DIA bajo la perspectiva de la ley y los fallos de la Corte”, afirmó y aclaró que “distinto es que, en su ejercicio de prudencia política, la Legislatura quiera hacerlo, pero no habría una exigencia legal”.
“Es una facultad legislativa tomar esa decisión. No vemos que exista un obstáculo legal. La 7722 puso en manos de los legisladores tomar esa decisión”, sostuvo en cuanto a la marcha del debate del proyecto.
El análisis científico
La ingeniera en Petroquímica y Mineralurgia, Laura Najar, quien además es profesora en la UNCuyo e investigadora (categoría 2) habló a favor de la iniciativa y defendió su análisis.
“Fue importante aclarar algunas dudas que existían por parte de los legisladores, respecto a si había que solicitar una actualización de la DIA, que existía desde el 2014. Tanto lo que planteó el Fiscal de Estado, como el análisis que yo hice de los expedientes y la revisión con fundamento de que no ha habido cambios en el lugar, respecto al análisis de imágenes satelitales. Y no ha habido afectación por alguna actividad antrópica, que hubiera sucedido en el transcurso del año 2014 a la fecha. De alguna forma eso justifica que no es necesario la actualización y que es válida la ratificación que se está solicitando en la Cámara de Senadores”, sostuvo tras su exposición.
“Presenté las imágenes satelitales, incluso con esta nueva incorporación al expediente del relevamiento de glaciares que hay en la zona cercana al desarrollo de las actividades, que son las distintas perforaciones que se van a hacer”, comentó.
La ingeniera analizó las condiciones en que podrían “interactuar” el proyecto y los glaciares. En ese sentido sostuvo que “no hay evidencias que indiquen que el material particulado llegue a la altura dónde están los glaciares”.
“Si bien, son de detrito y algunos son inactivos, hay que tener los cuidados correspondientes a la Ley de Glaciares y que la Ley de Presupuestos Mínimos a nivel nacional plantea sobre la preservación de los entornos ambientales”, añadió.
“Entonces en este caso, de acuerdo a mi opinión es importante que se avance en esta etapa de exploración porque la Provincia necesita saber qué tipo de reserva de minerales hay en la zona de la Cordillera”, afirmó la investigadora.
Y aseguró que están dadas las condiciones para la aprobación del proyecto porque “los informes ambientales son muy completos, los dictámenes han sido muy exigentes en cuanto a solicitar mayor información a lo que inicialmente se había presentado. Ha habido mucho cuidado y la legislación de Mendoza hace que las distintas instituciones exijan contenidos que en el tiempo desde 2006 a 2014 hicieron más sustanciosos los contenidos”.
El peronismo espera por todos los expositores
Desde el oficialismo no quisieron dar declaraciones y cedieron la palabra a los especialistas. En tanto que el peronismo confirmó que sigue analizando el proyecto sin prisa, escuchando a cada uno de los exponentes.
La senadora Mercedes Derrache (FDT) dijo al respecto: “Desde lo legal, el Fiscal dio su opinión, pero dejó la puerta a que sí ha habido algunos cambios, eso ameritaría una revisión. En principio tenemos por parte del Ejecutivo que no hay ningún hecho suficiente o necesario para activar una revisión del tema”.
“Por otro lado, la ingeniera dio un análisis sobre los glaciares y dio una cierta tranquilidad técnica a avanzar con el primer cateo”, agregó.
Entonces afirmó que el PJ seguirá “escuchando” a la espera de otros especialistas como Mario Salomón, experto en recursos hídricos, representantes de la UTN y de la Suprema Corte de Justicia.
En tanto, sobre los plazos de tratamiento, sentenció: “El oficialismo dijo que daría tiempo para analizarlo, con todas las consultas necesarias. Ellos decidirán si lo mandan o no a tratamiento. No han dado fechas”.
