En estos últimos tres días, miles de policías bonaerenses se rebelaron contra el gobierno provincial con masivas protestas para reclamar medidas urgentes relacionadas a un aumento salarial -que ellos denuncian que está por debajo de la línea de pobreza-, mejoras en las condiciones laborales, y esto sumado a los más de 600 mil infectados por coronavirus.
A pesar de que algunos puedan llegar a creer que lo que ocurre en Buenos Aires es algo extraordinario, en nuestra provincia se vivió una situación similar aunque hace más de dos décadas. Una protesta policial derivó en uno de los cambios más grandes dentro de la fuerza en la provincia y que tuvo su origen en uno de los crímenes más resonantes en Mendoza: el del estudiante Sebastián Bordón en San Rafael.
La reforma del aparato policial
En octubre de 1997, el cuerpo de Bordón, un chico de 18 años que estaba de viaje de egresados, aparecía muerto al pie de un risco en el Cañón del Atuel. Con la aparición del cadáver- no muchos lo podían presagiar- comenzaba un cambio histórico en la Policía de Mendoza -responsable de tres desapariciones de civiles en siete años: Guardati (1992) y Garrido-Baigorria (1990).
Estas modificaciones tuvieron lugar un año después en 1998, cuando el aparato policial de Mendoza se rebeló contra el poder civil y lo intentó extorsionar para recuperar espacios de poder que perdía (civiles comenzaron a manejar la policía, pasando los comisarios generales a las segundas líneas). Se produjo la llamada “rebelión policial”, que tuvo su punto máximo en una manifestación en la Legislatura.
A partir de esa crisis, comenzó a gestionarse y luego se plasmó la llamada Reforma Policial. La decisión del entonces gobernador Arturo Lafalla, y de los líderes de la oposición, UCR y PD ( José Genoud, Roberto Iglesias y Carlos Balter), hizo que el poder civil asumiera el mando por primera vez en la historia de la Policía de Mendoza.
Un joven abogado, Alejandro Cazabán -de extrema confianza de Lafalla, quien ya le había confiado asuntos complejos desde que llegó a la Gobernación en 1995- asomaba en la política mendocina y fue el artífice de esa reforma.
Por su intermedio, el Gobierno y los partidos de la oposición suscribieron un acuerdo político, sin precedente en la provincia, que avaló una profunda purga de jefes policiales y formó parte de un plan para reestructurar los sistemas de seguridad pública provinciales.
Las medidas incluyeron la suspensión de las garantías previstas en la ley orgánica de la policía de Mendoza, lo que permitió a Lafalla pasar a retiro a varios comisarios y oficiales superiores cuestionados por excesos en la represión del delito.
Tales disposiciones pretendían recomponer la cadena de mandos y restablecer la disciplina interna tras el grave alzamiento del 19 de octubre, que había dejado sin vigilancia las calles de Mendoza.
