El cristinismo y La Cámpora han decidido aumentar la presión sobre el ministro de Economía, Martín Guzmán, con reclamos puntuales para que aumente exponencialmente el gasto público, mientras en el Gabinete hay titubeo a la hora de defender al funcionario públicamente por temor a quedar bajo la lupa de la vicepresidenta Cristina Fernández, quien desde hace un año viene marcando nombres de los que, según ella, se tienen que ir del Gobierno.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, salió ayer a respaldar al subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, a quien Guzmán y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, le pidieron la renuncia el viernes. Basualdo sigue en su puesto. En Casa Rosada indican que está “acomodando los papeles de la oficina”, porque se va en los próximos días. En Economía responden: “La renuncia es un hecho, no hay marcha atrás. Es un funcionario que no funciona”.
Kicillof dijo ayer que Basualdo es un “excelente funcionario” y también aprovechó para advertir que los aumentos de las tarifas no deben superar los “dos dígitos”. Por ello, consideró que la reciente actualización del 9% fue “forma de salir de este problema”. Todo a contramano de lo que plantea Guzmán. Con respaldo del presidente Alberto Fernández, el funcionario ya confirmó que la electricidad aumentará 15% este año en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Y despidió a Basualdo por “ineficiente”.
Basualdo y el cristinismo sostienen que no hay que aumentar las tarifas porque con las subas que hizo Mauricio Macri entre 2016 y 2018, las empresas Edenor y Edesur ganaron miles de millones de pesos y ahora, si hay nuevos incrementos, lo repetirán.
En el albertismo afirman que eso es una falacia, porque todo lo que no paga el usuario debe abonar el Estado vía subsidios, vía mayor gasto público para el que no hay recursos suficientes por la crisis generada por el Covid-19. E indican que en 17 meses Basualdo no entregó una verificación de los costos de las distribuidoras ni una explicación concreta de por qué sostiene que un aumento tarifario destinado a no subir los subsidios le generaría a ganancias extraordinarias a las empresas.
En el fondo, hay una discusión sobre el futuro de la política económica, a la que ayer se sumó otro dato: el Gobierno no estatizará la Hidrovía Paraná-Paraguay, a contramano de lo que le pedía el cristinismo.
Un dígito sí, dos no
Kicillof abona la teoría cristinista. Ayer dijo que “ese modelo” de Macri “de tarifas elevadisimas no sirvió para nada”. Y dijo que “durante el macrismo hubo un aumento cercano al 3.000 por ciento en algunos casos de tarifas eléctricas”.
Afirmó el gobernador bonaerense que esas subas fueron “absolutamente desproporcionadas y generaron una ganancia extraordinaria en una parte de la cadena energética argentina, particularmente en distribución”.
“Nosotros acá para lograr las inversiones y para que haya menos cantidad de cortes en invierno regulamos a las proveedoras del interior de la provincia y aceptamos un aumento del 7%”, dijo Kicillof al diferenciarse.
La embestida contra Guzmán parece coordinada. El propio Basualdo había contado el 25 de marzo en declaraciones a Radio Con Vos que “Edenor pide una recomposición de ingresos del 100% y Edesur del 250%”. También había dicho que las empresas le estaban pidiendo “que se relajen los requisitos de calidad de servicio, como la cantidad de cortes permitidos en el AMBA”. Todo esto va a contramano de la posición de Guzmán, aunque el cristinismo dice que el ministro le es funcional a las compañías.
Para el economista Fausto Spotorno, director del Centro de Estudios Económicos OJF, es irreal no reconocer el atraso tarifario. Es que hoy un usuario del AMBA paga aproximadamente sólo el 55% del valor real de la electricidad. El resto lo abona el Estado vía subsidios. “Las tarifas están congeladas desde marzo de 2019, la inflación subió 100% y el dólar 120%”, señaló Spotorno. “Una parte del Gobierno busca forzar un veranito económico y otra parte ve que la economía no da para más”, analizó.
Pero las disputas en el corazón del oficialismo no quedan sólo en la cuestión tarifaria. El cristinismo quiere que el Estado nacional incremente los subsidios, sin importar la emisión monetaria que haya que ejecutar ni la inflación que eso pueda generar.
A pesar de la advertencia del Ejecutivo de que no hay recursos, el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense y referente de La Cámpora, Andrés “Cuervo” Larroque, ayer pidió que se vuelva a instrumentar un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) como el año pasado, una política que demandaba 90.000 millones de pesos por mes.
Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo, dijo ayer que el Gobierno tiene en “varias medidas en curso” para ayudar a sectores golpeados por la pandemia y señaló que la situación hoy es “distinta” a la de 2020, por lo que al menos por ahora está descartado un nuevo IFE. Fue consultado sobre Basualdo, pero no quiso hablar. “De ese tema puntual no voy a opinar porque es un tema interno de otro ministerio”, dijo.
