El gobierno de Estados Unidos elaboró el informe anual sobre el estado de los derechos humanos en 2020 el mundo y advirtió este martes que funcionarios argentinos ejecutivos, legislativos y judiciales “participaron en prácticas corruptas con impunidad”.
“La ley establece sanciones penales por corrupción de funcionarios; no obstante, múltiples informes alegaron que los funcionarios ejecutivos, legislativos y judiciales participaron en prácticas corruptas con impunidad, lo que sugiere una falta de implementación efectiva de la ley”, alertó el documento, en su versión en español, presentado por el Departamento de Estado norteamericano.
Y luego agregó: “Las instituciones débiles y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado socavaron los intentos sistemáticos de frenar la corrupción” por parte del gobierno de Alberto Fernández. El informe fue presentado por el secretario de Estado, Antony Blinken en la Casa Blanca.
Qué dice el informe
En la parte en la que se refiere a la Argentina, el informe cita las investigaciones “contra figuras políticas en ejercicio y ex de alto rango, en las que incluye a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el expresidente Mauricio Macri”.
En ese marco, menciona la causa de los cuadernos en el que la exmandataria y otras 52 personas “fueron acusadas de recibir sobornos, pago de sobornos o ambos en contratos de obras públicas entre 2008 y 2015. Los fiscales estimaron el valor total del esquema de soborno en $ 160 millones. Fernández de Kirchner y sus hijos enfrentaron otros cinco casos de corrupción financiera a partir de noviembre”, apuntó. Macri fue mencionado por la investigación por el caso del espionaje ilegal durante su gobierno.
También hicieron referencia al caso del exministro de Planificación Julio De Vido. “Condenado a cinco años y ocho meses por fraude, uso indebido de fondos y falta de supervisión relacionada con un accidente de tren en 2012 que mató a 52 personas”, indicó el informe.
Y agregó que “la corrupción ocurrió en algunas fuerzas de seguridad”. También precisó: “Los abusos más frecuentes incluyeron la extorsión y la protección de los involucrados en el tráfico de drogas, la trata de personas, el lavado de dinero y la promoción de la prostitución. También fueron frecuentes las denuncias de corrupción en los tribunales provinciales y federales”.
Hay un capítulo dedicado a la integridad de las personas, y allí el documento afirmó que “hubo varios informes de que el gobierno o sus agentes cometieron homicidios arbitrarios o ilegales”.
“El Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial de la Memoria de la Ciudad de Buenos Aires reportó 134 muertes en 2019 por uso de fuerza injustificada o excesiva por parte de la policía en el área metropolitana de Buenos Aires. Una organización no gubernamental (ONG) nacional informó que hubo 401 muertes en 2019 a manos de las fuerzas policiales. Ambas organizaciones afirmaron que las investigaciones sobre la violencia policial y el uso de fuerza letal en la provincia fueron limitadas”, señaló.
También alertó que “hubo informes de desapariciones por parte de las fuerzas de seguridad o en su nombre durante el año” y entre los casos menciona al de Facundo Astudillo Castro, que “desapareció el 30 de abril mientras hacía autostop aproximadamente a 120 kilómetros de su casa a Bahía Blanca, poco después de que la policía lo arrestara por violar la cuarentena COVID-19″.
También citó a la Defensoría del Pueblo Penitenciario (PPN), un organismo gubernamental independiente que monitorea las condiciones carcelarias, que “reportó 427 casos de tortura o maltrato en 2019. Hasta junio, había registrado 87 casos”, apuntó.
Y advirtió: “La impunidad siguió siendo un problema importante en las fuerzas de seguridad a todos los niveles. La corrupción y un sistema judicial lento y politizado obstaculizaron los esfuerzos para investigar los abusos. En general, el gobierno denunció los abusos denunciados y se esforzó por capacitar a las fuerzas militares y de seguridad en todos los niveles en derechos humanos, incluso mediante capacitación en línea durante la pandemia de COVID-19″.
Por otra parte afirma que el gobierno “en general observó” los requisitos que prohíben los arrestos y detenciones arbitrarias y afirmó que “la policía generalmente detuvo a las personas abiertamente con órdenes judiciales basadas en pruebas suficientes y emitidas por un funcionario debidamente autorizado”.
La Justicia, la “manipulación política” y la libertad de prensa
Además, señaló que “la ley establece un poder judicial independiente, pero los funcionarios gubernamentales de todos los niveles no siempre respetaron la independencia y la imparcialidad judiciales. Según las ONG locales, los jueces de algunos tribunales penales y ordinarios federales fueron sometidos en ocasiones a manipulación política”, alertó.
Y añadió: “Las demoras prolongadas, los atascos procesales, las brechas prolongadas en el nombramiento de jueces permanentes, el apoyo administrativo inadecuado y la ineficiencia general obstaculizaron el sistema judicial. La amplia discreción de los jueces sobre la realización de las investigaciones y la forma de hacerlo contribuyó a la percepción pública de que muchas decisiones eran arbitrarias”.
El informe resaltó también que “no hubo informes de presos políticos o detenidos”.
En este punto, el documento del departamento de Estado afirmó que “la constitución establece la libertad de expresión, incluida la de prensa, y el gobierno en general respetó este derecho. Una prensa independiente y un sistema político democrático se combinan para promover la libertad de expresión, incluida la prensa”, resaltó.
“Los medios independientes estuvieron activos y expresaron una amplia variedad de puntos de vista sin restricciones”, prosiguió el reporte, aunque advirtió que “hubo informes de agresiones físicas, amenazas y hostigamiento contra periodistas”.
Además, aseguró que el gobierno respetó la libertad en internet, la libertad de reunión y asociaciones pacíficas. En el marco de la pandemia y las medidas restrictivas, mencionó las “protestas antigubernamentales a gran escala en Buenos Aires y en todo el país” que “se llevaron a cabo sin incidentes”.
