Está listo a la espera de la firma del Presidente Alberto Fernández un decreto por el cual la administración de la hidrovía Paragua-Paraná pasará por un año a ser ejercida por el Estado nacional, a la espera de una licitación definitiva que podría ocurrir dentro de un año y medio. De esta manera concluirán los 25 años de concesión del principal sistema navegable a cargo de Hidrovía SA, un consorcio integrado por la firma belga Jan de Nul y la empresa local Emepa.
El ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, confirmó este lunes la versión que venía circulando desde hace días: “Hay un primer decreto a la firma del Presidente que faculta a la AGP (Administración General de Puertos Sociedad del Estado) a realizar lo que llamamos ‘licitación corta’, con el objeto de darnos el tiempo suficiente para la confección de la ‘licitación larga’, que incluiría las nuevas obras para el sistema de la hidrovía y las que plantean los gobernadores”.
El ministro explicó que en lo inmediato, “con la licitación corta”, el Gobierno nacional apunta a “mantener operativa la vía navegable, pero con control más efectivo del Estado”.
Ya con la Administración General de Puertos a cargo de la hidrovía que establecerá el decreto presidencial de firma inminente, el cánon para el uso de la vía navegable empezará a ser cobrado por la AGP y no por la exconcesionaria Hidrovía SA.
De acuerdo a lo informado por el ministro al sitio El Destape, la AGP -que depende del Ministerio de Transporte) continuará pagando las concesiones en curso para las tareas de dragado y balizamiento, hasta que se convoque a una licitación definitiva, proyectada para dentro de un año.
Para ese entonces, el Gobierno nacional espera haber constituido un Ente Nacional de control, que se encargará de la llamada “licitación grande”: “contempla nuevas obras, se plantea mayor profundidad de dragado, acceso a los puertos públicos y demás”, explicó el ministro Guerrera, que definió a ese Ente de control de la hidrovía como “una Secretaría o un ministerio que se dedicará exclusivamente a tener presencia en esa red troncal fundamental para desarrollo de la Argentina”. La constitución de este organismo nacional se completará con representantes de las siete provincias involucradas en la vía navegable de más de tres mil kilómetros de largo.
Por esta vía navegable se mueve la producción de granos y derivados agroindustriales de la Argentina, Paraguay, Bolivia y parte de la producción del Estado brasileño de Mato Grosso. Se estima que el 80 por ciento de las cargas del país salen por los puertos de este canal.
“En estos 25 años de concesión, pese a estar previsto en los pliegos originales, nunca se conformó este Ente de control de la hidrovía”, dijo Guerrera.
De esta manera, el Gobierno nacional se encamina hacia un nuevo modelo de gerenciamiento de la hidrovía: un ente estatal de control que definirá las concesiones a los privados, y también cobrará el peaje por su uso a las compañías navieras.
El senador nacional peronista, Jorge Taiana, desde hace tiempo viene bregando por la no renovación de la concesión a Hidrovía SA, y por la toma de control por parte del Estado. Taiana ha dicho que los costos estimados de mantenimiento, de mejora y de control, “con la ganancia incluida” para Jan de Nul y Emepa, son de 130 millones de dólares anuales, mientras que “la recaudación no baja de los 200 millones de dólares”. Habló de “ganancias extraordinarias” de parte de Hidrovía SA.
El 28 de agosto del año pasado, en Santa Fe, el presidente Alberto Fernández, junto a fallecido ministro de Transporte, Mario Meoni, y los gobernadores de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe firmaron un acuerdo para crear la Administración Federal Hidrovía Sociedad del Estado que “controlará los procesos de licitación y podrá llevar adelante obras complementarias y accesorias a la hidrovía”.
En aquella oportunidad, Meoni dijo que la creación de la Sociedad del Estado respondía la necesidad de “proponer un organismo de control porque esta hidrovía se explotó por una empresa durante 25 años sin que haya un organismo de control y ese es el rol del estado”.
En diciembre pasado, se creó el Consejo Federal Hidrovía, y su primera reunión fue en febrero pasado, en Rosario.
A fines de abril, el Estado nacional le prorrogó por un plazo de 90 días la concesión a Hidrovía SA.
Se espera ahora ver qué dice el DNU adelantado por el ministro Guerrera que le da la administración provisoria de la hidrovía a la AGP, y cómo será, finalmente, el ente estatal específico que pasará a controlar el canal navegable en un futuro.
